Álgido debate entre diputados locales por el aumento de la violencia en el país

“Si no hay una estrategia clara en materia de seguridad, al concluir el sexenio (de Andrés Manuel López Obrador) habrá más muertos que en los dos sexenios anteriores”.

Fernando Polanco Ochoa/IRZA

07/11/2019

Chilpancingo, Gro.

 

Diputados de Morena, PRI, PRD y PAN se responsabilizaron mutuamente de la incesante inseguridad en el país, al sostener un álgido debate que algunos calificaron de “bajo” y “soez”, durante la sesión de este jueves.

 

Los legisladores abordaron a la masacre de nueve integrantes de la familia Lebarón, ocurrida en Bavispe, ubicada en los límites entre los estados de Sonora y Chihuahua, para culparse mutuamente del problema de la violencia que azota al país.

Los diputados de Morena deslindaron al presidente Andrés Manuel López Obrador y fustigaron a sus antecesores, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

Pero los del PRI y PAN lamentaron el debate “tan bajo, soez y vergonzoso”, y cuestionaron el fallido operativo en Culiacán, Sinaloa, donde se detuvo y después se libró a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán, “El Chapo Guzmán”, y coincidieron en que, de acuerdo con el propio secretario de Seguridad Pública federal, Alfonzo Durazo Montaño, la espiral de la violencia e inseguridad aumenta dramáticamente en el país.

El debate inició tras la intervención del diputado Celestino Cesáreo Guzmán, del PRD, quien señaló que “la masacre de Bavispe no es un hecho aislado”. Agregó que al 20 de octubre de este 2019, México acumulaba ya 25 mil 890 asesinatos, “un promedio de 94.8 homicidios diarios”.

Cuestionó los endebles resultados de la Guardia Nacional y reprobó la reducción presupuestal que aplicó el gobierno federal al programa nacional de prevención del delito y al Programa de Fortalecimiento de la Seguridad (Fortaseg).

“Echar culpas no soluciona los problemas. Es hora de que todos los responsables hagan las correcciones necesarias”, soltó, pero aseguró que la fracción de PRD seguirá manifestando su confianza al presidente López Obrador.

Enseguida reviró el diputado de Morena, Arturo Martínez Núñez. Lamentó el trágico ataque a la familia Lebarón, pero señaló que el discurso público instiga más a la “desestabilización política y a la confrontación” que a la búsqueda de soluciones.

Señaló que las agresiones contra la citada familia han ocurrido desde el año 2009, en el contexto en que el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, del PAN, “le declaró la guerra al narco”; una estrategia, dijo, “tan fallida como inútil”.

Incluso responsabilizó también al gobierno de Estados Unidos de Norteamérica: “han sido copartícipes por la introducción ilegal e indiscriminada de armas a nuestro país y por ser los principales consumidores de droga”

Tocó el turno de la diputada Guadalupe González Suástegui, del PAN, quien señaló que la “espiral de violencia en México es incesante”, y que los datos estadísticos oficiales indican que este 2019 es el “más violento de la historia moderna del país, con cien asesinatos diarios”.

Advirtió: “Si no hay una estrategia clara en materia de seguridad, al concluir el sexenio (de Andrés Manuel López Obrador) habrá más muertos que en los dos sexenios anteriores”.

Luego el morenista Moisés Reyes Sandoval exigió la intervención de los gobernadores Javier Corral Jurado y Claudia Pavlovich Arellano, de Chihuahua y Sonora, respectivamente, “para que de inmediato resuelvan esta situación lamentable”.

Fue el primero en responsabilizar a los ex presidentes: “Este es el país que lamentablemente nos dejaron décadas de gobiernos insensibles y que no hicieron la tarea en seguridad”, aunque matizó al señalar que este fenómeno es de todos y que la única forma de solucionarlo es “uniéndonos y haciendo acciones contundentes”.

Al debate se sumó la perredista Perla Edith Martínez Ríos. Convocó a integrar una coordinación nacional contra la violencia, sin lesionar garantías ni derechos, luego de la masacre ocurrida el lunes pasado en Bavispe, Sonora.

“Pareciera que no hay conciencia de la gravedad de la situación; el Estado de Derecho vulnerado, expresiones con críticas implacables de parte de militares, ejecuciones de familias completas que sacuden la conciencia y nuestras vidas”, aseveró.

El diputado priista Heriberto Huicochea Vázquez se solidarizó con la familia Lebarón y lamentó que el gobierno federal no asuma la responsabilidad que le corresponde, y estableció que  “es el momento de cerrar filas. No defendamos lo que no se puede defender”.

Desde la tribuna confió en que le vaya bien al presidente López Obrador por el bien del país y en que “renueve su equipo”, y remató: “Hay que tener mucha prudencia y no lucrar con el dolor humano”.

Mientras que el diputado Marco Antonio Cabada Arias, de Morena, parafraseó al gobernador Héctor Astudillo Flores, quien señaló el martes que el problema de la inseguridad no debe convertirse en un asunto políticopartidista porque, “quien lo vea así, comete un gran error”.

Pero enseguida su compañera de fracción, Norma Otilia Hernández Martínez, subió a tribuna, y responsabilizó a los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto de la violencia. También hizo una remembranza de los hechos más emblemáticos registrados en esos dos sexenios.

Esto fue severamente reprobado por los diputados del PRI, especialmente por Jorge Salgado Parra: “es una lástima venir a hacer remembranza de hechos lamentables (…). El debate llegó a lo más abajo, debemos tener altura de mitas”, indicó.

“Tienen la oportunidad de resolver el tema de la seguridad. ¡Háganlo! Pero no haciendo cosas de las que se puedan arrepentir, esto (el cargo público) no dura mucho tiempo. Este tema (de la inseguridad) es de estrategia e inteligencia, que mucha falta les hace a todos”, les soltó.

El también priista Omar Jalil Flores Majul definió el debate como “vergonzoso”, y sostuvo que “no es polarizando como se resuelven las cosas y los problemas; no echemos gasolina al fuego”, y convocó a los diputados de Morena a reconocer que “hay una crisis estructural en el sistema de seguridad nacional”, que demanda un pacto nacional en el que impere la aplicación de la ley y “no las concesiones a la delincuencia, como en Sinaloa”.

 

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