CAJA DE RESONANCIA
¿Coordinadores o candidatos designados por anticipado? la exclusión de Cayetano y la ruta jurídica para defender el derecho a ser votado
Lic. Moisés Torres Salmerón
El proceso interno de Morena para elegir a las Coordinaciones Estatales de Defensa de la Transformación y de la Soberanía Nacional ha dejado una interrogante que no puede despacharse con discursos de unidad ni con llamados a cerrar filas: ¿se trató realmente de un ejercicio de organización partidista o de un mecanismo anticipado para definir quiénes encabezarán las candidaturas a las gubernaturas en 2027?
En Guerrero, esta interrogante adquiere particular relevancia por la situación del licenciado Rubén Cayetano García, quien manifestó legítimamente su aspiración a participar en la contienda por la gubernatura y decidió registrarse en el procedimiento para elegir la coordinación estatal.
Morena sostuvo que la elección de coordinadores estatales no tenía como finalidad seleccionar precandidatos ni candidatos a las gubernaturas. La explicación era que se trataba de un ejercicio de organización territorial, formación política y defensa de la transformación, precisamente para evitar incurrir en actos anticipados de precampaña.
Pero si ese procedimiento no tenía naturaleza electoral, ¿por qué se desarrolló exclusivamente en las 17 entidades federativas donde se renovarán las gubernaturas en 2027?
¿Por qué se utilizaron encuestas, valoración de perfiles y decisiones políticas para seleccionar a una persona por estado?
Y, sobre todo, ¿qué sucederá ahora con quienes aspiran legítimamente a competir por la candidatura?
En Guerrero, Ruben Cayetano García cuestionó que la dirigencia partidista no haya respetado las condiciones establecidas en la convocatoria del 17 de junio de 2026.
Sostuvo que no se realizó la revisión de los expedientes y perfiles conforme a la base sexta de la convocatoria, que contemplaba elementos como trayectoria política y social, antecedentes, conocimiento territorial, atributos éticos y afinidad con los principios del movimiento.
Este planteamiento es jurídicamente relevante porque una cosa es que una persona participe y no obtenga la mayoría de las preferencias ciudadanas, y otra muy distinta es que ni siquiera se le permita llegar a la etapa de medición sin que exista una justificación debidamente fundada y motivada.
La dirigencia partidista tiene facultades para organizar sus procedimientos y valorar perfiles, pero esas facultades no son absolutas. Deben ejercerse conforme a las reglas previamente establecidas.
Una convocatoria partidista no puede convertirse en un documento orientativo que la dirigencia cumple cuando le conviene y deja de observar cuando sus decisiones políticas apuntan en otra dirección.
El argumento de Morena fue que las coordinaciones no eran precandidaturas.
Sin embargo, el contexto político y la secuencia de los acontecimientos obligan a examinar esa afirmación con mayor rigor.
Si las personas designadas como coordinadoras terminan siendo las mismas que posteriormente se registren como candidatas a las gubernaturas, el procedimiento de coordinaciones habrá funcionado materialmente como una etapa anticipada de definición de las candidaturas, aunque formalmente se le haya asignado otra denominación.
No se trata de afirmar que la designación de una coordinación produce automáticamente una candidatura. Jurídicamente son actos distintos.
Si Morena sostiene que todavía no ha seleccionado a sus candidatos, entonces debe garantizar un procedimiento auténtico de selección, con reglas claras y oportunidades reales para quienes aspiren a participar.
De lo contrario, la convocatoria para elegir candidaturas podría terminar siendo una simple formalidad destinada a ratificar decisiones previamente adoptadas.
Y eso sería contrario al sentido democrático que debe orientar la vida interna de los partidos políticos.
El caso de Rubén Cayetano García representa una oportunidad para discutir algo más profundo que una aspiración personal.
¿Puede la dirigencia de un partido político excluir a un militante de una encuesta sin explicar suficientemente las razones?
¿Puede una persona cumplir con los requisitos de registro y, posteriormente, quedar fuera de la competencia sin conocer los criterios objetivos que justificaron esa determinación?
¿Puede la dirigencia cerrar la posibilidad de participar en la selección de una candidatura mediante un procedimiento anterior que oficialmente sostuvo que no tenía esa finalidad?
Son preguntas que deben responderse conforme a la Constitución, la legislación electoral y los documentos básicos de Morena.
