CAJA DE RESONANCIA
La comisión de la distracción. Mirar veinte años atrás para no responder por el presente.
Lic. Moisés Torres Salmerón
La propuesta de Morena de crear una comisión especial para investigar el presunto fraude electoral de 2006 aparece en una coyuntura políticamente reveladora: cuando el caso Guadalupe Taddei ha abierto un frente de desgaste para el partido gobernante y ha puesto nuevamente bajo discusión la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE).
La oposición ha vinculado políticamente a la ex consejera presidenta con Morena y ha utilizado los señalamientos sobre presuntas irregularidades contractuales y posibles conflictos de intereses para cuestionar la independencia del organismo. El asunto representa un problema para el partido porque compromete uno de los principios que durante años utilizó como bandera: la imparcialidad de las autoridades electorales.
En ese contexto, volver a 2006 parece una salida políticamente conveniente. Morena recupera un agravio histórico, reactiva su narrativa contra sus adversarios y desplaza la atención pública de los cuestionamientos que hoy enfrenta. La coincidencia no demuestra por sí misma una estrategia de distracción, pero sí permite advertir el beneficio político que puede obtener.
Desde el punto de vista jurídico, las comisiones especiales de la Cámara de Diputados no son tribunales ni fiscalías. Pueden reunir información, desarrollar trabajos parlamentarios y emitir conclusiones, pero no anular elecciones, modificar sentencias ni imponer sanciones electorales.
Si la propia dirigencia de Morena reconoce que los plazos para impugnar electoralmente aquellos comicios transcurrieron, resulta indispensable preguntar: ¿qué resultado concreto pretende conseguir?
Investigar históricamente es legítimo; crear expectativas de justicia electoral donde ya no existen vías ordinarias para modificar aquel resultado es otra cosa. Sin objetivos verificables, la comisión corre el riesgo de convertirse en un espacio de confrontación partidista y producción de discursos.
También existe una contradicción presupuestal. Morena ha defendido la austeridad republicana como principio de gobierno, pero la creación de nuevas estructuras legislativas exige justificar su costo y utilidad pública.
Las cifras difundidas sobre las comisiones especiales señalan asignaciones mensuales de aproximadamente 37 mil 400 pesos por comisión, además de apoyos administrativos y materiales.
No se trata de afirmar que investigar el pasado carece de valor, sino de exigir congruencia: el dinero público debe destinarse a estructuras que produzcan resultados y no solamente rentabilidad política.
La oposición ha convertido el caso Taddei en un cuestionamiento sobre la relación entre Morena y la autoridad electoral. La discusión ya no se limita a la gestión de una funcionaria: alcanza la credibilidad del INE y la congruencia democrática del partido gobernante.
Frente a ese escenario, recuperar 2006 permite cambiar el eje de la conversación: en lugar de responder por los señalamientos actuales, Morena vuelve a colocar a Vicente Fox y Felipe Calderón en el centro del debate.
Sin embargo, denunciar las irregularidades del pasado no exonera de rendir cuentas en el presente. La autonomía electoral debe defenderse independientemente de quién gobierne y de qué partido resulte beneficiado.
El proceso electoral de 2006 merece una revisión histórica rigurosa. Pero una investigación auténtica requiere pluralidad, independencia y transparencia, no conclusiones partidistas anticipadas.
Morena debe explicar qué pretende investigar, cuánto costará y qué resultados espera obtener. También debe responder por los cuestionamientos que hoy afectan la confianza en el INE.
La democracia no se defiende únicamente investigando los abusos de quienes gobernaron antes; también se defiende exigiendo cuentas a quienes gobiernan hoy.
Mirar al pasado puede ser un ejercicio legítimo de memoria. Utilizarlo para desplazar las preguntas incómodas del presente puede convertirse en una operación de conveniencia política.
Y cuando una comisión parece más útil para cambiar la conversación que para producir resultados, la ciudadanía tiene razones suficientes para cuestionar su verdadera finalidad.
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