+Congresistas coinciden en que esta es una reforma trascendente para la Ciudad de México
Ciudad de México
20/12/2024
En sesión extraordinaria, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local aprobaron el dictamen a la iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Constitución Política de la Ciudad de México, en materia de reforma al Poder Judicial.
La diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho (PAN), presidenta de la comisión, señaló que la iniciativa de los grupos parlamentarios de MORENA, PT, PVEM y PRD, y asociaciones parlamentarias Progresista de la Transformación y Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente, en materia de reforma al poder judicial responde a la obligación como poder legislativo de aplicar las adecuaciones legislativas necesarias para alinear la normatividad local al mandato federal.
Recordó la publicación en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de septiembre pasado, del decreto por el que se reforma, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Carta Magna en materia de reforma al poder judicial, que en el segundo párrafo de su artículo VIII transitorio señala que las entidades federativas tendrán un plazo de 180 días naturales a partir de su entrada en vigor para realizar adecuaciones a las constituciones locales.
Señaló que durante el análisis de la iniciativa se detectaron algunas áreas de oportunidad que fueron atendidas por los cuerpos técnicos involucrados en el proceso de revisión de este instrumento, y en el análisis fue necesario agregar la palabra “ordinario” al numeral 2 apartado f) del artículo 25 para mayor precisión, respecto al proceso extraordinario al que se refiere la reforma.
Asimismo, se consideró procedente la modificación al artículo 50 numeral primero para agregar la elección de personas magistradas y juzgadoras a las tareas constitucionales del Instituto Electoral de la Ciudad de México.
En cuanto al transitorio II, que se refiere a los porcentajes de totalidad de las personas que participan en el proceso electoral extraordinario al que se refiere la reforma, estas comisiones valoran que en este artículo transitorio II se indica que en este proceso se elegirá a la totalidad de las personas integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, así como magistraturas y personas juzgadoras que se encuentran vacantes, separaciones definitiva, retiros programados, así como las personas magistradas y juzgadoras que se encuentran en funciones y que decidan participar en el proceso extraordinario, precisando que en ningún caso el porcentaje podrá ser menor al 30 por ciento de la totalidad de personas magistradas y juzgadoras y sólo en caso de ser necesario se insacularía a estas personas, para integrar el porcentaje mencionado.
Lo anterior resulta compatible, por el mandato del artículo VIII transitorio del decreto en comento, porque este precepto permite que los congresos locales, en ejercicio de su libertad de su configuración legislativa decidan si la renovación de las personas juzgadoras de sus respectivos poderes judiciales ocurrirá en el 2025 sin obligarlas a realizarlo sobre un porcentaje o cantidad en específico. Sólo están obligados a efectuar esta renovación de la totalidad de cargos concluya cuando tenga lugar la elección federal ordinaria del año 2027.
La diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya (PT) aseguró que esta reforma transformará al Poder Judicial, haciéndolo más cercano, humano y accesible para todas y todos, “con un sólido compromiso con la justicia”, en particular con los sectores vulnerables y con equidad de género, e igualdad de mujeres y hombres en los puestos clave, que serán electos con procesos transparentes, y con una renovación escalonada en los cargos.
La diputada Elizabeth Mateos Hernández (MORENA) mencionó que por primera vez la ciudadanía participará activamente en la construcción de un Poder Judicial que atienda las necesidades de las y los mexicanos; específicamente se elegirán 374 jueces y juezas, y 79 magistradas y magistrados, bajo el principio de paridad de género, por estas razones señaló fundamental apoyar el dictamen.
La diputada Yolanda García Ortega (PVEM) indicó que la reforma judicial es un cambio importante para el sistema democrático y judicial, y recordó el plazo de 180 días naturales que tiene el Congreso capitalino para realizar las adecuaciones necesarias a la Constitución local.
“La democracia va más allá de la simple elección popular”, sostuvo el congresista Royfid Torres González (MC) quien recalcó que si no hay una reforma integral de poco puede servir este cambio, pues la Constitución capitalina fue generada a través de muchos esfuerzos y no se debería seguir un diseño constitucional que tiene muchos errores. Advirtió que en su momento se presentarán reservas para mejorar los mecanismos de transparencia y de requisitos para la elección.
