La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta presiones para cerrar las heridas de Ayotzinapa, prometiendo justicia en campaña. La detención de Galeana podría ser un guiño a esa promesa.
desdeabajo Staff
18/05/2025
Chilpancingo, Gro.
La detención de Lambertina Galeana Marín, ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, vinculada a la desaparición de videos clave del caso Ayotzinapa, ha reavivado el debate sobre la impunidad y las responsabilidades políticas en uno de los episodios más oscuros de México.
En este contexto, la publicación de una fotografía que muestra a los exgobernadores Héctor Astudillo Flores (PRI, 2015-2021), Ángel Aguirre Rivero (PRD-PRI, 2011-2014) y Rubén Figueroa Alcocer (PRI, 1993-1999) generó especulaciones sobre su trasfondo político, especialmente por la cercanía con el arresto de Galeana y el mensaje que podría enviarse a la actual administración federal.
La detención de Lambertina Galeana se relaciona con la supuesta eliminación de grabaciones de vigilancia del Palacio de Justicia de Iguala, críticas para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas en 2014.
Galeana, figura cercana al entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero —quien renunció en 2014 tras el escándalo—, ocupaba un cargo judicial estratégico durante los hechos. Su arresto sugiere un avance en las investigaciones hacia esferas de poder locales, lo que incrementa la presión sobre Aguirre, su superior jerárquico en ese momento.
Aunque Astudillo insistió en que el encuentro fue casual y sin agenda definida, la temporalidad —un día después de la detención— levanta sospechas. Los tres exmandatarios representan distintas generaciones y facciones políticas.
Rubén Figueroa Alcocer. Heredero de una dinastía priista, su gobierno estuvo marcado por la masacre de Aguas Blancas (1995). Su presencia simboliza la continuidad de redes tradicionales de poder.
Ángel Aguirre Rivero. Gobernaba durante la tragedia de Ayotzinapa. Su renuncia no lo eximió de señalamientos por presunta negligencia o complicidad.
Héctor Astudillo Flores. Último gobernador priista antes de la alternancia en el estado, mantiene vínculos con ambos partidos.
La imagen proyecta unidad entre figuras históricamente rivales (PRI y PRD), lo que sugiere un frente común ante posibles investigaciones federales. Esto podría interpretarse como una señal de resistencia a la expansión de procesos judiciales contra exfuncionarios, especialmente en un momento en que la Fiscalía General de la República (FGR) parece intensificar su enfoque en Guerrero.
La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta presiones para cerrar las heridas de Ayotzinapa, prometiendo justicia en campaña. La detención de Galeana podría ser un guiño a esa promesa.
El caso Ayotzinapa sigue siendo un termómetro de la capacidad del Estado para combatir la impunidad. La detención de Galeana y la reunión de los exgobernadores exponen tensiones entre el proyecto de justicia transicional de Sheinbaum y los intereses de grupos políticos locales. Si la FGR decide investigar a Aguirre, la respuesta de estos actores —y su influencia en la estabilidad de Guerrero— será clave.
Lo que Astudillo califica como una “coincidencia” podría ser, en realidad, un cálculo político para mitigar el impacto de un nuevo capítulo en Ayotzinapa. La foto no solo refleja alianzas inesperadas, sino los límites que enfrenta la justicia en un Estado donde el poder político y la violencia han coexistido por décadas. Para la presidenta Sheinbaum, el reto será navegar este entramado sin ceder a la presión de unas élites que parecen recordarle que, en Guerrero, las reglas las escriben quienes alguna vez gobernaro
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