Como argumento de su inconformidad, Romero Sotelo señaló que el padrón original de 2021 estaba integrado por aproximadamente 500 ejidatarios, mientras que el actualizado a 2026 contempla alrededor de 800.
Marcial Campuzano
10/11/2026
Chilpancingo, Gro.
Ejidatarios de Chichihualco exigieron la destitución del magistrado del Tribunal Unitario Agrario con sede en Chilpancingo, Raúl García Sherman, a quien acusan de presuntamente pretender modificar las condiciones de una elección del comisariado ejidal, en aparente beneficio de un grupo de acaparadores de tierras.
El abogado de los campesinos y representante de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, Evencio Romero Sotelo, señaló también a la delegada de la Procuraduría Agraria, Patricia de León, y al delegado del Registro Agrario Nacional (RAN), Miguel Ángel Flores Morán, de presuntamente favorecer a dicho grupo.
El conflicto agrario se remonta a 2021, cuando fue anulada la elección del comisariado ejidal de Chichihualco debido a que la planilla ganadora no cumplió con el requisito de paridad de género, desde entonces, la renovación de la representación ejidal permanece en disputa en los tribunales, luego de que un grupo inconforme promoviera un juicio de nulidad contra el resultado de aquella elección.
Romero Sotelo explicó que la Liga de Comunidades Agrarias impugnó la resolución y llevó el asunto ante el Tribunal Colegiado de Circuito, que a principios de este año confirmó la nulidad de los comicios de 2021 y ordenó realizar una nueva elección. De acuerdo con el abogado, la resolución estableció que la convocatoria debía ser emitida por el Consejo de Vigilancia que se encontraba en funciones en aquel periodo y que tendría que utilizarse el padrón de ejidatarios correspondiente a 2021.
Indicó que en abril de este año el magistrado Raúl García Sherman notificó al Consejo de Vigilancia para que convocara a la elección conforme a los términos de la resolución federal. Sin embargo, a pocos días de celebrarse la asamblea, el grupo contrario promovió otro juicio bajo el argumento de que la convocatoria debía contar con la firma de la Procuraduría Agraria, recurso al que el Tribunal Unitario Agrario dio entrada pese a que existía una ejecutoria que establecía quién debía emitirla.
El representante campesino sostuvo que durante las audiencias posteriores se reconoció que la facultad de convocar correspondía al Consejo de Vigilancia y no a la Procuraduría Agraria; sin embargo, denunció que ahora se pretende imponer el padrón actualizado a 2026, en lugar del correspondiente a 2021, como ordenó el Tribunal Colegiado, modificación que alteraría las condiciones de la elección y favorecería al grupo que mantiene la disputa por el control del núcleo agrario.
Como argumento de su inconformidad, Romero Sotelo señaló que el padrón original de 2021 estaba integrado por aproximadamente 500 ejidatarios, mientras que el actualizado a 2026 contempla alrededor de 800.
Consideró que el incremento de 300 personas no puede incorporarse de manera automática a una elección cuya realización debe sujetarse a una resolución judicial que ya determinó utilizar el listado anterior, y acusó que la actualización habría sido realizada de manera irregular.
El abogado también denunció que durante una audiencia el magistrado permitió la intervención de un regidor del ayuntamiento de Leonardo Bravo, a quien identificó como presunto dirigente del grupo de acaparadores de tierras, pese a que, según su interpretación, no era parte del juicio y no debía intervenir en la diligencia.
Afirmó que el funcionario municipal comenzó a gritar e insultar a integrantes del comisariado ejidal y a los representantes de la Liga, situación que derivó en un enfrentamiento verbal, algunos jaloneos y la suspensión de la audiencia.
Romero Sotelo acusó además a Patricia de León, delegada de la Procuraduría Agraria, de incumplir las obligaciones de conciliación y asesoría que establece el reglamento interno de esa institución, al considerar que en lugar de respaldar al comisariado ejidal estaría asesorando a los presuntos acaparadores de tierras.
Asimismo, señaló a Miguel Ángel Flores Morán, delegado del Registro Agrario Nacional, de avalar las actuaciones relacionadas con el padrón actualizado y sostuvo que existe una actuación coordinada entre los tres funcionarios.
Ante estos hechos, anunció que los ejidatarios analizarán dos vías de acción: realizar un plantón en las instalaciones del Tribunal Superior Agrario, en la Ciudad de México, para exigir la destitución del magistrado Raúl García Sherman, y promover los recursos legales correspondientes para que se haga cumplir la ejecutoria federal.
Advirtió que, de persistir el incumplimiento, solicitarán la aplicación de medidas de apremio que podrían incluir multas, inhabilitación e incluso la destitución del funcionario, conforme a los procedimientos legales aplicables.
El representante de la Liga de Comunidades Agrarias insistió en que la exigencia de destitución obedece a lo que calificó como falta de transparencia y presunta violación de una resolución judicial que el propio magistrado conoce y que y no tiene facultades para modificarla.
Recalcó que la nueva elección del comisariado ejidal de Chichihualco debe realizarse con el padrón de 2021 y bajo las condiciones establecidas por el Tribunal Colegiado, pues permitir cambios en esas disposiciones significaría alterar el mandato judicial y comprometer la certeza del proceso agrario.
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