LECTURA POLÍTICA
AMLO: reforma electoral negada
Noé Mondragón Norato
Si lo que el presidente AMLO pretendía era dar un golpe de timón al paquete de reformas aprobadas durante el sexenio del priista Enrique Peña Nieto, en realidad con su reforma electoral del pasado 5 de febrero, no abordó los puntos álgidos del asunto, los cuales son responsables directos del dispendio del dinero público, las torcidas y convenencieras alianzas partidistas y el empoderamiento sistemático de los mini partidos en claro detrimento de la hacienda pública. Es cuestión de ubicar los errores del presidente en esta materia.
REFORMA ELECTORAL COJA. – Aunque la propuesta orientada a desaparecer las 200 diputaciones federales plurinominales y las locales, así como recortar significativamente el número de regidores en las comunas municipales es una medida plausible porque permite un ahorro considerable, en realidad lo que mete mucho más ruido son al menos tres asuntos que el presidente AMLO eludió deliberadamente: 1.- No quiso aumentar el porcentaje de votos obtenidos por los partidos pequeños a fin de que conserven o pierdan su registro. En la legislación electoral actual, si los partidos políticos obtienen el 3 por ciento de los votos, conservan su derecho a participar en elecciones. Pero eso implica su manutención con los impuestos ciudadanos. Si el porcentaje exigido se elevara a seis o siete por ciento de los votos, muchos partidos pequeños estarían obligados a desaparecer o refundarse hasta alcanzar el porcentaje requerido. Se les quitaría, además, la posibilidad de que los dueños de esas franquicias partidistas se enriquezcan y trafiquen con las relaciones de poder impunemente. Tal parece que para todos los partidos políticos con mayores clientelas electorales 
—como Morena, PAN y PRI— se necesita de los partidos pequeños o bonsái a fin de fortalecer su presencia al momento de la votación. Pero es en el fondo, un lastre político que debe erradicarse con urgencia. No sólo para fortalecer la democracia —en otras naciones desarrolladas son dos o tres partidos los que participan en contiendas electorales, no más—, sino para evitar el desangre financiero de los ciudadanos que, con el pago de sus impuestos mantienen esa infame partidocracia. 2.- El principio de la reelección es una herencia de la reforma electoral del priista Peña Nieto. Y el presidente AMLO se hizo el disimulado. No quiso extinguirla a pesar de ser “conservadora”. Y hoy les ha servido únicamente a “las mafias del poder” que el presidente combate en el discurso, pero que en el Morena se están reproduciendo indiscriminadamente. Alienta cacicazgos familiares y se convierte en una nociva cultura, pues inicialmente se vendió como modelo de desarrollo democrático de primer mundo, pero sin que la cultura y el desarrollo de los individuos en nuestro país estuviera en ese mismo nivel. Fue en ese momento cuando la reelección se pervirtió convirtiéndose en nocivo paradigma para prolongar la permanencia de los improductivos. De aquellos que la entendieron como “bondadosa” y parasitaria forma de vivir a costa de los presupuestos públicos. De grupos políticos que advirtieron su condición utilitaria para aprobar leyes o iniciativas convenientes en los Congresos federales y estatales. La percibieron como un número, pero no como lastre para los presupuestos. La larga fila de todos aquellos que buscan reelegirse sin merecerlo no sólo confirma su propia voracidad individual, sino la verdadera pobreza y retrocesos democráticos que la acompañan. 3.- El financiamiento de las campañas electorales está regulado. Pero las sanciones contra los partidos políticos por violarlas son risibles. De hecho, todos los partidos políticos se protegen unos a otros en este sentido. Y hay tres fuentes de financiamiento muy evidentes dentro de cada una de las campañas electorales: los fondos públicos, las contribuciones ilegales de particulares y el dinero del crimen organizado. Hasta hoy ninguna autoridad electoral ha sancionado por aplicar los dos últimos puntos, a ningún partido político. Y sin sanciones verdaderas en ese juego de simulaciones, atropellos y suciedades, todo está permitido. El presidente AMLO tampoco se atrevió a reformar lo anterior. ¿Cómo blinda entonces los señalamientos de que las campañas presidenciales están financiadas por el crimen organizado sin que él, en su calidad de ejecutivo federal, ataque ese mal de raíz? Como se ve, el juego democrático sigue quedando sujeto a los vaivenes de la oscuridad y la turbulencia. Y la reforma electoral presidencial quedó coja.
HOJEADAS DE PÁGINAS…La designación de Javier Taja Ramírez como candidato del Morena a diputado federal por el distrito 4 de Acapulco, levantó ámpula en la militancia local del partido presidencial. Porque se percibió como una “amenaza política externa” y contraria a los principios de ese partido. El portal Eme Equis consignó en noviembre de 2021, que El Cártel Constructor —integrado por los hermanos Ricardo y Javier Taja Ramírez— obtuvo 257 millones de pesos en contratos durante el gobierno priista de Héctor Astudillo. Javier Taja era director de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (Cicaeg). Por esa razón, muchos morenistas lo ven como un caballo de Troya de Astudillo, infiltrado en el Morena. Y las cúpulas de ese partido enmudecieron.
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