En OPINIÓN
El viacrucis de Emilio
Jaime Irra Carceda/IRZA
La madrugada del 17 de enero del año que corre comenzó el viacrucis de Emilio García Cárdenas, periodista y empleado en el área de Comunicación Social del Congreso del Estado.
Un individuo identificado como David Alejandro “N” lo agredió con golpes de karate, con un tubo y con un machete.
Ese hecho, que ocurrió en la casa habitación de Emilio, en esta ciudad capital, claramente fue un intento de homicidio. Las lesiones que ese sujeto le causó a Emilio son las pruebas contundentes de que le quería quitar la vida, lo que fue impedido por la intervención de la madrastra de la víctima, quien forcejeó con el agresor.
Las lesiones son: pérdida total de la vista del ojo izquierdo, 14 costillas rotas, un pie fracturado y un pulmón perforado.
En contrapartida, la mujer que es pareja sentimental del agresor acusó a Emilio de que en la misma fecha del ataque la violó sexualmente, lo que resultó ser una patraña, pues semanas después un juez exculpó al periodista, luego de que a la fémina se le hicieron los exámenes ginecológicos correspondientes.
Por si esto fuera poco, un hermano de Emilio lo acusó de haberlo agredido en la vivienda que habita (habitaba), por lo que una agente del Ministerio Público le impuso medidas cautelares para que ni entrara ni se acercara a ese inmueble en la colonia Recursos Hidráulicos, y si lo hiciere, el periodista podría ser aprehendido y encarcelado.
Sobre el primer caso las autoridades se han negado a determinar que la agresión fue un intento de homicidio y consideraron que el delito es el de “lesiones dolosas”, además de que permitieron que David Alejandro “N” esté en libertad y, aun más, no han determinado la reparación del daño por las graves lesiones que sufrió y sufre el periodista.
En el caso del delito de violencia familiar del que Emilio es acusado por su hermano, la agente del Ministerio Público Margarita Arzola Pérez, asegura el periodista, se ha negado a escucharlo, como es su derecho, para que dé su versión sobre los hechos, al grado de que la citada “representante de la sociedad” le ha cancelado dos citas o audiencias en lo que va de este mes de marzo.
Emilio manifiesta que “las trabas” que le ha puesto la MP han impedido que la carpeta o expediente de este caso sea judicializada para que el asunto se dirima en un juzgado, como debe ser.
Emilio se pregunta:
¿”Cómo se explica que una persona (mi hermano) pueda por teléfono, desde Estados Unidos, denunciar a otra (yo) por presunta agresión física y verbal”?
“Este es un claro ejemplo de fraude procesal, calumnias, falsa declaración, tráfico de influencias y lo que resulte, cosas que incluso se pueden perseguir de oficio”, se contesta.
El caso de Emilio a nivel de Ministerio Público, al menos en lo que se refiere al supuesto delito de “violencia familiar”, de lo que lo acusa su hermano que vive en los Estados Unidos de América, pone en evidencia que la procuración de justicia tiene graves fallas en esa instancia.
Y a todo esto: ¿dónde está el fiscal general”?
¿Dónde están, cuáles son los controles sobre la actuación del Ministerio Público, cuyos titulares (no todos) hacen lo que se les da la gana?
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