El documento fue filtrado antes de la publicación del informe del mecanismo, pero éste reporta que 150 de los 183 nombres que aparecen sí están acreditados de ser víctimas de desaparición forzada.
Texto: Ramón Gracida Gómez/ Foto: Facebook MEHistoricomx
08/10/2024
Acapulco, Gro.
El Ejército “es responsable de generar un estado de excepción” durante la guerra sucia que dio cabida a que grupos del crimen organizado tomaran el control de la sierra media de Atoyac, según el informe Verdades Innegables por un México sin Impunidad, a cargo de la comisionada del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH), Eugenia Allier Montaño.
La restitución de tierras a los desplazados de la década de 1970 es una acción necesaria del Estado mexicano para reinstalar la legalidad y la justicia en la sierra, y desterritorializar al crimen organizado, plantea el documento de 2 mil 20 páginas.
En un comunicado difundido el 2 de octubre pasado en su cuenta de X (antes Twitter), Allier Montaño, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), informó que el 30 de septiembre entregó el documento a familiares y este jueves 10 de octubre va a presentarlo públicamente en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
El informe concluye que entre 1965 y 1990, el Estado mexicano desplegó una violencia de carácter contrainsurgente, “es decir, un conjunto de políticas, programas y acciones que tuvieron como objetivo la represión y el aniquilamiento de personas y organizaciones que actuaban políticamente en oposición al régimen o en abierta disidencia”.
Incluye una larga lista de víctimas de desaparición forzada, muchas provenientes de Guerrero, y recomienda, entre varias medidas, que continúe la investigación y los procesos jurídicos, reparar el daño, establecer medidas de no repetición, buscar a los desaparecidos y transferir en su totalidad al Archivo General de la Nación (AGN) los acervos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) generados entre 1965 y 1990.
El otro informe del MEH, Fue el Estado (1965-1990), es firmado por los otros tres comisionados, Abel Barrera Hernández, David Fernández y Carlos Pérez Ricart, y presentado en agosto pasado.
En su informe Fue el Estado, Abel Barrera, David Fernández y Carlos Pérez Ricart explican que la razón principal por la que escribieron un documento independiente de Allier “fue la falta de reconocimiento del Índice del Informe por parte de la comisionada, estructura que se había trabajado de manera colegiada por todos los equipos de investigación a petición de las personas comisionadas”.
Los vuelos de la muerte, una “práctica sistemática”
El informe señala que los Vuelos de la muerte tuvieron dos etapas, la primera va de 1971 a 1974, cuando eran lanzadas al mar, ríos o lagos las personas trasladadas “desde comunidades de la sierra de Atoyac a los centros clandestinos de detención ubicados en unidades militares”.
En la segunda etapa de 1974 a 1980 se convirtió en una “práctica sistemática, es decir, planificada y organizada desde el Estado, y fue operada por un “grupo especial” de coordinación interinstitucional denominado Grupo Informativo de Inteligencia (G.I.I.). Integrado por elementos del Ejército y de la Policía civil” con dos aviones Arava en la Base Aérea de Pie de la Cuesta.
En la investigación militar a principios de la década de los 2000 contra Francisco Quirós Hermosillo y Arturo Acosta Chaparro se integró una lista de 143 víctimas de los Vuelos de la muerte, cifra que provino de las denuncias de desaparición forzada en Guerrero en la década de 1970.
Las “inconsistencias” de esta lista, una de ellas es que ocho no murieron en la década de 1970, fueron aprovechadas por los imputados para impugnar las acusaciones. Acosta Chaparro obtuvo su libertad en 2004 y Quirós Hermosillo murió de cáncer en 2006.
El informe resalta que aún se desconoce el total de víctimas de los Vuelos de la muerte, pueden ser “cientos” con base en las bitácoras del aeronave Arava 2005, pero todavía no se conocen las bitácoras del Arava 2004. Al principio habrían sido víctimas originarias de Guerrero, pero después de otros estados.
Durante la investigación del MEH se encontró en el archivo que el Comité ¡Eureka! entregó al Centro Académico de la Memoria de Nuestra América (Camena) de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), la lista de supuestas víctimas de los Vuelos de la Muerte que Benjamín Apresa entregó a Rosario Ibarra de Piedra.
El documento fue filtrado antes de la publicación del informe del mecanismo, pero éste reporta que 150 de los 183 nombres que aparecen sí están acreditados de ser víctimas de desaparición forzada.
La ejecución de Genaro Vázquez Rojas
El MEH señala que es “urgente” el inicio de un proceso judicial que investigue a fondo sobre las responsabilidades del Estado mexicano ante la muerte del líder guerrillero Genaro Vázquez el 2 de febrero de 1972.
