Ciudad de México
18/10/2024
La ausencia de un enfoque restaurativo en el sistema penal, así como en la atención de la conflictividad y las causas estructurales de la desigualdad, impiden avanzar hacia escenarios de mayor justicia social, en los que las responsabilidades sean asumidas de manera individual o colectiva, civil o institucionalmente.
En ese escenario, la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández, destacó dos elementos que constituyen factores de resistencia y de posibilidad de progreso: el primero es la educación, para disminuir la asimetría de poder entre el Estado y la representación legal pública o privada; y el segundo es la acción comunitaria versus la individual, que fortalece estrategias y genera acciones a partir de la unidad, la convergencia y la identidad.
Lo anterior, durante la presentaciónde la Escuela Comunitaria de Justicia: una experiencia colectiva de lucha por el acceso a la justicia en el Estado de México y Ciudad de México, del Centro de Estudios y Acción por la Justicia Social (CEA Justicia Social), en la cual celebró la experiencia colectiva de construcción de conocimiento.
“Que este fortalecimiento comunitario se emprenda con población privada de la libertad y sus familiares del Estado de México y la Ciudad de México, no es fortuito, y tampoco lo es el llamado a los Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH), cuyo mandato es la defensa de derechos y la transformación de las condiciones sistémicas que conducen a la violación de derechos de las personas, especialmente de las que han sido estructuralmente discriminadas”, subrayó.
De acuerdo con datos del Cuaderno Mensual de Estadística Penitenciaria, indicó que hasta el pasado mes de septiembre, 88.40% de la población privada de la libertad correspondía al fuero común y 11.6% al fuero federal, quienes viven en condiciones de sobrepoblación en los 121 centros penitenciarios del país (18 federales y 103 del fuero común).
En ese mismo instrumento, dijo, se informa que el Estado de México es la entidad federativa con mayor población penitenciaria, seguida de la Ciudad de México, Jalisco, Baja California y Sonora; y que 32% de las personas privadas de la libertad en centros penitenciarios del fuero común están siendo procesadas.
La Defensora señaló que 8 de cada 10 personas privadas de la libertad solicita servicios de Defensoría Pública en materia penal, pero que las fallas estructurales en el sistema para el acceso a la justicia, podría explicar el alto número de personas en reclusión.
Expuso que además de la falta de defensa adecuada, el sistema normativo punitivo limita las opciones de las sanciones, la práctica judicial no saca provecho de los principios interpretativos para hacer uso de la sanción privativa de libertad como último recurso, la debilidad del sistema penal no es capaz de ejecutar sentencias no privativas de libertad, y que la discriminación estructural tiene por resultado la racialización y condicionamiento social.
“Todo lo anterior trasgrede el derecho de acceso a la justicia y también a la reinserción social; y la persistencia de ese conjunto y acumulación de fallas reproduce la desigualdad social y representa un alto costo integral y generacional”, subrayó.
En el marco de esta presentación, reconoció y felicitó la iniciativa de la sociedad civil, que reúne a actores sociales e instituciones de Defensa Pública locales y federal, a las Fiscalías Generales de Justicia; al Instituto de Investigaciones Jurídicas y al Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), y a organizaciones como CEA Justicia Social, Mujeres Unidas por la Libertad, Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”, Haz Valer mi Libertad, Disentir, Personas liberadas y familiares, Elementa DDHH, México Evalúa, Fon y Creatura.
En representación de la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), Myrna Araceli García Morón, Juan Antonio Laredo Sánchez celebró la tutela jurisdiccional y el acceso a los tribunales que promueve CEA Justicia Social, porque se requieren espacios que fortalezcan e impulsen las capacidades jurídicas, políticas y organizativas de las personas privadas de la libertad y de sus familias en situación de vulnerabilidad.
El Segundo Visitador General de la CODHEM dijo también que las personas que por sus condiciones económicas, sociales y/o educativas cuentan con aliados de la sociedad civil, como CEA Justicia Social, a la que reconoció como indispensable en la sinergia para hacer asequibles y accesibles los derechos humanos.
Con ese fin, agregó, la CODHEM forma parte de grupos interinstitucionales que revisan y analizan de forma exhaustiva casos considerados injustos de personas privadas de su libertad, y buscan la solución jurídica más adecuada para la aplicación de la justicia, con perspectiva de derechos humanos.
En tanto, la Coordinadora General de CEA Justicia Social, Angela Guerrero Alcántara, subrayó que en el proceso de impulsar, diseñar e implementar un diseño de justicia comunitaria, las demandas y las necesidades de las personas que se encuentran en prisión deben estar en el centro.
En esa construcción de paz en el centro del país, así como en Sonora y próximamente en otras entidades, la Escuela Comunitaria de Justicia es el motor del modelo, junto con el mecanismo de rendición de cuentas entre familiares y su defensoría; la creación de agendas políticas dentro de los centros penitenciarios, para comprometer a los actores a atender sus demandas.
Destacó de igual forma los convenios con los Institutos de Acceso a la Información para que las personas puedan ejercer sus derechos dentro reclusorios, donde también han recibido cursos en la materia y donde pudieron participar de los debates entre candidatos en el último proceso electoral.
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