Marcial Campuzano
05/03/2024
Chilpancingo, Gro.
La Junta de Coordinación Política del Congreso local que preside la morenista Citlalli Calixto Jiménez, se negó este lunes a recibir una denuncia de juicio político en contra de la presidenta municipal de Chilpancingo Norma Otilia Hernández Martínez, que integró la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) por haber atentado contra monumentos históricos de la ciudad, y por negar el derecho de petición que el año pasado formularon varias organizaciones sociales.
Por tal motivo, la APPG determinó presentar el procedimiento jurídico contra la primera edil de la capital del estado ante la Cámara de Diputados federal y el Senado de la República, y girar escritos al presidente de México Andrés Manuel López Obrador para que sepa el tipo y calidad de autoridad municipal que hay en Chilpancingo.
Este lunes el dirigente de la APPG Nicolás Chávez Adame y dirigentes e integrantes de organizaciones sociales, acudieron a la sede del Congreso para presentar de manera formal una denuncia de juicio político contra la alcaldesa, y se encontró con instalaciones legislativas cerradas sin que nadie los atendiera, por lo que consideró que es evidente que los diputados protegen a la presidenta municipal, “a pesar de que hay evidencias contundentes de que se reunió con líderes de grupos delictivos”.
Con micrófono en mano, Chávez Adame dijo que es la segunda ocasión que el Congreso local se niega a recibir la denuncia de juicio político en contra de Norma Otilia Hernández. La primera ocasión ocurrió el 2 de febrero en el marco de un aniversario luctuoso más del comandante guerrillero Genaro Vázquez Rojas.
En esa fecha los miembros de la APPG retiraron el Monumento a los Caídos del 60 del lugar donde la presidenta municipal lo reubicó en la Alameda “Francisco Granados Maldonado”, y lo reacomodaron en el sitio original en la misma Alameda.
Chávez Adame sostuvo que Norma Otilia Hernández atentó contra monumentos y sitios históricos de la ciudad, al derribar las 20 columnas que representaban al mismo número de chilpancingueños que fueron asesinados el 30 de diciembre de 1960 por militares, por órdenes del ex gobernador Raúl Caballero Aburto cuando luchaban por conquistar la autonomía de lo que ahora es la Universidad Autónoma de Guerrero.
Antes de que en ese sitio la presidenta municipal derribara las columnas y construyera una fuente danzarina, la APPG y organizaciones sociales les solicitaron audiencias para que cesara en su afán de demoler el monumento.
El planteamiento que le iban a presentar, era que respetara ese espacio y que construyera un museo en la Alameda para que los estudiantes conocieran la lucha social emprendida para lograr la autonomía de la universidad. La alcaldesa nunca los recibió en audiencia.
Este lunes pretendieron entregar y presentar formalmente la denuncia de juicio político, pero nadie la quiso recibir en el Congreso, lo cual evidencia que los diputados protegen a la presidenta municipal, a pesar de que “tiene integrada una carpeta de investigación por la reunión que tuvo con presuntos líderes de un grupo delictivo”.
Por la lucha social que ha emprendido contra acciones realizadas por la alcaldesa, Nicolás Chávez responsabilizó a Norma Otilia Hernández de lo que le ocurra a él, a su familia y a cualquier integrante de la APPG.
Manifestó además que el ex guerrillero y catedrático de la Facultad de Derecho de la universidad Arturo Miranda Ramírez, es un traidor y un delator al exigirle a la autoridad municipal que le aplique todo el peso de la ley. También responsabilizó a ese trabajador universitario de lo que le ocurra, “por ser una persona peligrosa”.
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