CAJA DE RESONANCIA
¿el campo guerrerense, zona de desastre?
Lic. Moisés Torres Salmerón
Si el pueblo es el motor de la transformación, también tiene derecho a ser escuchado
Hay una contradicción que Morena y los gobiernos emanados de la llamada Cuarta Transformación deberían mirar de frente: mientras en el discurso se sigue colocando al pueblo como razón y destinatario principal de la acción política, en los hechos hay sectores populares que llevan semanas intentando ser escuchados sin encontrar una respuesta suficiente.
El caso de los campesinos guerrerenses afectados por la sequía es particularmente ilustrativo.
Este 21 de septiembre, productores de distintas regiones de Guerrero volvieron a movilizarse para exigir que se declare zona de desastre en las áreas afectadas y que se implementen medidas extraordinarias para enfrentar las pérdidas agrícolas. Hubo manifestaciones en Chilpancingo, Iguala, Tlapa y Ciudad Altamirano, así como una protesta en Marquelia.
No estamos hablando de una demanda improvisada ni de un problema que haya aparecido ayer.
Desde julio, por ejemplo, campesinos del municipio de Iguala habían presentado documentación y evidencia fotográfica sobre las afectaciones de sus cultivos para solicitar una declaratoria y apoyos. En agosto se reportaban ya miles de productores afectados y miles de hectáreas con pérdidas, mientras organizaciones campesinas advertían de una crisis que podría extender sus consecuencias hasta 2027.
Por eso, quizá el debate no debería comenzar preguntando si los campesinos tienen razón al exigir la declaratoria.
Debería comenzar por algo mucho más elemental: ¿ya fueron escuchados?
Porque escuchar no significa conceder automáticamente lo que se solicita.
Una administración pública responsable puede perfectamente decir: vamos a revisar sus pruebas, vamos a verificar los daños, vamos a contrastar la información disponible y, con base en ello, determinaremos si jurídicamente y técnicamente procede la declaratoria.
Pero para hacer eso primero tiene que existir una interlocución seria.
Los campesinos están planteando precisamente eso: que se abran mesas de diálogo, que puedan presentar las evidencias que tienen y que las autoridades expongan también sus propios elementos técnicos para determinar si procede o no la declaratoria de desastre.
No parece una petición excesiva.
Por el contrario, constituye una forma razonable de procesar un conflicto social.
El gobierno no tendría que comprometerse anticipadamente con una declaratoria. Tendría que comprometerse con algo previo: escuchar, recibir las pruebas, analizarlas y dar una respuesta fundada.
Porque hay una diferencia sustancial entre gobernar y simplemente administrar las demandas sociales.
Gobernar implica tener capacidad para acercarse a quienes padecen un problema antes de que la única vía que les quede sea salir a las carreteras, ocupar espacios públicos o realizar movilizaciones.
Y aquí aparece una pregunta incómoda para Morena.
Durante años, el movimiento construyó buena parte de su identidad política alrededor de una idea poderosa: “primero los pobres”. El pueblo dejó de ser presentado solamente como destinatario de las políticas públicas para convertirse, al menos en el discurso, en el sujeto fundamental de la transformación.
Por eso resulta inevitable preguntarse qué ocurre cuando ese mismo pueblo toca las puertas del gobierno y exige ser escuchado.
¿La transformación consiste solamente en hablar en nombre del pueblo o también en sentarse con el pueblo cuando tiene un problema que no resulta sencillo resolver?
La respuesta no tendría que estar en un mitin, en un discurso ni en una consigna.
Tendría que estar en una mesa.
Una mesa en la que los campesinos puedan llevar sus documentos, fotografías, padrones y demás evidencias; donde las autoridades presenten sus diagnósticos; donde se determine qué regiones y productores están efectivamente afectados; y donde, finalmente, se adopten las decisiones que correspondan.
Si las pruebas de los campesinos acreditan una situación de desastre, que se actúe en consecuencia.
Si las autoridades cuentan con elementos técnicos que demuestran otra realidad, que los presenten públicamente y expliquen las razones.
Pero que se discuta con ellos y no sobre ellos.
Porque una de las mayores virtudes que puede tener un gobierno es la capacidad de escuchar incluso cuando todavía no está convencido de que el interlocutor tenga razón.
Y quizá esa sea precisamente la prueba de congruencia que hoy enfrenta Morena en Guerrero: no si puede repetir que el pueblo es el motor de la transformación, sino si está dispuesto a abrirle la puerta cuando el pueblo llega con una demanda que exige respuestas concretas.
El campo no puede esperar indefinidamente.
Tampoco debería ser necesario que los campesinos eleven cada vez más el tono de su protesta para conseguir algo tan elemental en una democracia: ser escuchados por quienes gobiernan en su nombre.
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