Mayo Fierro afirmó que su caso representa un ejemplo de violencia institucional contra quienes se atreven a denunciar abusos de poder.
Marcial Campuzano
23/06/2026
Chilpancingo, Gro.
La ex titular de la Unidad de Género de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero, Mayelly Mayo Fierro, denunció la existencia de una presunta red de protección a funcionarios señalados por acoso sexual y violencia contra las mujeres dentro de la dependencia, y afirmó que fue despedida como represalia por negarse a guardar silencio y por respaldar a trabajadoras que buscaban denunciar abusos.
La ex funcionaria aseguró que durante su gestión recibió múltiples quejas de empleadas que reportaban hostigamiento, maltrato y conductas de índole sexual por parte de mandos superiores, pero que muchas optaban por no formalizar las denuncias debido al miedo a perder sus empleos o sufrir represalias.
Mayo Fierro señaló directamente al subsecretario de Prevención y Reducción de Riesgos, Ricardo Ramírez Ibarra, de presuntos actos de acoso sexual y conductas inapropiadas hacia trabajadoras de la dependencia. Afirmó que existían antecedentes de denuncias en su contra y acusó que las autoridades internas evitaron investigar los señalamientos.
Asimismo, acusó al titular del Órgano Interno de Control, Saúl Zeferino Mejía, de haber realizado acercamientos físicos no consentidos y propuestas impropias. Según su testimonio, ambos funcionarios actuaban bajo un esquema de protección institucional que impedía que las denuncias prosperaran.
La ex responsable de la Unidad de Género sostuvo que informó en diversas ocasiones al secretario de Protección Civil, Roberto Arroyo Matus, sobre los casos de presunto acoso y hostigamiento. Sin embargo, aseguró que nunca hubo acciones concretas para sancionar a los señalados ni para garantizar espacios seguros para las trabajadoras.
De acuerdo con su relato, tras insistir en que se atendieran las denuncias comenzaron las represalias en su contra. Denunció exclusión de actividades oficiales, bloqueo de proyectos relacionados con la atención a mujeres, aislamiento institucional y una campaña de desacreditación para debilitar su labor dentro de la dependencia.
La situación, dijo, escaló hasta convertirse en una destitución de facto. Explicó que dejó de recibir salario sin explicación alguna y posteriormente descubrió que otra persona había sido nombrada en su cargo sin que mediara un procedimiento formal ni una notificación oficial sobre su separación del puesto.
Mayo Fierro afirmó que su caso representa un ejemplo de violencia institucional contra quienes se atreven a denunciar abusos de poder. “Alcé la voz porque era mi obligación como mujer y como servidora pública. La consecuencia fue quedarme sin trabajo”, expresó al responsabilizar a los funcionarios señalados de las afectaciones que enfrenta actualmente.
La ex funcionaria reveló que las consecuencias han sido devastadoras para ella y sus hijas, pues ha tenido que vender pertenencias y buscar fuentes alternativas de ingresos para sostener a su familia, además, denunció haber recibido amenazas para que abandonara sus denuncias y guardara silencio.
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