EN OPINIÓN
Wences y la sobrerrepresentación: cuando la confesión revela el fraude
Lic. Moisés Torres Salmerón
En política, hay declaraciones que no requieren interpretación, sino escrutinio. La afirmación de Victoriano Wences Real, dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT) en Guerrero, de que su partido “ayudó a Morena a evitar la sobrerrepresentación” en el Congreso local, es una de ellas. No es una anécdota ni una estrategia electoral cualquiera: es la confesión de una maniobra que vulnera el principio constitucional de representación proporcional y exhibe, sin pudor, el uso instrumental de las siglas partidistas para alterar la voluntad ciudadana.
La Constitución es clara: ningún partido puede obtener más representación legislativa de la que le corresponde según su votación efectiva. El principio de proporcionalidad no es un tecnicismo, sino una garantía democrática. Cuando un partido registra candidatos que no le pertenecen ideológicamente, sólo para sortear los límites legales, incurre en simulación. Y la simulación, en términos jurídicos, puede constituir fraude a la ley.
Wences no sólo admite que el PT prestó sus siglas a militantes morenistas —como Pánfilo Sánchez Almazán y Claudia Sierra Pérez—, sino que celebra el resultado: una mayoría legislativa construida sobre el disfraz. ¿Qué representa entonces el PT en Guerrero? ¿Una plataforma política o un mecanismo de conveniencia?
La gravedad no está sólo en el hecho, sino en la normalización del cinismo. ¿Con qué calidad moral pretende gobernar Guerrero quien reconoce haber facilitado una distorsión institucional? ¿Qué ética pública puede sostenerse sobre acuerdos que burlan la ley y traicionan la confianza ciudadana?
La política requiere principios, no atajos. La representación democrática exige congruencia entre lo que se dice, lo que se hace y lo que se representa. Cuando los partidos se convierten en operadores tácticos, y no en portadores de convicciones, la democracia se vacía de contenido.
Esta confesión no debe pasar inadvertida. Las autoridades electorales tienen el deber de investigar si se vulneró el marco legal. Y la ciudadanía tiene el derecho de exigir rendición de cuentas. Porque en Guerrero, como en todo México, la legitimidad no se construye con escaños prestados, sino con transparencia, congruencia y respeto a las reglas del juego.
La forma importa. Y cuando la forma se pervierte, el fondo se corrompe.
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