LECTURA POLÍTICA
Seguridad Pública bajo control castrense
Noé Mondragón Norato
El antecedente es irrebatible: en Guerrero es el presidente AMLO, el propio Ejército Mexicano y La Marina quienes tienen el control de la seguridad pública. Inútil condenar en ese sentido a la gobernadora Evelyn Salgado y exigirle resultados, pues las decisiones en la materia escapan a su control. Por eso mismo, en los hechos recientes donde murió uno de los normalistas de Ayotzinapa, la responsabilidad indirecta debe endosarse al propio inquilino de Palacio. Y al Ejército. El sólo hecho de que la fiscalía general de la república (FGR) atraiga el caso y suba en automático el volumen de los decibeles mediáticos y de las redes sociales, se convierte en evidente cortina de humo. Es cuestión de atar los cabos.
SEGURIDAD PÚBLICA CASTRENSE. – Desde que el Morena ganó la elección de gobernador aquí, el presidente AMLO decidió tomar bajo su control la seguridad pública estatal. Se lee así: 1.- La primera y más fuerte señal estuvo asociada a la designación de la teniente coronel Sandra Luz Valdovinos Salmerón, como titular de la fiscalía general del estado (FGE) el 28 de diciembre de 2021. Sustituyó al astudillista Jorge Zuriel de los Santos Barrila. Esa designación con tutoría política desde el centro del país se percibió como acertada, pues titulares de la dependencia civiles habían desempeñado papeles polémicos al frente de dicha dependencia. 
La llegada de una mujer militar levantó expectativas favorables. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Porque atenida a la política presidencial de “abrazos, no balazos” la titular de la FGE literalmente, se echó a dormir. Los cientos de carpetas de investigación por crímenes sin resolver reposan en el archivo muerto de la dependencia. La violencia terminó rebasándola. Y como es al parecer, una cuota que el presidente negoció con las cúpulas del Ejército, la teniente coronel pidió licencia al cargo por seis meses ante el Congreso local de piedra, apenas el pasado 14 de febrero. Ocho días después desistió y regresó a su cargo. Su retorno se dio en la coyuntura en la que los curas de la Iglesia católica habían negociado una tregua entre grupos delictivos que se disputan los territorios de la capital guerrerense. Y en el reciente crimen del normalista Yanki Kothan Gómez, la FGE se percibió marrullera para llegar al lugar de los hechos a recolectar las evidencias. ¿Alcanzarán las pesquisas de la FGR a la propia titular de la FGE, Sandra Luz Valdovinos y al Ejército de soslayo, en virtud de que esta funcionaria forma parte de esa institución castrense? 2.- El pasado 25 de enero ocurrió el relevo en la Secretaría de Seguridad Pública estatal. Se fue el marino y capitán naval, Evelio Méndez Gómez. Y llegó el general brigadier del Ejército, Rolando Solano Rivera. Para reafirmar que era esa, una posición de las fuerzas castrenses en Guerrero —la segunda con Sandra Luz despachando en la FGE—, acudió a la toma de protesta el propio titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González. El punto es que, para efectos del combate al delito, la violencia y el crimen, ni Méndez Gómez ni Solano Rivera han dado resultados convincentes. Pero el asunto quemante se asocia al zafarrancho donde murió el joven normalista de Ayotzinapa quien curiosamente, estuvo en la primera línea del derrumbe a la puerta de Palacio Nacional. Y fueron policías estatales los involucrados en la presumible alteración de la escena del crimen. Ellos dependen del secretario de seguridad pública estatal, Rolando Solano. Si el presidente ya concedió que en ese lamentable caso se dio “abuso de autoridad” y anunció que “no habrá impunidad y ya están detenidos los responsables”, ¿alcanzará esa sucia cuerda de la ley y la justicia para tocar a las cabezas? ¿O como siempre ha ocurrido en gobiernos “conservadores” del pasado, se llegará únicamente a los policías de a pie en su calidad de carne de cañón? Un ingrediente adicional perturba: son justamente las fuerzas castrenses a quienes los normalistas de Ayotzinapa han señalado con insistencia, de haber tenido injerencia en la desaparición de los 43. Apenas el pasado 24 de enero ocho militares fueron excarcelados y llevaran en libertad su proceso por el delito de desaparición forzada relacionada justamente, con ese polémico e inacabado expediente. Qué tal.
HOJEADAS DE PÁGINAS…Como el PRD borda la pérdida de su registro, el exedil de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre jugó lo que parece ser su última carta política en ese partido. Pero cerró su futuro en otros. Y tras los forcejeos con el exgobernador Ángel Aguirre y las alianzas con otras tribus a las que no les alcanzó tajada en el reparto, empujó dos maniobras: desistió ir como candidato a la alcaldía de Acapulco —a sabiendas de que ese partido tiene perdida de antemano la elección en el puerto—, y metió a su esposa Perla Edith Martínez como diputada federal plurinominal. Y él mismo aseguró la diputación local por esa misma vía. Para que todo quede entre familia. Y también, para acabar de darle el tiro de gracia a ese partido.
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