Silla Política
Reflexiones sobre la Corrupción y la Impunidad en la Cuarta Transformación.
Lic. Moisés Torres Salmerón
La reciente aseveración de la Presidenta Nacional de Morena Luisa María Alcalde, al declarar que en siete años de gobierno no se ha registrado “un solo caso de corrupción”, plantea una disyuntiva inquietante para la ciudadanía.¿En qué país vive? ¿Se refiere a un México donde la corrupción ha sido erradicada de manera milagrosa, o a uno donde la voluntad política para investigarla y sancionarla simplemente ha desaparecido?
Desde el inicio de la administración la lucha contra la corrupción se erigió como la bandera más alta del proyecto de la Cuarta Transformación, llegando incluso a declararse su “fin” con el metafórico “pañuelo blanco” del expresidente. Sin embargo, la realidad expuesta día a día por la prensa de investigación, informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y organizaciones de la sociedad civil como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), traza un panorama radicalmente opuesto.
El problema de fondo no reside en una ausencia absoluta de denuncias, sino en la aparente impunidad que ha acompañado a las múltiples acusaciones de posibles actos de corrupción que han salpicado a funcionarios de alto nivel, representantes populares e incluso a familiares directos del expresidente.
Los casos de los hijos del expresidente López Obrador han ocupado titulares por presunto tráfico de influencias, conflictos de interés y enriquecimiento inexplicable, asociados a contratos de Pemex o la adquisición de propiedades. A pesar de la contundencia de las investigaciones periodísticas, la respuesta oficial ha sido la descalificación, y las autoridades ministeriales y fiscalizadoras han mostrado una inacción notoria, o han actuado con una celeridad que contrasta con la lentitud en otros expedientes.
Informes de la ASF y de MCCI han documentado reiteradamente irregularidades millonarias en proyectos insignia (como Dos Bocas) y en organismos fundamentales como Segalmex o la Conade. Estos casos, que implican desvíos de recursos públicos, contrataciones irregulares, nepotismo y amiguismo, han generado denuncias penales y administrativas que, en la práctica, parecen avanzar a paso de tortuga o, peor aún, naufragar en la discrecionalidad judicial.
Los informes de MCCI han registrado más de 180 casos importantes de corrupción e impunidad sólo durante el sexenio pasado, abarcando categorías como “huachicol fiscal”, desvío de recursos y enriquecimiento inexplicable. El hecho de que la dirigencia del partido en el poder afirme que no existe “un solo caso” es un indicativo alarmante, o vive en una burbuja desinformada, o está admitiendo, de manera implícita, que no se ha querido investigar lo que está a la vista de todos.
La afirmación de la Presidenta Nacional de Morena nos obliga a preguntarnos si la negación es una convicción genuina o una estrategia política bien definida.
Pretender que la corrupción es un problema “del pasado” sin que se refleje en estadísticas de procesos judiciales y sentencias firmes, ignora la percepción ciudadana y los índices internacionales. México se ha mantenido estancado en posiciones desfavorables en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, siendo el peor evaluado entre los países de la OCDE.
La verdadera tragedia no es solo que la corrupción persista, sino que se haya consolidado un pacto de impunidad encubierto bajo un discurso de austeridad y combate a la corrupción. La falta de consecuencias para los presuntos responsables, especialmente aquellos cercanos al círculo de poder, envía un mensaje devastador, el acceso al poder garantiza la protección, un viejo vicio de la política mexicana que prometieron desterrar.
Para una democracia sana, el combate a la corrupción no es un logro que se decreta, sino una labor constante que se demuestra con hechos, investigaciones serias, sin sesgos políticos; autonomía real de las instituciones de procuración de justicia y fiscalización; y, sobre todo, sanciones ejemplares.
Mientras la dirigencia del partido en el gobierno siga negando una realidad ampliamente documentada por la prensa libre y la sociedad civil, la sombra de la duda crecerá. La verdadera pregunta no es si “no han tenido” casos de corrupción, sino si tienen el valor de investigar y sancionar aquellos que han sido puestos en el escrutinio público.
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