Zona Cero
Transparencia o victimismo: el caso Abelina
Roberto Santos
Cuando en el país se demanda mayor legalidad y transparencia, la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, se niega a rendir cuentas por casi 900 millones de pesos en observaciones hechas por la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Mientras los demás municipios y entes fiscalizables cumplen con sus obligaciones sin mayor conflicto, el Ayuntamiento de Acapulco insiste en rechazar la facultad de la ASE para auditar recursos públicos bajo el argumento de que son de origen federal.
Sin embargo, la Ley 468 de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado y los convenios firmados por el propio municipio desmienten esa postura.
La ASE tiene toda la legitimidad para auditar, y el auditor superior ha sido claro: no hay persecución política, hay una obligación constitucional.
En este escenario, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Jesús Urióstegui, ha actuado con firmeza y serenidad.
Desde su posición, ha reiterado que el proceso es institucional y no partidista. “Esto no va de colores, va del buen uso del dinero público”, ha dicho con claridad.
Está claro que el Congreso no está en cacería de brujas, pero tampoco será cómplice del silencio.
Lejos de presentar las pruebas que exige la ley, la alcaldesa ha optado por recurrir a una vieja fórmula política: la del victimismo.
Antes que entregar documentación o aclarar el destino de los recursos, Abelina convoca a marchas, se dice perseguida, y pretende convertir una exigencia de legalidad en una cruzada personal.
Pero la ley no entiende de aspiraciones políticas ni de arengas callejeras.
Si no puede o no quiere comprobar el uso de más de 800 millones de pesos, ¿cómo pretende administrar todo un estado?
En Acapulco, la situación es crítica: hay un tiradero financiero, administrativo, en servicios y obra pública.
Y ya no se diga de inseguridad. Un total fracaso es el que vive su administración,
Imaginar ese modelo a escala estatal es, simplemente, aterrador.
Más allá de los discursos, lo que está en juego aquí es el respeto al Estado de Derecho.
Si una autoridad electa decide ignorar los tiempos legales y desacatar los procesos, ¿qué mensaje se le envía al ciudadano común?
Que hay actores políticos que están por encima de la ley. Que rendir cuentas es opcional.
La transparencia no es un capricho ni una herramienta de golpeteo.
Es una obligación básica en democracia.
Y si Abelina López se rehúsa a cumplirla, no solo está fallando como alcaldesa, sino que también está dinamitando su propio futuro político.
En próximos días veremos qué sucede: si empieza a comprobar o le resulta positivo convocar a la marcha.
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