Comunitarios contra Fiscalía

LECTURA POLÍTICA

Comunitarios contra Fiscalía   

Noé Mondragón Norato

 

 

Son de esas cosas que no encajan. Meten mucho ruido y pruritos. Escapan al sentido común y se instalan con facilidad, en las vertientes del escándalo. Pero ocurren. El sábado 13 de julio —hace cuatro días—, el director del coro de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), José Trinidad Memije Román, fue detenido en el retén que los comunitarios de Petaquillas mantienen en forma permanente, justo un kilómetro antes de llegar a esa población, rumbo al puerto de Acapulco. Presumiblemente, llevaba secuestrada en la cajuela de su automóvil a una menor de 16 años. Los comunitarios optaron por canalizarlo a la autoridad judicial y no reeducarlo por usos y costumbres en razón de que «no es de origen indígena». De ahí se abren las lecturas.

¿CONSIGNA O CASUALIDAD? – Por una extraña razón, los comunitarios de Petaquillas son muy proclives a involucrarse con trabajadores de la UAGro. Y con periodistas. Exhibirlos como presuntos delincuentes. Las pistas al respecto son elocuentes: 1.- El 16 de marzo de 2017, en ese mismo retén detuvieron al docente de la UAGro, Santana Espinoza Brito. En una hoja de libreta común sin firma ni nombre, aseguraban que la esposa de Santana había solicitado detenerlo: «solicité apoyo por agresividad de Santana Espinoza Brito quien iba en estado de ebriedad con nuestro menor hijo, Saesbric Espinoza Vargas. Se había solucionado el asunto y Santana se bajó del vehículo para portarse agresivo por segunda vez y fue cuando lo detuvieron». Trascendió que Santana fue liberado al día siguiente por la tarde, luego de pagar una fianza de mil 500 pesos. De esa versión, la Comunitaria no desmintió ni confirmó. Sin embargo, lo que mete ruido apunta hacia otro lado: ¿Por qué la cónyuge de Santana no lo denunció ante el Ministerio Público y pidió en cambio, la ayuda de los Comunitarios que carecen de representación legal? ¿Qué validez puede tener un documento sin la firma ni el nombre de la presunta agraviada? Y mientras, el rector de la UAGro, Javier Saldaña Almazán, simplemente enmudeció. 2.- La noche del 20 de mayo de 2018, cuando cubrían una información relacionada con un accidente en el que se vieron involucrados algunos motociclistas en la carretera federal, muy cerca de Petaquillas, los reporteros Pablo Maldonado Linares, corresponsal en Guerrero de Milenio Televisión, y Fabián Ortiz Trigo, reportero de Agencia de Noticias IRZA, fueron ilegalmente detenidos por esos mismos policías comunitarios y en ese mismo retén. Su único pecado fue realizar su trabajo. Y no traer consigo, una identificación que respaldara su labor informativa. La prensa de Chilpancingo se movilizó. También bloquearon la vía federal a Acapulco. Obligaron la intervención de tres enviados de la Secretaria General de Gobierno que persuadieron con argumentos convincentes, a los armados. Dos horas duró el efímero plagio —de las 21 a las 23 horas—. Esta vez, la Comunitaria de Petaquillas no pudo imponer razones antelas evidencias que gritaban el atropello. 3.- El caso del director del coro de la UAGro, José Trinidad Memije, también mete sus propias bataholas. Una está demasiado enredada: si llevaba en la cajuela de su automóvil a una menor, se infiere que ya existía una denuncia ante las autoridades correspondientes por esa desaparición. Y si el propio trabajador universitario fue reportado como desaparecido por sus familiares. ¿Cómo es que el Ministerio Público trabajó de inmediato las dos denuncias y casi de inmediato, la orden de aprehensión contra José Trinidad? El otro punto se asocia al trabajo jurisdiccional y de «investigación» de los propios comunitarios. Porque al detener en presumible flagrancia a quien cometió un delito, su obligación era presentarlo de inmediato ante las autoridades competentes. No dilucidar sobre el asunto de la reeducación. Con ello, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó no solo su incompetencia para atender y resolver los delitos, sino que ahora los chilpancingueños tienen que acudir a la Policía Comunitaria de Petaquillas, para que los atienda con mayor eficacia. Qué tal.

HOJEADAS DE PÁGINAS…El que de plano no invierte en obra pública y vende espejitos por oro, es el edil perredista de la capital, Antonio Gaspar Beltrán. En su torcida perspectiva del beneficio a los capitalinos, ofertó mediáticamente las letras de la ciudad que instaló en la plaza cívica, con enorme jolgorio. Se refociló como si la idea fuera en realidad, «genial». Pero los hechos son tercos: en el Primer Ranking Nacional de Alcaldes, apareció arrumbado en el sitio 52. Es decir, quince lugares abajo de la alcaldesa morenista de Acapulco, Adela Román Ocampo, que se ubicó en el 37.

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