14/02/2022
San Diego EEUU
José Ramón López, hijo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, salió a justificar sus ingresos 17 días después de que el ojo público lo señalara por su vida de lujos en Estados Unidos, contrario a la política de austeridad que pregona el titular ejecutivo de la Cuarta Transformación.
“Trabajo como asesor legal. Soy ciudadano privado y no tengo injerencia alguna en el gobierno de México. Mis ingresos provienen al cien por cierto de mi trabajo en Houston. No hubo, ni habrá conflicto de intereses”. Mencionó José Ramón en una declaración vía Scribd.
La polémica proviene luego de darse a conocer que la residencia de 447 metros cuadrados donde presuntamente vivió en Conroe, Texas, es propiedad de un exdirectivo de la empresa Baker Hugues, que tiene contratos con Pemex y que anualmente factura 7 mil 589 millones de pesos.
Los datos fueron revelados por el medio Latinus y por una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Mexicanos Contra laCorrupción y la Impunidad (MCCI)
No obstante, hay otra incoherencia en este contexto que sale a relucir, pues el hijo del presidente dijo ser asesor legal de desarrollo y construcción para la empresa KEI Partners, lo cual resulta extraño pues José Ramón no posee ninguna licencia para ejercer como abogado en los Estados Unidos; su perfil tampoco figura en Linkedin o en el padrón de abogados oficiales en Texas, cuya búsqueda en TexasBar.Com no arroja ningún resultado colocando su nombre.
Para poder desempeñarse como abogado en la unión americana, José Ramón debería haber pasado exitosamente el State Bar Association Exam y validar su título (obtenido en la Universidad de las Américas en México) en dicho país, lo cual conlleva un proceso complejo y tardado, pues no existe una autoridad única en Estados Unidos para el reconocimiento de títulos extranjeros y otras calificaciones, sino que hay dos: La Association of International Credential Evaluators y la National Association of Credential Evaluation Services, cada una con sus códigos de conducta, aunada a la obligatoriedad de obtener una licencia o certificación del estado donde se ejerce.
Luego de que los profesionales hacen la validación de sus credenciales educativas, algo que puede tomar 2 años o más, tienen que realizar cursos, estudios, exámenes y programas, ya sea en una universidad o ante una entidad regulatoria.
Sin tener esto en cuenta, José Ramón asegura haber recibido su visa de trabajo TN y desempeñarse en esta profesión desde el 2020, sin embargo, se desconoce si ha pasado por este intrincado proceso, aunque es evidente que no aparece en el padrón de abogados oficiales en Texas.
La página donde dice trabajar, www.keipartners.com, una desarrolladora de viviendas de lujo, fue creada apenas este 2022 y su registro solo aparece en web.archive.org sin que sus empleados figuren en Linkedin.
Por su parte, el periodista Carlos Loret de Mola, reveló que dos de los fundadores de Kei Partners son Iván Chávez y Erika Chávez, hijos de Daniel Chávez, dueño del grupo Vidanta y asesor de AMLO al que se le encargó la construcción del Tren Maya, por lo que señala nepotismo.
López Obrador se deslindó de algunas acusaciones justificando en su conferencia matutina que en esta materia no existe ningún conflicto de intereses, pues el dueño de Vidanta no posee contrato alguno o negocio con el Gobierno Federal.
“Lo que dio a conocer José Ramón ayer, en efecto, es una empresa de los hijos de Daniel Chávez que me ayuda como supervisor honorífico en el Tren Maya, no cobra nada, ni tenemos ninguna relación de negocios”, aseguró el presidente de México.
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Con información de El Financiero, Proceso y Derecho UCH
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