DE SINDICATOS

+ Reformas laborales del 2021 afectaron utilidades de trabajadores mineros

+ CCT podrían ser solución al problema, pero hoy por hoy el Gobierno busca reducirlos

 

Luis Serieys Zárate

27/04/2023

 

Las reformas legales realizadas por el Congreso Federal morenista en materia laboral, en donde se “corrige” la parte de la subcontratación llamada “outsourcing”, trajeron como consecuencia una grave afectación a los ingresos de los trabajadores mineros en materia de reparto de utilidades.

Hoy por hoy Morena que gobierna el país promovió una reforma en materia de reparto de utilidades en donde los trabajadores que sí recibían cada año el reparto de utilidades que les correspondía, el 10 por ciento de las ganancias de las empresas, hoy lo ven reducido.

A cambio de ese 10 por ciento en el reparto de utilidades de cada empresa les impusieron una fórmula en donde sólo les otorgarán el promedio de los últimos 3 años que recibieron utilidades o de así convenir 3 meses de salario.

Quién decidirá que fórmula aplicar, una Comisión en donde se decidirá el futuro de esas utilidades y fijará en cada empresa cual será el porcentaje de esas ganancias que recibirán los trabajadores, lo que si es real es que no será el 10 por ciento como lo marca la Constitución.

La Secretaría del Trabajo afirma que con las nuevas reglas establecidas en la reforma de la Ley Federal del Trabajo para el reparto de utilidades, se espera que los trabajadores reciban en promedio un PTU de 57 días de salario, equivalente a 18,557 pesos; 2.59 veces mayor a lo que reciben actualmente.

A ésta afirmación como se comentaba una líneas antes, el artículo 123 Constitucional señala que el porcentaje del reparto de utilidades debe ser el 10 por ciento de la renta gravable de las empresas, lo cual dejó de aplicarse con la modificación a la Ley Federal del Trabajo.

Esta práctica  característica de la actual mayoría en el Congreso de la Unión, en donde toda propuesta del Presidente debe aprobarse, aunque carezcan de la capacidad de negociar o de tener los suficientes votos para una votación calificada, lleva a aprobar modificaciones legales que a la larga se vuelven anticonstitucionales, como podría ser el ejemplo del reparto de las utilidades que en materia de amparos aún no se resuelve.

Aquí quisiera ir a la parte en donde uno de los sindicatos que ya presentó amparos frente a esta modificación laboral que afecta a los trabajadores, se trata del Sindicato Minero FRENTE, en donde Carlos Pavón Campos, en su Asamblea Nacional de Información denunció las irregularidades.

Dijo que el FRENTE por segundo año consecutivo presentará amparos contra el menor pago de utilidades tras reforma en subcontratación de 2021 y puso como ejemplo que de 900 millones de pesos que se reportan como utilidad, pretenden repartir sobre el 33%.

En su intervención ante los casi 100 delegados que representan a los 16 mil trabajadores de sus 24 secciones sindicales, dijo que el reparto de utilidades fue uno de los elementos centrales en la discusión de la reforma de outsourcing en 2021 y una demanda del sector patronal.

Como parte de las negociaciones para las modificaciones legales, se fijó un tope en el monto de distribuir entre los trabajadores en dos posibilidades: el equivalente a tres meses de sueldo o el promedio del PTU recibido en los últimos tres años, lo que resulte más favorable para la persona trabajadora.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) estima que como resultado de la reforma y el reconocimiento de los trabajadores por sus patrones reales, la proporción de ganancias a repartir entre la fuerza laboral pasará de 2.8 a 7.7% en 2022. Esto representa un incremento de más de 100,000 millones de pesos. Además, se pasará de un pago promedio de 22 a 57 días de salario en promedio.

Aquí cabe comentar que para una gran generalidad de los trabajadores que estuvimos “atados” por las empresas a la subcontratación, la medida si es un paso a mejorar sus condiciones laborales, pero a quienes ya recibían esa prestación tal y como lo señala la Constitución, es un retroceso en las conquistas laborales.

Carlos Pavón, puso como ejemplo de la afectación el caso de la mina San Julián, una sección nueva de su sindicato, en donde la empresa tenía una utilidad de 102 millones de pesos, pero sólo les repartieron 22 millones porque no cumplían el criterio de la reforma, primero el del promedio de 3 años que no tenían y que no tiene nada que ver con lo que marca la Constitución, si no lo tenían, les aplicaron los 3 meses y ahí se fueron y los trabajadores salieron perdiendo porque en todas las secciones “salimos recortados”.

Fue evidente la reducción, porque anteriormente en las declaraciones de las empresas aparecía la utilidad, si era de 100 millones el 10 por ciento eran 10 millones a repartir, hoy con la reforma lo que ponen en sus declaraciones es la Utilidad a Repartir con el nuevo criterio.

Dijo que no es posible que la Constitución diga que tenemos derecho a las utilidades, pero en la realidad estemos recibiendo esta prestación con un criterio con el que pierden los trabajadores.

Esto porque la Utilidad a Repartir la hacen con un cálculo y salimos afectados. Por eso si entregan las utilidades piden que les den derecho a checar las carátulas y les den el derecho de inconformarnos, porque hay sindicatos que en contubernio con las empresas para evitar que el SAT se meta a auditar a las empresas, aceptan no inconformarse, a cambio de un porcentaje de la realidad.

