Polémica Ley de Comunicación Social

LECTURA POLÍTICA

Polémica Ley de Comunicación Social

Noé Mondragón Norato

 

Será este jueves cuando la diputada local del Morena, Mariana García Guillén, presente ante el pleno del Congreso local la iniciativa para expedir la Ley de Comunicación Social del Estado, que presumiblemente, estará en sintonía con la que a nivel federal pretende impulsar AMLO. Pero hay puntos plenamente abiertos a la discusión pública.

¿TRANSPARENCIA O CONTROL?- El manejo arbitrario en materia de medios de comunicación, así como la asignación de convenios en materia publicitaria, es una asignatura que siempre ha metido mucho ruido. Se lee desde distintas perspectivas: 1.- La prensa en Guerrero es subsidiaria. Es decir, no puede sobrevivir sin el pago por concepto de convenios publicitarios. Desde luego, va implícito el manejo sesgado de la línea editorial a favor de quien paga. Así, editores de periódicos, gerentes de empresas radiofónicas, televisivas y hasta páginas creadas en redes sociales, han obtenido jugosos convenios publicitarios otorgados por la Dirección General de Comunicación Social, a cargo de la añorvista Erika Lhürs Cortés. A cambio de no tocar, cuestionar ni dañar la figura del gobernador del estado. Ciertamente, es una relación de sometimientos y de valores entendidos. Pero así es como ha funcionado. El punto es que dicha Ley que se presentará con singular alharaca, no considera que, como la prensa en Guerrero depende del subsidio oficial, muchos medios estarán condenados a desaparecer. Pero también -y ese es el punto saludable- a depurar el oficio saturado de muchos y crecientes advenedizos de la información. 2.- Para que esta Ley de Comunicación Social realmente funcione con las empresas de la información guerrerenses, se necesita que financieramente, estén robustecidas. Y con su propia publicidad comercial, spots y la venta de periódicos puedan enfrentar el pago de su nómina. Algo que parece impensable, dado que el propio sistema político local las ha acostumbrado a depender de los presupuestos oficiales. No ha trabajar en zanjar su propia independencia económica e informativa. El punto candente de lo anterior es que se desate una guerra informativa contra todo aquello que huela a la aplicación de esta Ley en un ambiente inhóspito para la verdadera utilidad social de la libertad de expresión. Y en realidad, a eso parece apostarle el Morena y AMLO: aguantar los embates mediáticos locales durante una temporada. Hasta que financieramente, esas empresas de la información ya no puedan sostenerse. 3.- Pretender desaparecer la relación vertical entre medios de comunicación y gobierno, aparece por otro lado, como una utopía. Porque tanto el Morena como AMLO, necesitan de los medios de comunicación para difundir programas de gobierno, operación política de sus actores y acciones institucionales. En este punto lo que mete ruido es una sola situación: que la Ley de Comunicación Social tenga como fin último, el cambio de dueño de los medios de comunicación locales. Se ajusten al momento y a la circunstancia. Alaben y rindan pleitesía a esta nueva “izquierda morenista”. O que, de plano, tanto el Morena como AMLO decidan aleatoriamente con quién sí y con quién no trabajar. Lo cual se convertiría en un acto a todas luces discriminatorio y excluyente. Así como lo aplica exactamente, la actual “política de comunicación social” del actual gabinete estatal. ¿Dónde radicaría entonces la diferencia? 4.- El Morena no puede aplicar esta Ley si carece del pulso con relación al verdadero entorno informativo de la entidad. Al parecer, ni siquiera existe un criterio específico para la asignación de convenios publicitarios, como la penetración y alcance del medio; los contenidos de calidad que maneja, la profesionalización de su planta reporteril, ni la calidad en el diseño de spots, la publicidad y la propaganda política. Lo que sí aparece de fondo, es el sesgo político. Es decir, quitarle por adelantado al gobernador Héctor Astudillo, el control absoluto de los medios de comunicación en la entidad -como lo proyecta hoy-, con la mira puesta en la elección de gobernador de 2021. Y quedárselo ellos. Ese es el punto.

HOJEADAS DE PÁGINAS…Si el gobernador Héctor Astudillo, ya descubrió que los sicarios que asesinaron a un voluntario de la Cruz Roja y a tres policías estatales en la comunidad de San Juan Tenería, municipio de Taxco, “son los mismos que mataron a los curas Germain Muñiz García e Iván Añorve Jaimes”, el pasado 5 de febrero, no se entiende de qué forma le pueda servir a los guerrerenses esa información. Los resultados son los que miden la capacidad operativa y de gestión de los gobernantes.

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