Opinión

Entre las adesapariciones

CAMINOS DEL SUR

Entre las adesapariciones

Manuel Nava

La vulnerabilidad del país, y por ende  de Guerrero, ante los fenómenos naturales, es amplia y de consecuencias multidimensionales.  La idea de incluir al El Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden) tendría un impacto devastador en la atención de desastres naturales y sus consecuencias socioeconómicas.

De aprobarse la iniciativa de ley que pretende abrogar fondos y fideicomisos, los excedentes que resulten de la Ley de Ingresos ya no se deberán destinar, entre otros conceptos, a la atención de desastres naturales cuando el Fonden resulte insuficiente.

Dicho fondo es un instrumento financiero para proporcionar suministros de auxilio y asistencia ante situaciones de emergencia, y responder de manera inmediata y oportuna a las necesidades urgentes para la protección de la vida y la salud de la población, generadas ante la inminencia, la alta probabilidad u ocurrencia de un fenómeno natural perturbador.

Se considera emergencia una situación anormal que puede causar un riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población en general.

Los cambios en ciernes a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, modificarían el artículo 19 y derogarían el 37, y enmendarían el 9, respectivamente.

Guerrero se encuentra ubicado  en un segmento del territorio mexicano expuesto, de manera frecuente, a fenómenos hidrometeorológicos y sísmicos. En la entidad se registran la cuarta parte de la actividad sísmica de México. La costa guerrerense forma parte de la franja del Pacífico en la que la Placa de Cocos entra por debajo de la Placa Norteamericana.

Hasta mediados de la década pasada, el Atlas de Riesgo del Estado de Guerrero reconocía la vulnerabilidad de la entidad por cuatro agentes perturbadores: sanitarios ecológicos, quimico tecnológicos, hidrometeorológicos y geológicos.

De acuerdo con documento en cuestión, las regiones Costa Grande, Costa Chica, Acapulco, y parte de la Montaña de Guerrero, están consideradas como zona de grandes riesgos en materia de lluvias.

El  estudio  de  la  vulnerabilidad  social  del  estado  de  Guerrero  cobró  notabilidad  primero por el impacto del Huracán Pauline en 1997, después, en  septiembre de 2013, el huracán Ingrid, formado en el Golfo de México, y la tormenta tropical Manuel, en el Pacífico, ocasionaron más de un centenar de defunciones, 238 mil personas damnificadas, 13 mil viviendas  con  deterioro,  daños  en la infraestructura carretera, interrupción de  la  comunicación  vía aérea y la pérdida de 150 mil hectáreas de cultivos.

Pero existieron otros fenómenos naturales de menores de dimensiones pero de impactos económicos y sociales severos y no solo meteorológicos sino además  movimientos telúricos.

En 1996, se  constituyó formalmente  el FONDEN con el propósito reconstruir infraestructura pública y vivienda de estratos marginados.

El único programa que existía era el Plan DN-III, manejado por la Secretaría de la Defensa Nacional. Este, que se había diseñado en los años 1950, tenía como propósito atender a damnificados de desastres naturales. Entonces, el DN-III solo mitiga el momento crítico que le sigue al desastre, pero no los impactos socio-económico y es ahí donde radica la utilidad del Fonden.

Pero en la práctica la operatividad del Fonden se entrampa en el burocratismo y la opacidad tanto para la aplicación de los criterios como de los recursos y puede dejar a los afectados en el limbo hasta décadas.

Durante la XXVIII Reunión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) efectuada el 18 y 19 de mayo del 2006, el entonces gobernador de Guerrero propuso la creación de un Fondo Estatal Solidario para Desastres Naturales (FONDES) que con el propósito de dar mayor agilidad en el tiempo de respuesta, mayor certidumbre de la información básica para la disponibilidad de los recursos.

Para dotarlo de recursos financieros se propuso la Integración del Patrimonio del Fideicomiso con la aportación obligatoria del 0.5% de las Participaciones Federales (Ramo 28); los estados costeros y/o los que cuenten con incidencia sísmica aportarían un porcentaje adicional.

Para su disponibilidad se pensó en crear dos Fondos de Reserva, uno para Declaraciones de Emergencia y otro para las Declaraciones de Desastre.

Y para efectos de dar transparencia se pensó en la contratación de una empresa especializada que provea de un Mecanismo de evaluación y análisis de riesgos, que permitirá anticiparnos al impacto social, económico y financiero sobre las posibles Declaraciones de emergencias y a las Declaraciones Desastres. Así como valide las solicitudes de Declaración de Desastre, en apoyo al Comité Técnico.

En la Conago, la propuesta solo motivó aplausos, pero no acciones. En la entidad, el Gobierno 2005-2011 que encabezó Zeferino Torreblanca, creó con un marco legal dicho fondo, en la siguiente administración, sufrió el mismo mal que una buena parte de la población sufre desde entonces: la desaparición forzada. Para atender los daños de Ingrid y Manuel en el 2013 la federación instrumentó el Fondo Guerrero.

Si finalmente se aprueba la disolución de los fondos y fideicomisos, será necesario restaurar este fondo que ya existía en el pasado. Eso no implicaría mayor inconveniente. Pero inquieta que la razón para desaparecer un fondo de tanta importancia como este, sea el combate a la corrupción sin tocar a los corruptos.

La extinción o terminación de estos fideicomisos requiere de reformas constitucionales o legales. De entrada, no se pueden extinguir si no han alcanzado su objetivo salvo que el objetivo dejara de existir.

Nadie en su sano juicio se pone a combatir a la corrupción, pero sancionar a la tentación y no a los corruptores y a los corruptos, es como amputarse la pierna cuando aparece un lunar, diría la abuela.

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Fuentes: (Secretaría de Gobernación [SEGOB], 2013).

Atlas de Riesgo del estado de Guerrero

Acta de la XXVIII Reunión Ordinaria de la CONAGO, en Ixtapan de la Sal, Estado de México, mayo 2006.

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