CAJA DE RESONANCIA
El cerco invisible. identidad, dinero y el control sin contrapesos.
Lic. Moisés Torres Salmerón.
Bajo el discurso seductor de la «modernización», la «inclusión financiera» y la «seguridad», el Estado mexicano ha dado pasos agigantados hacia un modelo de hipervigilancia ciudadana. La reciente aprobación de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos —impulsada directamente por el Ejecutivo federal (la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum) y respaldada por la aplanadora legislativa de Morena y sus aliados en el Congreso— no es un hecho aislado. Se suma a la obligatoriedad de la CURP con datos biométricos y al endurecimiento en el registro de líneas telefónicas. Juntas, estas piezas conforman un engranaje preocupante que erosiona los derechos fundamentales de las y los mexicanos.
El problema de fondo no es la tecnología en sí misma, sino el uso político y fiscal que se le pretende dar. La Ley de Economía Digital otorga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) un poder discrecional sumamente peligroso: la facultad de determinar en qué sectores —comenzando tentativamente por gasolineras y casetas de peaje— los pagos electrónicos serán la única vía permitida, marginando o prohibiendo de tajo el uso del dinero en efectivo.
Esto vulnera de manera directa los derechos económicos de los ciudadanos. Obligar a pequeños comerciantes y consumidores a depender de plataformas digitales implica someterlos al pago de comisiones bancarias privadas (que oscilan entre el 1.5% y el 4.5%), exigirles conectividad a internet permanente en un país con marcadas brechas digitales y, sobre todo, vulnerar el principio de libertad contractual y el valor liberatorio del dinero emitido por el Banco Central. Se criminaliza implícitamente el uso del efectivo, asumiendo que toda transacción no digital es sinónimo automático de ilegalidad.
Las iniciativas que han dado forma a este andamiaje —presentadas y defendidas por el oficialismo en ambas cámaras— colocan al ciudadano en una posición de absoluta vulnerabilidad frente al poder público. Al vincular las líneas telefónicas, la CURP biométrica y los historiales de gasto bajo una infraestructura centralizada (como el Expediente Digital Ciudadano), el Estado prescinde del derecho básico al anonimato en las actividades lícitas de la vida cotidiana. Ya no se trata únicamente de fiscalizar a los grandes capitales, sino de perfilar digitalmente cada movimiento, ubicación y consumo de la población común.
La pregunta que subyace tras estas reformas, aprobadas mayoritariamente por Morena pese a los severos cuestionamientos de la oposición y de diversos sectores sociales, es de carácter estrictamente democrático: ¿hasta qué punto los ciudadanos están dispuestos a ceder su privacidad a cambio de una supuesta eficiencia gubernamental?
Cuando el gobierno controla cómo gastas tu dinero, dónde te ubicas y cuál es tu identidad digital, el concepto de libertad individual deja de ser una realidad garantizada para convertirse en una graciosa concesión del poder en turno.
Sin contrapesos judiciales sólidos, sin garantías de ciberseguridad y sin una verdadera protección de datos personales, lo que hoy se vende como vanguardia digital mañana podría consolidarse como el mecanismo perfecto de control social.
Denuncia en desdeabajo Noticias!
¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp: de desdeabajoNoticias: 7443262471. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.
Síguenos también en Twitter: @Yae31099C en Facebook: DesdeabajoAca:https://www.facebook.com/profile.php?id=1000636239783
