EN OPINIÓN
La lealtad no se decreta con un pasaporte.
Lic. Moisés Torres Salmerón
Hay reformas constitucionales que nacen de una necesidad colectiva y otras que parecen nacer de una coyuntura política. La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para impedir que personas con doble nacionalidad puedan contender por la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México pertenece, al menos por ahora, a la segunda categoría.
La propuesta ya provocó una reacción directa de organizaciones de mexicanos radicados en Estados Unidos, particularmente de guerrerenses en Chicago, quienes consideran que la medida vulnera sus derechos políticos y los coloca en una condición de ciudadanía disminuida.
Y tienen una razón poderosa para sentirse agraviados.
Durante décadas, México ha llamado a sus migrantes héroes, ha reconocido la importancia de las remesas y ha celebrado su vínculo permanente con las comunidades de origen. Pero ahora, cuando algunos de esos mexicanos pretenden participar plenamente en la vida política nacional, aparece una condición adicional: para aspirar a determinados cargos deberán desprenderse de la nacionalidad que adquirieron en otro país.
El mensaje puede resultar contradictorio: para enviar remesas son mexicanos; para sostener a sus familias y comunidades son mexicanos; para mantener sus raíces son mexicanos; pero para aspirar a gobernar una entidad federativa o el país deben demostrar una mexicanidad adicional.
La pregunta inevitable es: ¿qué clase de ciudadanía estamos construyendo?
El argumento de la iniciativa es comprensible en términos abstractos: quien aspire a gobernar México debe tener una lealtad plena con el país y no estar sujeto a posibles conflictos derivados de otra nacionalidad. El Gobierno federal ha planteado precisamente la renuncia a otra nacionalidad como requisito para quienes pretendan ocupar esos cargos.
Pero el problema está en la premisa.
Tener dos nacionalidades no significa tener dos lealtades políticas.
Un mexicano que adquiere la ciudadanía estadounidense no deja de ser mexicano. Conserva vínculos familiares, culturales, económicos y sociales con nuestro país. Muchos construyen su vida en Estados Unidos sin romper jamás con la comunidad de la que provienen.
Y, sobre todo, la lealtad al Estado no se acredita mediante el número de pasaportes que una persona posee.
Si así fuera, bastaría revisar documentos de identidad para determinar quién ama a México y quién no. La historia demuestra que no funciona de esa manera.
Hay mexicanos con una sola nacionalidad que han traicionado las instituciones, utilizado el poder para enriquecerse o antepuesto intereses personales y partidistas al interés nacional. Y hay mexicanos que viven fuera del territorio nacional y que han demostrado un compromiso extraordinario con sus comunidades de origen.
Por eso, convertir la doble nacionalidad en una presunción de deslealtad resulta jurídicamente cuestionable y políticamente peligroso.
¿Una reforma para todos con destinatarios particulares?
Aquí aparece el componente político que no puede ignorarse.
La discusión no surge en el vacío. En Guerrero, organizaciones migrantes han vinculado públicamente la iniciativa con la posibilidad de impedir la participación electoral de personas concretas y han señalado el caso de Pedro Segura, quien anteriormente contendió por la gubernatura y posee doble nacionalidad.
No corresponde afirmar que una reforma constitucional haya sido diseñada exclusivamente para una persona sin contar con pruebas concluyentes. Pero sí corresponde preguntar si una modificación de semejante alcance responde realmente a un problema general de la República o si existe una coyuntura política que está impulsando su discusión.
Porque una regla constitucional no debería utilizarse como traje a la medida.
Si el problema tiene nombre y apellido, que se discuta jurídicamente el caso concreto. Si el problema es general, entonces debe demostrarse que existe una amenaza real, objetiva y suficientemente grave que justifique restringir derechos políticos de millones de ciudadanos.
De lo contrario, corremos el riesgo de convertir la Constitución en un instrumento para resolver coyunturas electorales.
Los migrantes no son mexicanos de segunda
La reacción de los guerrerenses en Estados Unidos contiene además una advertencia política que el Gobierno federal no debería desestimar.
Los migrantes mexicanos no son un grupo marginal.
Son parte de la nación mexicana.
En el caso de Guerrero, las organizaciones migrantes han denunciado que mientras se les reconoce por sus remesas y por el apoyo económico que envían a sus familias, sus espacios institucionales y políticos han perdido presencia.