“A pesar de no haber sido un caso juzgado, existen indicios que muestran que el supuesto accidente automovilístico fue, en realidad, una ejecución extrajudicial realizada por agentes del Estado mexicano”.
La versión oficial esgrima que fue víctima de un accidente automovilístico en la carretera México-Morelia y fue trasladado por el Ejército durante esa misma madrugada desde el Hospital Civil de Morelia al Hospital Militar de la Ciudad de México, pero la fractura de cráneo en forma de v era similar a los culatazos o golpes con armas, lo que supone que fue asesinado.
La desaparición de El Salto Chiquito, pueblo bastión de Lucio Cabañas
El MEH reporta que entre 1972 y 1974, El Salto Chiquito, comunidad de la sierra de Atoyac, se convirtió en el principal bastión del Partido de los Pobres (PDLP) dirigido por Lucio Cabañas, por lo que “fue asediado por cielo y tierra e invadido por el Ejército para ser borrado de todos los mapas”.
En abril de 1973 se dio la primera desbandada masiva de la población por el pánico tras la masacre en la comunidad de Los Piloncillos por parte del Ejército mexicano que sitió El Salto Chiquito, pero los hombres ya habían huido al campamento guerrillero en Cabeza de Perro.
“En ese contexto de desplazamiento forzado, ante la existencia de retenes en donde por apellidarse Cabañas se podía ser objeto de torturas, ejecución extrajudicial o desaparición forzada por el Ejército, un grupo de campesinos de San Juan de las Flores y de El Salto Chiquito optaron por refugiarse en el espeso bosque tropical y armarse para defenderse en caso de que se encontraran con los soldados. Con el paso del tiempo decidieron crear el grupo de autodefensa denominado Brigada 18 de Mayo”.
A raíz del secuestro del entonces senador Rubén Figueroa Figueroa, la gente de El Salto Chiquito fue totalmente desplazada y sus casas fueron usadas como cuarteles militares, y la represión continuó con la desaparición forzada y la ejecución de varios habitantes.
El MEH afirma que la desaparición de El Salto Chiquito “se enmarca en un terrorismo de Estado que no buscó generar un proceso de pacificación en la sierra, sino que exacerbó la violencia” mediante el desplazamiento forzado, el maltrato, la humillación, la violencia sexual, la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada.
En necesaria la restitución agraria
El informe del mecanismo asevera que la restitución agraria de las tierras de El Salto Chiquito, de Arroyo Grande y Arroyo Seco “a sus dueños originarios no sólo es una acción necesaria por parte del Estado mexicano para reinstalar la legalidad y la justicia en la sierra, sino que también es un paso necesario para desterritorializar al crimen organizado”.
“El Ejército es responsable de generar un estado de excepción que dio cabida a que grupos del crimen organizado tomaran el control de la sierra media de Atoyac, por lo que la restitución agraria de muchas víctimas de la contrainsurgencia debe ser un vehículo primordial para restituir la legalidad y pacificar la región”.
El MEH denuncia que en “la actualidad existe el agravante de que quienes se apoderaron de las tierras de los insurgentes ahora tienen amenazada a la población, incluso han amenazado de muerte a quienes vivieron en El Salto Chiquito”.
Niños también fueron víctimas de violaciones de derechos humanos
Algunos casos relacionados con Guerrero son relatados por el MEH para exponer las violaciones graves a los derechos humanos contra niñas, niños y adolescentes perpetradas por el Estado mexicano y sus fuerzas de seguridad durante el periodo de 1965 a 1978.
Uno de los casos es el de los hijos de los líderes guerrilleros desaparecidos, Carmelo Cortés y Aurora de la Paz, Juan y Catarino, quienes fueron entregados siendo bebés a su abuela materna en una caja de huevos, en la Ciudad de México, días después de la detención de su madre el 3 de febrero de 1976, su padre fue detenido el 29 de agosto de 1975.
Otro caso es el de Rosendo Radilla Martínez, quien tenía 11 años cuando presenció la detención de su icónico padre del mismo nombre el 25 de agosto de 1974 entre los poblados de Cacalutla y Alcholoa; el informe subraya el desplazamiento forzado que vivió la familia.
También documenta el caso de Micaela Cabañas, hija de Lucio, quien tenía dos meses de vida cuando fue trasladada con varios integrantes de su familia al Campo Militar Número Uno.
“Las niñas, niños y adolescentes fueron utilizados como mecanismo de tortura en contra de sus padres, mediante amenazas de muerte, tortura, apropiación, en algunos casos, torturados frente a sus padres, frente a sus padres”.
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