+ Previamente se guardó un minuto de silencio por los abogados Jorge Lara y Raúl Carrancá y se aprobaron nombramientos de 25 magistrados para ocupar posiciones a lo largo de todo el país,
Luis Serieys Zárate
Ciudad de México
24/07/2024
Una vez más en el mes de julio la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dedicaron la mayor parte de su tiempo en discutir sobre la legalidad o no de la forma en que se debe realizar el reparto de diputaciones y senadurias plurinominales.
Los representantes del Grupo Parlamentario de Morena, por ambas cámaras insistieron en postura de que el reparto de posiciones plurinominales debe realizarse a partir del número de distritos electorales por mayoría relativa que ganaron, pues dicen que obtuvieron la victoria en el 85 por ciento de ellos como Alianza.
El problema a la hora de presentar los argumentos es que se equivocaron en la interpretación del artículo 54 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se han dedicado a promover sólo los incisos IV y V de ese artículo, que a la letra dicen:
IV. Ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios;
(V. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Esta base no se aplicará al partido político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la Cámara, superior a la suma del porcentaje de su votación nacional emitida más el ocho por ciento;
Cabe destacar que en los distintos foros el inciso V del artículo 54 constitucional sólo lo presentan hasta la parte donde dice que pueden tener su porcentje de votación más el 8 por ciento de la votarión emitida, pero se olvidan de decir la parte final del artículo que señala “Esta base no se aplicará al partido político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la Cámara, superior a la suma del porcentaje de su votación nacional emitida más el ocho por ciento”.
Y por si fuera poco los morenistas han olvidado mencionar el inciso VI del artículo 54 de la Constitución que a la letra dice:
VI. En los términos de lo establecido en las fracciones III, IV y V anteriores, las diputaciones de representación proporcional que resten después de asignar las que correspondan al partido político que se halle en los supuestos de las fracciones IV o V, se adjudicarán a los demás partidos políticos con derecho a ello en cada una de las circunscripciones plurinominales, en proporción directa con las
respectivas votaciones nacionales efectivas de estos últimos. La ley desarrollará las reglas y fórmulas para estos efectos.
Y para terminar se les critico por parte de la oposición el hecho real de que MORENA y sus aliados obtuvieron una votación del 54.7’ por ciento para diputados y 54.47 por ciento para senadores con lo que obtuvieron 256 diputados y 30 senadores con la votación en su favor de de poco más de 30 millones en ambas cámaras, lo que representa sólo un tercio de los votos posibles registrados en el padrón electoral de casi 98.5 millones de votantes, por lo que no pueden hablar del mandato del pueblo de México, porque no cuentan con la mitad más 1 de los votos de todos los mexicanos con credencial para votar.
Y al final de cuentas con todos los argumentos presentados por senadores y diputados de los partidos oficiales y de los opositores por obvias razones no llegaron a ningún acuerdo, pero reconocen ambas parte que al final de cuentas es un problema de interpretación legal y no de un asunto político donde ambas partes expresaron sus fobias contra sus adversarios en distintas formas porque unos hicieron el reparto en el pasado y hoy no quiefren aceptar el que quieren interpretar los partidos en el poder.
Precisamente la Comisión Permanente aprobó el nombramiento de 25 magistrados que irán a ocupar posiciones a lo largo del país y que aún sin conocerse sus filiaciones políticas ya fueron nombrados y serán posiciones transexsenales, sobre todo para, se dice, proteger a la Secretaría de Hacienda, a la que difícilmente alguien le va a ganar un juicio de amparo.
También se guardó un minuto de silencio por los juristas Jorge Lara y Raúl Carrancá, quienes se desempeñaron como catedráticos de la UNAM y en diversos cargos de la administración pública.
Además de la memoria de exdiputado federal Jorge Alberto Lara Rivera de la LVIII Legislatura, quien falleció el lunes 22 de julio, por ello la presidenta de la Mesa Directiva de la Permanente, senadora Ana Lilia Rivera Rivera (Morena), explicó que también fue catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales y de la Facultad de Derecho de la UNAM, y laboró en diversos espacios de la Administración Pública Federal.
Mencionó que los legisladores “Extendemos nuestras condolencias a la familia y amigos de Jorge Lara Rivera y esperamos que encuentren pronta resignación” y solicitó que puestos de pie guardaran un minuto de silencio en su memoria.
También la Mesa Directiva dio cuenta de una comunicación del grupo parlamentario del PT, por el que informa sobre la incorporación del diputado Juan Isaías Bertín Sandoval (Distrito 7-Baja California) a dicha fracción.
Lo anterior, con fundamento en lo que dispone el artículo 27, numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General, señala el documento suscrito por el coordinador del PT, diputado Alberto Anaya Gutiérrez. Se pidió comunicar a la Cámara de Diputados.
En la sesión se remitió a las comisiones de la Cámara de Diputados diversas comunicaciones de dependencias federales y de congresos locales entre los que destaca de forma interesante la propuesta de la regulación de los creadores de inteligencia artificial y de los usuarios, los recursos humanos y financieros para que las autoridades puedan hacer frente a los retos que plantea, competencia bien definida de la Federación, estados y municipios, análisis oportuno de todas las leyes que serán impactadas con la regulación de la inteligencia artificial, y los mecanismos para garantizar la protección de los datos personales, la privacidad y la intimidad de todas las personas mexicanas.
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