Acusan que en el TEEG se reparten discrecionalmente contratos laborales

-Son nombramientos ilegales, aseguran

Fernando Polanco Ochoa/IRZA

09/07/2019

Chilpancingo, Gro.

 

Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero (TEEG), habrían incurrido en un nuevo acto de corrupción al repartirse, de forma discrecional, contratos de primer nivel en la estructura del órgano jurisdiccional cuyo proceso carece de convocatoria y criterios de selección.

En ese proceso el magistrado Ramón Ramos Piedra, presidente del TEEG, obtuvo la mayor cantidad de contratos, seguido de sus compañeros J. Inés Betancourt Salgado, René Patrón Muñoz e Hilda Rosa Delgado Brito.

Con base a documentos oficiales cuyas copias obtuvo Agencia de Noticias IRZA, al magistrado Emiliano Lozano Cruz, cuyo periodo en el TEEG fenece en septiembre próximo, se le asignó un secretario técnico con categoría “B”.

Así se refleja en la solicitud de información número TEE/SA/087/2019, de la Coordinación de Contabilidad y Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del órgano jurisdiccional, fechado el lunes 8 de julio.

La contratación de trabajadores, presuntamente excesiva, ocurre luego de que el órgano jurisdiccional obtuvo un presupuesto global de 80 millones de pesos para este 2019, a pesar de que no es año electoral.

Fuentes consultadas refieren también que en seis meses transcurridos de este año, la Presidencia del TEEG no ha realizado ningún curso de capacitación o actualización que sustente el ejercicio presupuestal.

Los contratos Además de chofer con cargo a la nómina del órgano jurisdiccional, el presidente del TEEG, Ramón Ramos Piedra, contrató a Magaly Duarte Bañuelos como “coordinadora de grupos vulnerables”, cuya figura no se sustenta en el organigrama de esa instancia autónoma.

El magistrado presidente tiene también un coordinador de Informática, un secretario particular y tres secretarios auxiliares, y sin embargo también contrató a Rodolfo Montes Alcántara, como coordinador de Estadística y Jurisprudencia Electoral.

De acuerdo con el documento, el secretario de Administración del TEEG, Miguel Ángel Rabadán Delgado, quien depende de Ramos Piedra, contrató a su vez a uno de sus hijos, con la categoría de auxiliar administrativo.

El titular del Órgano de Control Interno del órgano electoral, José Ángel Mendoza Juárez, también depende del magistrado presidente.

Con base al reparto de contratos, los magistrados Ramón Ramos Piedra, René Patrón Muñoz, J. Inés Betancourt e Hilda Rosa Delgado Brito, se repartieron tres capacitadores y tres investigadores, respectivamente, asignados al “Centro de Capacitación, Investigación y Difusión Electoral”, quienes, de acuerdo con fuentes consultados no tienen experiencia en materia jurisdiccional electoral.

También contrataron a Alma Gabriela Chávez Cerón, como coordinadora de Difusión Electoral; a Jorge Emilio Díaz Fuentes, como coordinador de la Unidad de Transparencia, y a Joheni Cecilia Vargas Arellano la nombraron coordinadora de Comunicación Social.

Mientras tanto el secretario general de Acuerdos, Alejandro Paul Hernández Naranjo, y la coordinadora de Contabilidad y Recursos Humanos, fueron asignados a la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito.

Dentro de ese mismo “acuerdo”, el titular de la Oficina de Actuaría y el coordinador de Recursos Financieros y Materiales, fueron asignados al magistrado J. Inés Betancourt Salgado, así como el titular del área de lo Contencioso Administrativo.

La directora del Centro de Capacitación, Investigación y Difusión Electoral, Jacqueline Carranza Reyes, fue asignada al magistrado René Patrón Muñoz, ex presidente del TEEG. Sólo a Emiliano Lozano Cruz, quien supuestamente ha sido relegado por sus compañeros, se le asignó un secretario técnico “B”.

Fuentes consultadas al respecto, aseguraron que ninguna de las personas contratadas “tiene perfil” ni “experiencia en materia jurídica-electoral”, y que su “reclutamiento” al órgano jurisdiccional fue por “acuerdo” entre cuatro magistrados.

“No hubo proceso de selección, no hay criterios de selección, ni siquiera hubo convocatoria para elegir los mejores perfiles”, denunciaron los inconformes, y añadieron que los magistrados tienen alrededor de 50 “aviadores” en nómina, que aparecen con categoría de “asimilables” o “por honorarios”.

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