El legislador Juan Estuardo Rubio Gualito (PVEM) señaló que la retórica subjetiva en este momento no abona, y expresó que la aprobación del presente dictamen no sólo representa un avance histórico, sino también habla del carácter popular de la reforma y habla que todos los poderes de la unión y de la administración pública pasan por el velo del pueblo.
La diputada Olivia Garza de los Santos (PAN) señaló estar en contra del dictamen, y aseguró que las reformas propuestas vulneran el equilibrio entre los poderes que rigen al país y a la Ciudad de México y somete al Poder Judicial al gobierno. Añadió que esta reforma representa un retroceso para la democracia.
El diputado Diego Orlando Garrido López (PAN) afirmó que la reforma judicial a nivel federal “nació viciada de origen” y que esta reforma es la continuidad del mismo proceso, por lo que votaría en contra de la misma, y que la elección de jueces y magistrados será una simulación, la ser direccionada por un grupo político, además de que la reforma se realiza “a marchas forzadas”.
La diputada Patricia Urriza Arellano (MC) resaltó el complejo proceso de aprendizaje que llevan las personas juezas y magistradas, y en lo que las nuevas personas que ingresen al Poder Judicial lleven este lento proceso, de leyes y precedentes, seguirán llegando miles de casos de la ciudadanía en temas delicados que requieren soluciones.
El diputado Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra (MORENA) afirmó que el dictamen no disminuye las facultades otorgadas al Poder Judicial y no lo somete al gobierno, lo que busca es transformar la forma de actuar del personal que labora en éste. A fin de garantizar la representación de la ciudadanía, aseguró estar a favor de estas reformas, que están a la altura de las actuales circunstancias en la capital.
La congresista Cecilia Vadillo Obregón (MORENA) comentó que con esta reforma se asume la deuda histórica que se tiene con el acceso a la justicia y se avanza en la construcción de un nuevo Poder Judicial; además es algo que se expresó en las encuestas de opinión con un 70 por ciento de los electores a favor de votar por las personas juzgadoras. Subrayó que también se está impulsando la participación de las mujeres en este sistema.
La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (MORENA) puntualizó que no ha sido el Poder Judicial el que ha creado en México “nuestras leyes y nuestros derechos”; agregó además, que “por supuesto que cambia y va a cimbrar la forma de hacer justicia en el país, y que se gane legitimidad con el voto de la ciudadanía; pero además, también es importante que los jueces permanezcan y no sean parte de la burbuja que está distanciada de los problemas cotidianos de la población”.
La congresista Xóchitl Bravo Espinosa (MORENA) dijo que las cosas deben transformarse para bien, porque cuando se revisan el fondo de las agresiones a las mujeres, como la violencia vicaria, en todo el país, esta violencia viene de quienes fomentan la violencia, de quienes dejan salir a homicidas de la cárcel y hacen todo lo necesario para que a los violadores no se les penalice, y es el poder judicial en cualquiera de sus denominaciones, y este era el único poder que no estaba sometido al escrutinio de la gente.
Los cambios establecen requisitos y procedimientos para la elección, destacando la integración de los preceptos de la llamada “Ley 3 de 3”
Y hablando de las comisiones que tendrán que analizar la elección de los jueces en 2025, las Comisiones Unidas de Asuntos Político-Electorales y de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local aprobaron el dictamen a la iniciativa para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley Procesal Electoral, ambos de la Ciudad de México.
Lo anterior en materia de la reforma al Poder Judicial, respecto de la elección por voto popular de las personas juzgadoras que lo integran, la cual fue suscrita por las y los diputados integrantes de los grupos parlamentarios de Morena, PVEM, PT, las asociaciones parlamentarias Progresista de la Transformación, y Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente, así como el diputado Pablo Trejo Pérez del PRD.
