Cuestionó que el gobierno federal invoque la defensa de la soberanía nacional frente a las solicitudes de extradición de presuntos narcotraficantes requeridos por Estados Unidos.
Marcial Campuzano
04/08/2026
Chilpancingo, Gro.
El ex secretario general de Gobierno de Guerrero, Florencio Salazar Adame, acusó que los aspirantes de Morena a la gubernatura del estado realizan campañas anticipadas disfrazadas de un proceso interno para elegir coordinadores, mientras las autoridades electorales permanecen omisas frente a una promoción política que, afirmó, viola la ley y afecta el principio de equidad en la contienda.
El también ex diputado local, federal y ex alcalde de Chilpancingo respaldó el llamado de las autoridades municipales de la capital del estado para frenar la pinta de bardas y la colocación de propaganda política en la ciudad, al considerar que está siendo utilizada como escaparate de promoción personal fuera de los tiempos legales.
«Están convirtiendo a la ciudad en una pared de presidio», expresó Salazar Adame, al señalar que la propaganda política ha deteriorado la imagen urbana y representa una falta de respeto para la ciudadanía. Añadió que los partidos políticos deben actuar dentro del marco legal y no seguir «ensuciando» los espacios públicos.
Sostuvo que las pintas y anuncios no solo transgreden el Bando de Policía y Buen Gobierno, sino que constituyen una violación a la legislación electoral, debido a que buscan posicionar anticipadamente a quienes pretenden obtener la candidatura de Morena al gobierno estatal.
Afirmó que resulta insostenible el argumento de que únicamente se trata de actividades de organización partidista, pues consideró que es del conocimiento público que los distintos grupos políticos disputan la candidatura a la gubernatura. «No nos pueden mentir; todos sabemos que están buscando la postulación de candidatos», sostuvo.
El ex funcionario señaló que la ley prohíbe expresamente la colocación de propaganda en puentes, escuelas, edificios públicos y otros espacios gubernamentales, y aclaró que únicamente puede instalarse en propiedades particulares con autorización de sus dueños.
También lanzó críticas contra las autoridades electorales, a las que responsabilizó de permitir la promoción anticipada de los aspirantes, «la omisión de la autoridad electoral es evidente», afirmó, al señalar que los hechos son públicos y notorios, por lo que no requieren mayor interpretación para iniciar procedimientos conforme a la ley.
Sobre las declaraciones de la presidenta de la República respecto a que corresponde a la autoridad electoral resolver estos casos, Salazar respondió que las normas son claras y que la función de los órganos electorales es valorar hechos comprobables, no ignorar una realidad política que está a la vista de todos.
En otro tema, cuestionó que el gobierno federal invoque la defensa de la soberanía nacional frente a las solicitudes de extradición de presuntos narcotraficantes requeridos por Estados Unidos.
Aseguró que esos procedimientos derivan de tratados internacionales vigentes y criticó que existan respuestas inmediatas contra algunos personajes de oposición, mientras otros señalados públicamente permanezcan sin investigaciones visibles.
Sostuvo que la legislación establece que los partidos responsables de propaganda ilegal deben ser sancionados, retirar el material y reparar los daños ocasionados, además, agregó que, si los institutos políticos incumplen, los ayuntamientos pueden intervenir para limpiar los espacios públicos y posteriormente reclamar el pago de los costos generados por esas acciones
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