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septiembre 21, 2026
Opinion

Cuando el Congreso legisla violando su propia ley orgánica.

EN OPINIÓN

Cuando el Congreso legisla violando su propia ley orgánica.

Lic. Moisés Torres Salmerón

 

 

La rapidez no puede sustituir a la legalidad. Mucho menos cuando se trata de reformas constitucionales que impactan directamente la vida democrática y la estructura del Estado mexicano.

El día de hoy el Congreso del Estado de Guerrero aprobó, el mismo día de su recepción, dos minutas de decreto remitidas por el Senado de la República: una relativa a la reforma del Poder Judicial y otra sobre una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera. Sin embargo, el procedimiento seguido deja serias dudas sobre la constitucionalidad y legalidad de dicha aprobación.

El problema no es el contenido de las reformas. El problema es la forma.

El artículo 259 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero establece con claridad que los dictámenes y asuntos que serán discutidos por el Pleno deben publicarse en la Gaceta Parlamentaria con al menos 24 horas de anticipación. La norma sólo prevé una excepción: la dispensa de publicación, la cual debe ser solicitada y justificada formalmente ante el Pleno.

Si las minutas fueron recibidas y aprobadas el mismo día, sin publicación previa y sin solicitud de dispensa debidamente motivada, entonces existe una violación directa al procedimiento legislativo.

Y esto no es una simple formalidad administrativa.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente que el procedimiento legislativo forma parte del principio de legalidad democrática. Las reglas parlamentarias no son adornos burocráticos; son garantías mínimas para asegurar deliberación, publicidad, transparencia y participación informada de las y los legisladores.

Legislar sin respetar el procedimiento equivale a normalizar que la mayoría parlamentaria puede colocarse por encima de la ley que ella misma juró cumplir.

Resulta contradictorio que reformas constitucionales relacionadas con justicia, legalidad y democracia sean aprobadas mediante prácticas que debilitan precisamente esos principios. La premura política no puede justificar la vulneración del marco normativo interno del Congreso.

En una democracia constitucional, el fin no justifica los medios. Cuando el procedimiento se viola, también se lastima la legitimidad de las decisiones legislativas.

El verdadero Estado de Derecho comienza cuando el poder acepta someterse a sus propias reglas.

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