El legislador Pedro Haces Lago (MORENA), presidente de la Comisión de Asuntos Político-Electorales, comentó que el pasado 15 de septiembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma al poder judicial, lo cual obliga a la capital a adaptar la legislación local a la federal en un plazo de 180 días naturales y establecer las bases para la elección en comento.
Subrayó que en la propuesta se incluyeron los preceptos de la llamada “Ley 3 de 3” contra la violencia de género, que obliga a interpretar y aplicar las normas en pro de la protección de los derechos humanos, evitando que accedan a cargos de elección popular personas con antecedentes de violencia; además se integran requisitos, reglas y procedimientos para ser personas magistradas y juzgadoras, así como para ocupar cargos de concejales y concejalas.
Al referir que con esta reforma a las leyes secundarias de la reforma federal al poder judicial no se está al margen de la ley, pues existe regularidad constitucional, el congresista Alberto Martínez Urincho (MORENA), presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, aseguró que se está actuando para cambiar el destino de la ciudad en materia de procuración de justicia, lo cual ha sido avalado por la población.
Entre los cambios se establece que la persona candidata debe presentar su declaración patrimonial en los términos que determine el Instituto Nacional Electoral; no estar inscrito en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, el Registro de Personas Agresoras Sexuales Vigentes, Registro de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género y no haber sido condenado por el delito de violencia familiar y en cualquiera de sus modalidades.
Además, se establece que durante estos procesos electorales los partidos políticos y las personas candidatas sin partido no contarán con representantes; además no integrarán las comisiones en las que se trate de asuntos de los cargos de elección popular del Poder Judicial de la Ciudad de México.
Al tomar la palabra, el congresista Diego Orlando Garrido López (PAN) señaló que la elección de ministros, jueces y magistrados contiene un vicio de constitucionalidad, ya que al referirse al Artículo 105 de la Constitución federal, “no se puede modificar la Ley Procesal Electoral ni el Código Electoral local, 90 días antes de la elección”, por ello, afirmó que su voto sería en contra.
El legislador Royfid Torres González (MC) adelantó su voto en contra, por los vicios que contiene la propuesta, y señaló que la principal regla que debe preocupar es la certeza a escasos meses que se lleve esta elección. Dijo que existen contradicciones porque se afirma que se democratiza este poder judicial a través del voto, pero es diferente la elección partidaria a la elección del poder judicial porque en ésta no se sabría a quién se está eligiendo.
La diputada Brenda Ruiz Aguilar (MORENA) señaló que este es un momento de reestructuración en la vida pública, y se han impulsado reformas para adelgazar la burocracia y hacer un manejo austero de los recursos públicos. Asimismo, ha iniciado una reforma para transformar de raíz al poder judicial y dar a la población la posibilidad de elegir a jueces y magistrados.
Por su parte, el congresista Ernesto Villarreal Cantú (PT) aseveró que con este dictamen el Congreso local hace lo correspondiente ante una reforma que busca atender problemas cotidianos de acceso a la justicia y falta de transparencia, pues al permitir la elección de las personas juzgadoras se otorga una nueva legitimidad al poder judicial para fortalecer la confianza con la ciudadanía; además se cumplirá con la entrega de recursos a las instituciones para realizar los procesos de elección.
El legislador Jesús Sesma Suárez (PVEM) expresó que quienes voten en contra de este dictamen cometerán un desperdicio intelectual, pues podrían haber aportado mucho a este proceso, pero sólo apuestan a la negación y al fracaso, por ello invitó a sus compañeros a realizar sus aportaciones ahora que México será un referente mundial en este tema.
En su participación, el diputado Ricardo Rubio Torres subrayó que “existe una grave crisis constitucional en nuestro país, producto de una reforma federal que ha generado un efecto pernicioso para la Ciudad de México”; aseguró que dicho dictamen es un “ataque a la independencia y autonomía del Poder Judicial Federal y de los poderes judiciales locales”, por ello adelantó que presentó un voto particular sobre el dictamen en discusión, el cual será sustentado ante el pleno del Congreso local.
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