La frase que sintetiza esa inconformidad debería ser escuchada: cuando se trata de las remesas son héroes; cuando se trata de sus derechos políticos, quedan en la cola.
Ese sentimiento puede convertirse en un problema político mucho mayor que la propia iniciativa.
México no puede pedir a sus migrantes que conserven sus raíces y, simultáneamente, decirles que adquirir otra nacionalidad los convierte en ciudadanos de menor categoría.
Porque eso significaría establecer, aunque sea indirectamente, una especie de jerarquía entre mexicanos: los de una nacionalidad y los de doble nacionalidad; los que viven dentro del territorio y los que viven fuera; los que pueden aspirar plenamente a gobernar y los que deben renunciar a una parte de su identidad jurídica para poder hacerlo.
Si la preocupación es que un Presidente o un gobernador tenga intereses incompatibles con los de México, existen mecanismos mucho más precisos que una prohibición general.
Se pueden establecer obligaciones de transparencia.
Se pueden regular conflictos de interés.
Se pueden exigir declaraciones sobre vínculos patrimoniales y económicos con gobiernos extranjeros.
Se pueden establecer controles de seguridad y reglas específicas para determinados cargos.
Y, desde luego, se puede exigir que quien ejerza una función pública respete la Constitución, defienda la soberanía nacional y actúe exclusivamente en beneficio del Estado mexicano.
Pero todo eso tiene una ventaja: juzga la conducta y no la condición jurídica de la persona.
La iniciativa, en cambio, parte de una sospecha general: quien tiene otra nacionalidad podría tener una lealtad dividida.
Y eso merece una pregunta elemental: ¿por qué?
¿Dónde está la evidencia de que la doble nacionalidad, por sí misma, produce deslealtad?
La constitución debe reformarse pensando en generaciones futuras, no en adversarios políticos presentes.
Hoy puede parecer conveniente impedir que una determinada persona compita. Mañana la misma regla puede afectar a alguien distinto: un empresario, un académico, un migrante exitoso, un científico, un integrante de una comunidad mexicana en Estados Unidos o cualquier ciudadano que, por circunstancias familiares o migratorias, posea dos nacionalidades.
La Constitución no puede convertirse en una herramienta para cerrar puertas dependiendo de quién sea el posible competidor.
Porque si aceptamos que una mayoría política puede modificar las reglas del juego para excluir a sus eventuales adversarios, el problema ya no es la doble nacionalidad.
El problema es la democracia.
Los migrantes mexicanos tienen derecho a preguntar por qué su nacionalidad mexicana necesita ser demostrada mediante la renuncia a otra.
Y el Gobierno tiene la obligación de responderles no desde la propaganda, sino desde la Constitución.
Hay millones de mexicanos que viven fuera del territorio nacional y que, sin embargo, mantienen a México dentro de su vida cotidiana.
Sus hijos hablan español.
Sus familias están en México.
Sus comunidades reciben sus apoyos.
Sus pueblos dependen, en muchas ocasiones, de su esfuerzo.
Regresan cada año.
Construyen casas.
Participan en fiestas patronales.
Apoyan escuelas, iglesias y proyectos comunitarios.
Y votan.
No son extranjeros.
Son mexicanos que viven fuera de México.
Por eso, el debate debería ser mucho más amplio que determinar si una persona puede o no tener dos pasaportes.
Deberíamos preguntarnos qué significa ser mexicano en el siglo XXI.
Porque la nación mexicana ya no termina en la frontera territorial. También está en Chicago, Los Ángeles, Houston, Dallas, Nueva York y en cientos de comunidades donde nuestros connacionales mantienen viva su identidad.
No podemos pedirles que nunca olviden a México y, al mismo tiempo, decirles que México puede olvidarlos a ellos cuando se trata de ejercer plenamente sus derechos políticos.
La iniciativa puede tener destinatarios políticos concretos. Pero la Constitución tendrá consecuencias para todos.
Y ahí está el verdadero riesgo.
La lealtad nacional no se decreta con un pasaporte.
Se demuestra con los actos.
Y si algo debería preocuparnos en una democracia es que la condición de mexicano dependa cada vez más de cumplir con los requisitos que el poder político considere convenientes.
Porque una nación fuerte no necesita mexicanos de primera y mexicanos de segunda.
Necesita ciudadanos con los mismos derechos y las mismas obligaciones.
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