La alternativa planteada por el propio gobierno y por los empresarios es que si los sindicatos llegan a un acuerdo la parte faltante del 10 por ciento que marca la constitución que se debe repartir, se les puede entregar a los trabajadores como una bonificación, en donde entrarían otros criterios como la productividad y las asistencias,

Es por eso, que el dirigente minero explico que “con nosotros algunas secciones y otros sindicatos llegamos a un acuerdo para que la empresa entregue las utilidades completas, pero aquí ofrecen dar lo que otorga el nuevo criterio y el resto lo otorgan como una bonificación”.

Recalcó que “ahorita si nos dan la utilidad como bonificación pero ligado a productividad y a la asistencia, pero el problema es que a la larga si ellos consideran que no lograron la productividad, pues ya nos fregamos no lo otorgan y así se van por el criterio de promedio de 3 años y cada año será menos o hasta que se llegue a los 90 días”.

Evidentemente, dijo, “aquí no hay un beneficio para el trabajador y ninguna autoridad nos responde, nos amparamos el año pasado porque ninguna ley está por encima de la Constitución, nos han respondido una serie de tonterías de los jueces porque dicen que si hubo reparto, otros dicen que no hubo reforma constitucional, exactamente, y así nos pagan utilidades cada años menos que el año anterior”.

El problema es que los magistrados no se refieren en ningún momento a la Constitución, en  donde habla de 10 por ciento de la utilidad gravable de la empresas como reparto de utilidades y la reforma que hubo si nos limita las utilidades y este año nos dan menos, porque ahora hay dos rubros la utilidad de la empresas y otra como utilidad a repartir, por eso nos vamos a amparar este año para beneficio de los trabajadores”.

Ese es el motivo por el cual con los criterios impuestos para los que debieron modificar la constitución, es que el sindicato se inconforma ante la Secretaría de Hacienda, por lo que ahora se convierte el litigio en un criterio de la secretaria,

Recalcó ante sus representado que “no nos tienen porque dar nada que no sea nuestro derecho, no nos pueden quitar lo que la Constitución nos otorga, por eso el año pasado metimos los amparos y algunos no los aceptan aún, lo más fácil es acordar la bonificación que es un retroceso”.

Destacó por otra parte que los legisladores se basan en la equivocada información que les presenta un supuesto dirigente minero que nunca ha trabajado en una mina, que se llevó 55 millones de dólares y se fue a vivir a Canadá, como es Napoleón Gómez Urrutia que se enoja porque quiere que se impongan sólo 15 años de concesión y no en la opinión de expertos en la materia y de los trabajadores mineros.

Luego de señalar que el único fin que persigue Napoleón es vengarse de las empresas mineras por los años que pasó en un exilio decidido para impedir con la nacionalidad Canadiense que lo enjuiciaran por la desaparición de los 55 millones de dólares, destacó que el Gobierno le quita ingresos a los trabajadores pero si dicta que un 5 por ciento de las utilidades de las mineras se le entreguen a los pueblos originarios.

Dijo que les otorguen la cantidad que quieran las empresas darles a los pobladores de los alrededores de las minas, pero es anti constitucional que para repartir dinero que no es suyo, le quiten a los trabajadores lo que por derecho les otorga la Constitución.

Terminó su intervención en la Asamblea Informativa del Sindicato Minero FRENTE al señalar que “nacimos con la consigna de proteger el empleo para beneficio de nosotros y de nuestras familias”.

LOS CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO

Pareciera que la solución a ese y otros conflictos que enfrentan los trabajadores, los sindicatos con las empresas sería la inclusión de las cláusulas necesarias en los Contratos Colectivos de Trabajo, aunque a partir del Gobierno de Carlos Salinas de Gortari la consigna para las autoridades laborales ha sido la de “adelgazar” los Contratos Colectivos de Trabajo, sobre todo los de empresas del gobierno.

Ejemplos de ellos tenemos varios como fue el Contrato de los trabajadores de PEMEX que contaba con muy importantes beneficios para ellos y sus familias, pero que fue reducido cada dos años en sus revisiones para reducir también el costo laboral de la empresa petrolera del gobierno.

Otro de ellos fue el de los trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza que al final de cuentas terminó liquidada por uno de los gobiernos panistas, pero que nunca aceptó seguir pagando las prestaciones de los trabajadores con un contrato colectivo que los beneficiaba, aunque hay que decir también que por momentos los hizo abusar de su condición de sindicalizados.

Otros Contratos Colectivos o Condiciones Generales de Trabajo para los servidores públicos que se han reducido de manera importante porque el gobierno y los patrones consideran que elevan el costo de producción o de servicio son algunos como los siguientes.

El CCT de la Comisión Federal de Electricidad que con la muerte de Leonardo Rodríguez Alcaine, en ese momento líder del SUTERM y de la CTM se ha ido adelgazando cada dos años que la Ley dice que debe revisarse, en detrimento de las prestaciones de los trabajadores.

El CCT de los Telefonistas que al permitir que los servicios de la empresa se diluyan en varias empresas se ha visto afectado; las CGT de los Maestros en donde la caída de Elba Esther Gordillo Morales permitió adelgazar prestaciones que ya tenían los trabajadores de la educación y los maestros.

Y así nos podemos seguir con nombre de otras empresas que mantienen a sus trabajadores sindicalizados limitados en el crecimiento de sus conquistas laborales, pero que en la actualidad, esos Contratos Colectivos, si los sindicatos hacen negociaciones más firmes, puede resolver el problema de la negativa a que se reparta entre ellos el 10 por ciento de las utilidades de las empresas.

 

serieys@hotmail.com