CAMINOS DEL SUR
Economías violentadas
Manuel Nava
El pasado 25 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que su gobierno es ya el sexenio más violento de la historia reciente de México, luego de que durante el periodo diciembre 2018 a mayo 2023 se cometieron 156 mil 136 asesinatos, pero acusó que esto es debido a que la “mala herencia” que le dejaron los gobiernos anteriores.
Pudiera tener algo de cierto la afirmación de AMLO, pero la solución que se ofreció a la problemática de inseguridad pública en el país no termina de llegar en tanto, las consecuencias de ello se magnifican.
Las tasas de delincuencia y criminalidad altas perjudican el clima de inversión privada y desvían los escasos recursos públicos al fortalecimiento del sistema policial en lugar de fomentar las actividades económicas provocando la erosión de la calidad de vida.
Las elevadas tasas de criminalidad e inseguridad son un obstáculo para el desarrollo económico pues tiene, entre otros, los siguientes efectos: erosiona la calidad de vida, afecta negativamente el clima de negocios al disminuir la inversión, se genera un alto costo de oportunidad de los recursos destinados a seguridad, así como una percepción negativa de los ciudadanos sobre la efectividad del Estado en el combate al crimen, lo que redunda en la disminución de la calidad de la democracia, entre otros efectos.
Los costos socioeconómicos de la delincuencia y criminalidad, a menudo los dividen en cinco categorías: costos monetarios directos/indirectos, costos no monetarios, costos tangibles/intangibles, efectos multiplicadores económicos y efectos multiplicadores sociales.
Los costos no monetarios miden los efectos no económicos que la delincuencia y la violencia causan a las víctimas. Se evalúan tomando en cuenta el aumento de la morbilidad (enfermedades o resultantes de la violencia, como la discapacidad y las lesiones mentales), el aumento de la mortalidad a causa de homicidios y suicidios, abuso de alcohol y drogas, así como de desórdenes depresivos, entre otros.
Los costos tangibles son aquéllos que, cuando se reducen o eliminan, dejan recursos disponibles para otros usos, lo cual no ocurre con los costos intangibles o invisibles. Los segundos se asocian con el dolor, a la angustia, el sufrimiento y las pérdidas en la calidad de vida, los efectos sobre el mercado del trabajo, los traumas personales y los cambios en los comportamientos habituales, el temor de ser victimizado o atacado, la pérdida de confianza interpersonal y el deterioro del capital social, o la disminución de la tranquilidad y la libertad.
En la Región Pacífico Sur el impacto de criminalidad en el desarrollo económico acentúa los desequilibrios ya de por sí graves
EN CHIAPAS EL 15 de abril, se registraron enfrentamientos entre grupos del crimen organizado paralizaron a San Cristóbal de las Casas, la principal ciudad turística de Chiapas. Algunos comercios y restaurantes abrieron sus puertas, cuatro días después y artesanos continuaron con la venta de sus obras; los prestadores de servicios turísticos y de comercio advirtieron que dejar morir esta actividad expondría más a la población a actividades ilícitas.
El turismo es la segunda fuente de ingresos propios en el estado, solo por debajo de las remesas y cerró el 2022 con una afluencia de 82 millones de visitantes y una derrama económica de más de 27 mil 800 millones de pesos, según datos de la Secretaría de Turismo.
Guerrero donde crecieron 36 por ciento.
En Michoacán, los diversos niveles de gobierno no quieren reconocer que en Michoacán está dominado por lo menos de manera territorial por el crimen organizado, que cobra cuota en todos los sectores económicos y productivos, las ejecuciones a plena luz del día son una constante cotidiana y qué decir del alto nivel de impunidad y corrupción.
Ejecuciones, levantones, secuestros, extorsiones de todo tipo es lo más común en la entidad michoacana ante el fracaso absoluto de la estrategia de seguridad pública por parte del gobierno estatal y los municipios. Pero los ataques a los establecimientos comerciales con métodos terroristas y ejecuciones en los restaurantes echan abajo el discurso oficial en materia de seguridad pública en la entidad michoacana.
De acuerdo con las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública en Guerrero los municipios de Acapulco y Chilpancingo, se mantiene una tendencia a la alza en la incidencia de homicidios dolosos comparando las cifras del último año, con las del inmediatamente anterior.
Pero además alcaldes y diputados locales han denunciado que son objeto de amenazas de muerte. Los diálogos con Evelyn Salgado, gobernadora de la entidad no superan el problema
En Oaxaca, De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de diciembre a abril pasados se perpetraron en la entidad 17 mil 941 delitos, entre los que destacan secuestros, homicidios dolosos, lesiones, feminicidios, delitos de carácter sexual y robos. Entre enero y abril de este año se cometieron 783 homicidios, aunque la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) reportó 774.
El organismo federal señaló que 299 de esos crímenes fueron dolosos, en tanto la FGEO consideró dolosos 285 asesinatos, e informó que derivado de estos delitos se iniciaron 692 carpetas de investigación, la mayoría en la región de los Valles Centrales, donde se cometieron 25 por ciento de esos ilícitos; 21 por ciento se documentaron en la costa, 18 por ciento en el Istmo y 9 por ciento en la Mixteca.
Cuando control y acceso de recursos económicos son reducidos, el crecimiento se hace nada diría la abuela.
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