Acción firme. El caso Abelina López Rodríguez
Lic. Moisés Torres Salmerón.
18/07/2025
Chilpancingo, Gro.
En el laberinto de los poderes públicos, uno esperaría que la ley fuese el hilo conductor. Sin embargo, los últimos acontecimientos en el Congreso del Estado de Guerrero revelan un patrón que genera más sombras que claridad. La aplicación selectiva del marco constitucional según intereses políticos.
Omisión que pesa. Reformas aprobadas fuera del plazo legal
Según el artículo 199 Bis fracción III de la Constitución del Estado, los decretos de reforma a la Constitución local deben ser aprobados por la mitad más uno de los Ayuntamientos, dentro del plazo de 60 días naturales improrrogables, contados desde el momento en que los reciben. Nueve de ellos no cumplieron con este requisito. Ante ello, el Congreso tenía en sus manos la obligación de interponer una acción de inconstitucionalidad, tal como lo permite el artículo 105 de la Constitución federal.
No lo hizo.
Esta omisión no es menor. Se trata de permitir que reformas hechas fuera del marco legal se sostengan sin ser cuestionadas. Un Congreso que calla ante esto deja de ser vigilante del orden constitucional y se convierte en acomodador de conveniencias.
Acción firme. El caso Abelina López Rodríguez
Contrasta con ello la postura firme del Congreso en el caso de la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez. Tras el amparo que frenó temporalmente el proceso de revocación de mandato, el Congreso presentó un recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, buscando continuar con dicho proceso.
El Presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), declaró que no se trata de confrontación, sino de defensa del procedimiento. Es decir, cuando se trata de sancionar a una figura política con la que existe tensión, el Congreso se moviliza con todo el peso de sus atribuciones.
Doble rasero institucional
La comparación es inevitable. Ante reformas que vulneran el marco constitucional, el Congreso opta por la indiferencia. Ante una figura municipal polémica, actúa con prontitud. ¿Qué revela esto?
Que la ley no está siendo defendida por igual.
Que el criterio jurídico queda supeditado al cálculo político.
Que se prioriza el uso del poder sobre el respeto al derecho.
Si el Congreso se convierte en curador de causas convenientes más que defensor del pacto constitucional, entonces su legitimidad comienza a erosionarse desde dentro.
Lo que está en juego
La ética pública no se mide solo por lo que se dice, sino por lo que se hace, y lo que se elige no hacer.
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