El artículo 35, fracción II, de la Constitución reconoce el derecho de la ciudadanía a ser votada.
El artículo 41 establece las bases constitucionales de la función democrática de los partidos políticos.
Por su parte, el artículo 40, numeral 1, incisos b) y f), de la Ley General de Partidos Políticos reconoce los derechos de la militancia a postularse en los procesos internos de selección de candidaturas, cumpliendo los requisitos correspondientes, y a exigir el cumplimiento de los documentos básicos.
Asimismo, los artículos 44 y 46 del Estatuto de Morena regulan las bases de selección de candidaturas y las atribuciones de la Comisión Nacional de Elecciones.
En consecuencia, la dirigencia no puede disponer discrecionalmente de los derechos de participación de sus militantes.
Si Morena no abre el procedimiento para seleccionar la candidatura a la gubernatura de Guerrero, o pretende convertir la designación de coordinador en una condición de exclusividad, quienes aspiren tienen instrumentos jurídicos para defender sus derechos.
Rubén Cayetano García debe solicitar formalmente a la Comisión Nacional de Elecciones y al Comité Ejecutivo Nacional la publicación de la convocatoria correspondiente.
Debe exigir que se establezcan las fechas, requisitos, etapas, criterios de selección y mecanismos de participación.
Si no se emite la convocatoria cuando exista el deber jurídico de hacerlo, si se le excluye injustificadamente o si se establece una condición que impida su participación, podrá promover el medio de defensa intrapartidario correspondiente y, posteriormente, un juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía.
En caso de que la urgencia y el riesgo de irreparabilidad lo justifiquen, podrá solicitarse el conocimiento directo del asunto por la autoridad jurisdiccional electoral, mediante el llamado salto de instancia o per saltum.
Por tratarse de una controversia vinculada con la selección de la candidatura a la gubernatura de Guerrero, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sería, en principio, la autoridad jurisdiccional competente.
La pretensión no debe consistir en que un tribunal designe a Cayetano como candidato. Lo jurídicamente defendible es exigir que se respete su derecho a participar, que se cumplan las reglas partidistas y que no se le excluya arbitrariamente.
Hay algo que Morena debe entender: la unidad no se construye anulando las diferencias ni pidiendo a los inconformes que acepten decisiones que consideran contrarias a las reglas.
La unidad partidista no puede estar por encima de los derechos de la militancia.
Quien aspire a una candidatura no está obligado a renunciar a sus derechos para demostrar lealtad a un proyecto político.
Tampoco puede confundirse disciplina partidista con obediencia incondicional a las decisiones de una dirigencia.
Si el partido se fundó bajo la bandera de la participación popular, debe demostrarlo precisamente cuando sus propios procedimientos son cuestionados.
La legitimidad de una candidatura no depende exclusivamente de quién resulte favorecido por una encuesta, sino también de la legalidad, transparencia y equidad del procedimiento mediante el cual se selecciona.
Rubén Cayetano García ha anunciado que esperará la apertura del procedimiento para registrarse como aspirante a la candidatura a gobernador de Guerrero.
Su posición plantea un desafío a la dirigencia: demostrar que existe una verdadera voluntad de abrir la competencia interna y no simplemente de formalizar una decisión previamente tomada.
Si Morena abre el procedimiento y garantiza condiciones de igualdad, corresponderá a la militancia y a los mecanismos de selección determinar quién debe encabezar la candidatura.
Pero si no lo hace, o si utiliza la elección de coordinadores como una barrera para impedir la participación de otros aspirantes, tendrá que explicar por qué el procedimiento que supuestamente no seleccionaba candidatos terminó condicionando la posibilidad de competir por una gubernatura.
La cuestión ya no es solamente quién será el candidato de Morena en Guerrero.
La cuestión es si los militantes tienen realmente derecho a competir o si ese derecho termina donde comienzan las decisiones de la cúpula partidista.
Porque la democracia interna no consiste en convocar al pueblo para que legitime decisiones previamente tomadas. Consiste en garantizar que pueda participar en la toma de esas decisiones.
Y si las reglas no se respetan desde adentro, el derecho electoral debe ser el instrumento para exigir su cumplimiento.
El tiempo, las decisiones de Morena y, en su caso, los tribunales electorales tendrán la última palabra.
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