Marcial Campuzano
09/06/2023
Chilpancingo, Gro.
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), rechazó la consulta que hizo el Congreso local en los pueblos y comunidades indígenas que fue avalada por la Suprema Corte de Justicia, bajo el argumento de que fue inventada, simulada y sin diálogos con indígenas y afromexicanos, por lo que advirtieron que no le pedirán permiso a nadie para ejercer sus derechos, y que seguirán dando seguridad “para combatir a delincuentes “que están coludidos con el gobierno”.
Acompañados de sus asesores jurídicos, los representantes de las 5 casas de justicia de Espino Blanco, de San Luis Acatlán, Xitlaltepec, El Paraíso y Las Juntas Caxitepec establecidas en territorios indígenas, fijaron este jueves un posicionamiento al enterarse que el 5 de este mes, los ministros de la Suprema Corte de Justicia avalaron la consulta que realizó el Congreso del estado en pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Al fijar un posicionamiento de la validación de la Consulta por el máximo tribunal del país, los líderes de la CRAC-Policía Comunitaria manifestaron su enojo, porque los ministros no analizaron aspectos de inconstitucionalidad, permitieron que fueran pisoteados sus derechos, “y desde la comodidad de sus escritorios sin ir a campo dieron validez a la consulta, por eso condenamos la resolución”.
Además, manifestaron su enojo porque los ministros de la Suprema Corte no dieron importancia a 211 actas que levantaron autoridades comunitarias, en las que dieron cuenta que el Congreso del estado efectuó una consulta simulada en los territorios indígenas y afromexicanos, en las que manifestaron su rechazo a las consultas porque no cumplieron el protocolo autorizado.
En las instalaciones de la Delegación 17 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, recordaron que hace un año la consulta fue impugnada por los pueblos y comunidades indígenas a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), con el propósito de que los ministros la rechazaran porque habría sido simulada e inventada.
En el posicionamiento el coordinador de la Casa de Justicia de Espino Blanco, Martín Rosales Sierra, señaló que la Suprema Corte pisoteó los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, al avalar el 5 de junio la consulta simulada que hizo el Congreso, al resolver la acción de inconstitucionalidad 133/2022 que interpuso la CNDH.
Manifestaron su desacuerdo con la resolución, que indica que el Congreso local cumplió con las fases preconsultiva, informativa, diálogo, deliberación y decisiva que debe revestir la consulta. Además, afirmó que fue libre, previa, informada, de buena fe y culturalmente adecuada.
Por lo anterior, “condenamos la resolución de la Suprema Corte, ya que fue un fallo emitido desde la comodidad de los escritorios de los ministros”, quienes se limitaron a realizar un análisis de documentos “fabricados” por el Congreso del estado, en los que se asientan diálogos, asambleas, deliberaciones “y decisiones que no se realizaron de manera efectiva”.
“Los ministros no tomaron en cuenta los cientos de actas levantadas por los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, que daban cuenta que el Congreso del estado nunca informó de la reforma indígena, ni realizó diálogo alguno con los pueblos; tampoco participamos en la elaboración del protocolo de consulta”, señaló.
Asentó además que trabajadores del Congreso y asistentes de los diputados “pagados”, se desplazaron a varias comunidades para recabar firmas y realizar reuniones rápidas sin información para los pueblos, “mucho menos se permitió la discusión y análisis acucioso de la reforma que planteaban”.
Manifestaron su preocupación por que, con la resolución, los ministros de la Suprema Corte de Justicia flexibilizaron los requisitos de las consultas a los pueblos indígenas y afromexicanos, “permitiendo que las autoridades con simples trámites burocráticos y el llenado formal de documentos, simule consultas que nunca se realizaron en los pueblos y comunidades”.
Además, los ministros privilegiaron los formalismos documentales, prescindiendo de verificar si en la vida fáctica las comunidades fueron informadas, dialogaron, deliberaron y tomaron decisiones libremente, indica el posicionamiento.
Con este tipo de resoluciones, ahora las autoridades podrán llevar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación “un rollo de papeles diciendo que consultaron, y tal proceder burocrático será validado sin reparo por los ministros, y con ello se allana el camino para que el gobierno y empresas nos sigan saqueando y explotando”.
Citaron que otros aspectos de inconstitucionalidad del Congreso, “no fueron analizados de oficio por la Suprema Corte de Justicia, tales como la falta de armonización legislativa de las leyes locales con los tratados internacionales y la Constitución Política del país, y el principio de progresividad que obliga a las autoridades aprobar derechos ya reconocidos, como es el caso de la Ley 701 de 2011 aprobada por la legislatura de ese tiempo”.
Con esa resolución, la Suprema Corte pisoteó a los pueblos indígenas y afromexicanos, “desconociendo nuestros derechos cual fiel capataz de las élites económicas y políticas da continuidad a la opresión y discriminación de nuestros pueblos, y nos condena a seguir siendo vasallos de los ladinos y mestizos, ciudadanos de tercera sobreviviendo en la pobreza extrema y la exclusión social”.
Lanzaron un mensaje a los ministros de la Suprema Corte, a los diputados y a los gobiernos neocoloniales, en el que asientan que los pueblos indígenas han resistido por más de 500 años, “somos herederos de grandes civilizaciones y formamos parte de este país, contribuimos a la formación y consolidación del estado democrático”, por lo tanto, no son los gobiernos y las instituciones con modelos occidentales quienes reconozcan nuestros derechos”.
Advirtieron que no a pedirán permiso para ejercer sus derechos, “seguiremos cuidando nuestras tierras y territorios, no permitiremos la entrada de empresas extractivistas, seguiremos brindando seguridad, justicia y reeducación en nuestros pueblos, sin permitir que la delincuencia coludida con el gobierno penetre en nuestros territorios”.
“Nuestras asambleas seguirán nombrando a nuestros gobiernos comunitarios, y seguiremos impulsando la creación de nuestros municipios indígenas y afromexicanos”, indicaron los representantes de las Casas de Justicia de la CRAC.
El asesor de la CRAC Vidulfo Rosales Sierra, sostuvo que la Suprema Corte emitió una resolución no atendiendo los derechos de los pueblos indígenas ni los tratados internacionales, “es una decisión política” que da la espalda a los pueblos indígenas.
Los representantes de las Casas de Justicia advirtieron también que mientras los 3 órdenes de gobierno no garanticen la seguridad en sus pueblos, la Policía Comunitaria va a perdurar.
Denuncia en desdeabajo Noticias!
¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp: de desdeabajoNoticias: 7443262471. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento
Síguenos también en Twitter: @Brigida35118504y en Facebook: DesdeabajoAca:https://www.facebook.com/profile.php?id=1000636239783
Spanish 
English