CAMINOS DEL SUR0623
Una familia regional
Manuel Nava
La violencia desatada por el cartel Nueva Familia Michoacana refleja un panorama complejo en términos de seguridad y gobernabilidad.
El gobierno de los Estados Unidos anunció el 21 de junio, sanciones económicas contra ocho líderes y lugartenientes del cartel mexicano La Nueva Familia Michoacana entre los que figuran Rodolfo Maldonado Bustos, y Josué Ramírez Carrera.
Las sanciones implican que todos los bienes y participaciones en bienes de los sancionados ubicados en Estados Unidos o estén en poder o bajo el control de estadounidenses quedan bloqueados.
Los cargos son por tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetamina, así como por contrabando de migrantes a través de la frontera con México.
La Nueva Familia Michoacana trafica con metanfetamina, pero en los últimos años expandió su actividad a la producción de fentanilo que hace entrar en Estados Unidos a través de la frontera “mediante autobuses, entre otros medios de transporte a ciudades como Atlanta, Houston, Dallas, Tulsa, Chicago y Charlotte.”, detalla el documento emitido por el departamento de Estado.
Los ocho sancionados son un miembro “poderoso”, al que Washington acusa de controlar las rutas de la droga desde Ciudad Altamirano hasta la zona de Zihuatanejo-Lázaro Cárdenas, ambas en el estado de Guerrero.
Maldonado Bustos es considerado un miembro “poderoso”, al que Washington acusa de controlar las rutas de la droga desde Ciudad Altamirano hasta la zona de Zihuatanejo-Lázaro Cárdenas, ambas en el estado de Guerrero, en el suroeste de México.
Ramírez Carrera es identificado como el “líder financiero y tercero en la línea de liderazgo de La Nueva Familia Michoacana” y se encarga “del lavado de dinero” a través del negocio de ropa usada.
Otro de los sancionados es Josué López Hernández, otro de los sancionados, “es un lugarteniente clave de La Nueva Familia Michoacana y tiene importantes conexiones regionales con otros cárteles como el CJNG”, el Cartel de Jalisco Nueva Generación.
El Comité Económico Conjunto de Estados Unidos estima que la epidemia de opioides costó al país casi 1.5 billones de dólares en 2020.
El hecho tiene repercusiones en la Región Pacífico Sur y en particular en Guerrero, al ser e territorio base de la operación de la Nueva Familia Michoacana y se extiende a las entidades integrantes de la RPS.
En Chiapas se registra un incremento en la actividad de grupos como la Nueva Familia Michoacana, generando tensiones significativas en áreas rurales y zonas fronterizas. La violencia asociada con el narcotráfico y otras actividades ilícitas ha contribuido a un clima de inseguridad persistente, afectando tanto a residentes locales como a turistas y empresarios.
De Tapachula a la selva Lacandona pasando por Comalapa y Chicomuselo, la pelea entre carteles, el abandono del Estado y su rastro de asesinatos, desplazamientos, secuestros y extorsiones, pero también los intentos de la población local y la migrante por sobrevivir, son una constante.
Históricamente Guerrero está afectado por la violencia del crimen organizado, la entidad ha visto un aumento en la actividad de la Nueva Familia Michoacana, con los enfrentamientos con grupos rivales y las autoridades locales. La presencia de este grupo exacerba problemas de seguridad ya existentes, y afectan gravemente a comunidades vulnerables y agravando la percepción de inseguridad en las 8 regiones.
Como cuna de la Nueva Familia Michoacana, esa entidad enfrenta desafíos profundos en términos de seguridad. A pesar de los esfuerzos del gobierno por contener la violencia, la situación sigue siendo volátil con enfrentamientos frecuentes entre grupos criminales rivales y las fuerzas de seguridad. Esto ha llevado a una situación de crisis humanitaria en algunos lugares, con desplazamientos forzados y violaciones graves de derechos humanos.
Si bien Oaxaca es la menos afectada en comparación con otros estados, la presencia de la Nueva Familia Michoacana genera preocupaciones crecientes entre las autoridades locales y la población. Incidentes de violencia y amenazas han sido reportados, evidenciando una expansión de las actividades delictivas y un desafío para las fuerzas de seguridad locales pues en las ocho regiones de la entidad hay registro de organizaciones delictivas. Las capturas de miembros de estos grupos suelen suceder por denuncias o porque son hallados en flagrancia, sin embargo, también hay seguimientos más específicos.
Hay grupos que se están dedicando al trasiego de armamento desde la Ciudad de México hacia lo que es la parte de la frontera sur, las ganancias con los flujos migratorios, en promedio, son de 500 a 600 mil pesos, tan solo en el trasiego de migrantes.
La irrupción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el Istmo de Tehuantepec busca obtener control del Transístmico por la gran cantidad de recursos que se está manejando en esa zona.
Existe la urgente necesidad urgente de estrategias integrales que aborden tanto las causas subyacentes de la criminalidad como la corrupción y la falta de desarrollo económico en estas regiones. La cooperación entre los diferentes niveles de gobierno y la sociedad civil es crucial para restaurar la paz y la estabilidad en estas áreas afectadas.
Por los consumos y sus consecuencias, las drogas serán como la bomba atómica diría la abuela.
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