CAJA DE RESONANCIA
El pueblo participa, pero ¿quién decide?
Lic. Moisés Torres Salmerón
Hay una frase que durante años ha acompañado el discurso de la llamada Cuarta Transformación: “el pueblo pone y el pueblo quita”.
Es una expresión poderosa porque coloca en el centro de la democracia a la ciudadanía y no a las dirigencias, a los grupos políticos o a las estructuras partidistas.
Pero frente al proceso que vive Morena en Guerrero rumbo a 2027, vale la pena preguntarnos si esa frase conserva todavía el mismo significado.
Hoy se conocerá quién será la persona que encabece la Coordinación Estatal de los Comités de Defensa de la Transformación rumbo a la elección de la gubernatura. La decisión llega después de un proceso de medición de preferencias ciudadanas mediante encuestas.
Hasta ahí, parecería que la lógica es clara: se pregunta a la gente y se identifica al perfil con mayor respaldo.
Sin embargo, aparece una primera dificultad: la dirigencia nacional ha dejado claro que obtener la coordinación no significa necesariamente tener garantizada la candidatura a la gubernatura.
Y ahí comienza el verdadero debate.
No debe olvidarse por qué Morena comenzó a privilegiar las encuestas como método para definir candidaturas.
Las elecciones internas mediante urnas dejaron experiencias poco afortunadas. Los procesos internos estuvieron acompañados de confrontaciones entre grupos, acusaciones, inconformidades y cuestionamientos sobre la legitimidad de los resultados.
El mecanismo que pretendía resolver la democracia interna terminó, en diversos momentos, convirtiéndose en una fuente adicional de conflictos.
La encuesta apareció entonces como una alternativa.
Preguntar directamente a la ciudadanía parecía una fórmula mucho más sencilla: evitar las disputas internas, disminuir el peso de las estructuras y conocer quién tenía mayor aceptación entre los ciudadanos.
En otras palabras, se sustituyó la urna partidista por la opinión ciudadana medida mediante encuestas.
Y parecía razonable.
Pero ahora surge una pregunta que no puede evadirse:
Si la encuesta tampoco determina necesariamente quién será candidato, ¿qué tan decisiva es realmente la voluntad ciudadana?
Supongamos que un ciudadano participa en una encuesta y manifiesta su preferencia por determinado perfil.
Ese ciudadano puede pensar que está contribuyendo a decidir quién encabezará el proyecto político de Morena rumbo a la gubernatura.
Pero si el resultado de esa encuesta únicamente determina una coordinación y posteriormente la candidatura queda sujeta a otros criterios, decisiones partidistas, acuerdos políticos o negociaciones de coalición, entonces la participación ciudadana adquiere un carácter distinto.
Ya no estaríamos hablando de una decisión.
Estaríamos hablando de un insumo para la decisión.
Y no es lo mismo.
Porque una cosa es preguntar:
“¿A quién prefiere la ciudadanía?”
Y otra muy diferente es decir:
“La ciudadanía ha elegido y esa decisión será respetada.”
Entre ambas expresiones existe una diferencia democrática enorme.
El escenario se vuelve todavía más complejo ante la posibilidad de una coalición entre Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo.
Las coaliciones son legítimas y forman parte de la competencia electoral. Los partidos tienen derecho a negociar acuerdos, candidaturas y posiciones.
Pero precisamente por eso la ciudadanía merece conocer con claridad qué está decidiendo y hasta dónde llegará su decisión.
Porque si Morena realiza una encuesta para identificar al perfil con mayor respaldo ciudadano, pero después la distribución de candidaturas depende de un acuerdo entre tres partidos, entonces puede suceder que quien resulte mejor posicionado ante los ciudadanos no necesariamente sea quien encabece finalmente la candidatura.
Y entonces volvemos al punto de partida:
¿Quién pone realmente al candidato?
¿La ciudadanía mediante la encuesta?
¿Los órganos internos de Morena?
¿La dirigencia nacional?
¿Los acuerdos políticos?
¿O finalmente las negociaciones de la coalición?
La pregunta no es menor.
Hay algo todavía más profundo.
La democracia interna no consiste únicamente en consultar a la ciudadanía.
También implica que esa voluntad tenga efectos reales sobre la decisión.
Porque si preguntamos a la gente, pero después dejamos abierta la posibilidad de que otros factores modifiquen sustancialmente el resultado, existe el riesgo de que la participación ciudadana termine funcionando más como un mecanismo de legitimación que como un verdadero mecanismo de decisión.
Y eso sería particularmente paradójico en un movimiento político que históricamente construyó buena parte de su discurso alrededor de la idea de devolverle el poder al pueblo.
No basta con decir que el pueblo participa.
Hay que preguntarse cuánto decide.
Morena buscó superar los problemas de sus procesos internos mediante urnas.
Las encuestas ofrecieron una alternativa aparentemente más ciudadana.
Pero ahora podríamos estar entrando en una tercera etapa: la encuesta como uno de varios elementos dentro de una decisión política más amplia.
Y eso puede generar una paradoja.
Antes se cuestionaba que las estructuras partidistas pudieran imponerse sobre la voluntad de los militantes.
Ahora podría ocurrir algo distinto: que la ciudadanía sea consultada, pero que su opinión no sea suficiente para definir la candidatura.
Entonces cabe preguntar:
¿Hemos democratizado realmente la selección de candidaturas o simplemente hemos sofisticado el mecanismo mediante el cual se toman las decisiones?
No se trata de afirmar que las dirigencias no deban tener facultades.
Tampoco de desconocer que una coalición implica necesariamente acuerdos entre partidos.
Se trata de algo mucho más elemental:
que el ciudadano sepa exactamente qué está decidiendo cuando participa.
Si se le pregunta quién tiene mayor respaldo, debe saber qué consecuencias tendrá su respuesta.
Porque si la respuesta ciudadana puede ser modificada, condicionada o superada posteriormente por acuerdos políticos, entonces no podemos hablar con tanta facilidad de que “el pueblo decidió”.
Podremos decir que el pueblo fue consultado.
Pero eso es diferente.
Guerrero será, sin duda, uno de los escenarios políticos importantes de 2027.
Por eso el debate no debería reducirse a quién ganó una encuesta, quién quedó arriba o quién tiene mayores posibilidades de convertirse en candidato.
El debate debería ser mucho más profundo:
¿Qué modelo de democracia interna queremos para los partidos políticos?
Una democracia en la que las bases voten.
Una democracia en la que la ciudadanía sea encuestada.
Una democracia en la que las dirigencias negocien.
¿O una combinación de todas ellas?
Si es una combinación, entonces debemos tener reglas claras sobre qué pesa más y hasta dónde llega cada mecanismo.
Porque no hay nada más frustrante para un ciudadano que participar en un proceso creyendo que está decidiendo, para descubrir después que únicamente estaba siendo consultado.
Y aquí es donde aquella frase adquiere una nueva dimensión:
“El pueblo pone y el pueblo quita”.
La pregunta para Morena —y, en realidad, para todos los partidos— es si esa frase debe entenderse literalmente o solamente como una expresión política.
Porque preguntar al pueblo no necesariamente significa dejar decidir al pueblo.
Y entre una cosa y otra se encuentra precisamente la diferencia entre una democracia participativa y una democracia administrada por las cúpulas.
En 2027, los ciudadanos no solamente tendrán que elegir quién gobernará Guerrero.
También tendrán la oportunidad de evaluar quién realmente escuchó su voz antes de llegar a la boleta.
Porque al final, la pregunta seguirá siendo la misma:
¿El pueblo pone y el pueblo quita, o el pueblo propone mientras las cúpulas disponen?
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