Ciudad de México
20/07/2023
La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández, se pronunció por mejorar la capacidad de respuesta, a través de las Mesas de Coordinación interinstitucional, ante la llegada y estancia prologada de personas del sur del continente que, en su mayoría, huyen de la violencia en sus países de origen y requieren de protección reforzada.
Así lo señaló en su participación en la Quinta Cumbre de Movilidad Humana y Derechos Humanos, de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), realizada en Cochabamba, Bolivia, donde se refirió a la actual crisis de movilidad global.
En su exposición sobre la “Respuesta de las Instituciones Estatales ante los flujos migratorios”, llamó a retomar el espíritu del Acuerdo de Cartagena (1969), con el propósito de mejorar juntos el nivel de vida, mediante la integración y la cooperación económica y social.
Se estima, dijo, que desde 2016 a la fecha, cerca de 7 millones de personas provenientes de Venezuela y de otras 700 mil de Haití han salido de su país. De igual forma se ha incrementado la movilidad de personas originarias de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, hacia México en su andar a los Estados Unidos.
Ante este contexto, advirtió la Ombudsperson capitalina, las instancias locales han atendido esta situación. En el caso de la Ciudad de México, el impacto se ha observado en la capacidad instalada de 9 albergues de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) -para 600 personas-, y otro del Gobierno local -para 300-, y con la consecuente insuficiencia de servicios.
Los retos que impone el cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano con el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular (Marruecos, 2018), primer acuerdo intergubernamental, que pone a los migrantes y sus derechos humanos en el centro, independientemente de su estatus, obligan a la capital del país a responder a través de políticas de inclusión social, acceso al mercado laboral y de atención especializada para mujeres embarazadas y de niñas y niños en primera infancia.
De acuerdo con la Constitución Política de la Ciudad de México (Artículo 7), agregó Ramírez Hernández, se hace un llamado también a observar a diversificación de las rutas migratorias y el consecuente aumento de riesgos para las personas en tránsito; así como la diversificación de la población, que pasó a ser de mayoritariamente hombres a familias completas.
A lo anterior, apuntó, se suma la prolongación indefinida de la estancia de las personas migrantes, que de un país de tránsito lo coloca como destino; así como a que la violencia se ubica como razón principal, a diferencia de la diversidad de factores que obligaban, antaño, a las personas a abandonar su país.
Ante estos desafíos, la CDHCM, al igual que otras Comisiones locales, insistirá en la necesidad de la colaboración interinstitucional, de la mano de los Gobiernos, de las OSC y del Sistema Regional de Protección de Derechos Humanos, para erradicar políticas migratorias restrictivas.
En la Mesa 2 “Retos, desafíos y respuestas de las Defensorías del Pueblo, Procuradurías y otras instancias ante los nuevos contextos de protección internacional en la región”, se habló también del Contexto Mundial sobre migración internacional –Organización Internacional para las Migraciones (OIM)-; de la Experiencia de República Dominicana para la atención y protección de las personas migrantes; y sobre los Orígenes y causas de la migración -Venezuela-.
Asimismo, sobre la Panorámica de las nuevas realidades de Movilidad Humana en la zona norte de Centroamérica -El Salvador-; la Experiencia brasilera ante los flujos migratorios y la atención a víctimas de trata; de los Procesos de integración social, económica y cultural (regulación migratoria) -Ecuador-; y de la Problemática identificada y buenas prácticas en la lucha contra la Trata de Personas y tráfico ilícito de migrantes -Río Cuarto, Argentina-.
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