La acción interpuesta por el Congreso ante la Corte, en el caso de la presidenta municipal de Acapulco, responde a una estrategia institucional legítima
Lic. Moisés Torres Salmerón.
21/07/2025
Chilpancingo, Gro.
La declaración del presidente estatal de Morena, Jacinto González Varona en la que lamenta no haber sido consultado por los diputados locales sobre la interposición de una acción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, revela una preocupante confusión sobre las atribuciones institucionales del Congreso del Estado de Guerrero.
Desde una perspectiva técnico-jurídica, es fundamental recordar que la Mesa Directiva del Congreso, conforme a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, es el órgano facultado para representar legalmente al Congreso en actos jurisdiccionales, administrativos y políticos. Esta atribución no está sujeta a consulta con dirigencias partidistas, por más influyentes que sean en el ámbito electoral o político.
La Junta de Coordinación Política (JUCOPO), por su parte, tiene funciones de conducción política interna, coordinación entre grupos parlamentarios y definición de la agenda legislativa. No obstante, la representación legal ante instancias jurisdiccionales corresponde exclusivamente a la Mesa Directiva, como lo ha sostenido reiteradamente la Suprema Corte en criterios de interpretación orgánica de los congresos locales.
Resulta extraño que Jacinto González, habiendo sido diputado local, desconozca esta distinción elemental. Su exigencia de consulta previa no solo carece de sustento jurídico, sino que podría interpretarse como un intento de subordinación partidista de las funciones constitucionales del Congreso. En un Estado democrático, la autonomía de los poderes públicos debe prevalecer sobre intereses partidistas, incluso cuando estos provienen del mismo grupo político que ostenta la mayoría legislativa.
La acción interpuesta por el Congreso ante la Corte, en el caso de la presidenta municipal de Acapulco, responde a una estrategia institucional legítima. Pretender que dicha decisión deba pasar por el visto bueno del presidente estatal de Morena no solo desnaturaliza el principio de división de poderes, sino que erosiona la legitimidad del Congreso como órgano deliberativo y representativo.
En tiempos donde la rendición de cuentas y la claridad institucional son exigencias ciudadanas, es indispensable reafirmar que la Mesa Directiva no está obligada ni jurídicamente ni políticamente a consultar a dirigencias partidistas para ejercer sus atribuciones legales. Lo contrario sería aceptar una regresión hacia formas de control político que vulneran la autonomía parlamentaria.
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