CAMINOS DEL SUR0921
A 40 años del 85 en el Pacifico Sur los desastres son tragedias anunciadas.
Manuel Nava
Han pasado cuatro décadas desde el sismo de 1985, evento que marcó un antes y un después en la gestión del riesgo en México. Sin embargo, en la Región Pacífico Sur la vulnerabilidad, se mantiene como un factor estructural que impide consolidar ciudades resilientes y sostenibles.
A pesar de ciertos avances normativos y tecnológicos, la región permanece altamente expuesta a terremotos, huracanes, sequías e inundaciones, fenómenos naturales que, agravados por el cambio climático, derivan en crisis sociales y económicas recurrentes.
El riesgo no proviene solo de la intensidad de los fenómenos naturales, sino de las condiciones de los asentamientos humanos. Problemas de hacinamiento, viviendas que funcionan simultáneamente como comercios y la falta de planeación urbana convierten cada evento en una amenaza para la subsistencia familiar. Cuando una casa colapsa, no solo se pierde el techo, sino también el medio de vida.
La infraestructura urbana sigue siendo altamente frágil. En las principales ciudades de la región persisten edificaciones antiguas levantadas bajo normas ya obsoletas y, preocupantemente, también construcciones recientes que incumplen los reglamentos vigentes. El sismo de 2017 puso en evidencia esta deficiencia: tanto lo viejo como lo nuevo muestran vulnerabilidades por igual.
La protección civil enfrenta, además, limitaciones institucionales. En varias entidades los centros de operación son insuficientes, la cobertura territorial escasa y la dotación de personal, tanto oficial como voluntario, resulta insuficiente.
Incluso los avances tecnológicos presentan problemas. Existen aplicaciones móviles y sistemas comerciales de alertamiento temprano operan sin apego a estándares científicos ni a la normatividad nacional, – por ejemplo SkyAlert y SASSLA- generando confusión en la población y debilitando la confianza en el sistema oficial (Sasmex).
La Región Pacífico Sur comparte una condición estructural: la falta de recursos económicos y materiales para prevenir, mitigar y responder a desastres. La inversión en equipo especializado, tecnología de monitoreo y capacitación suele ser insuficiente. Esta precariedad se refleja en una respuesta institucional limitada y en comunidades poco preparadas para actuar en caso de emergencia.
A nivel social, los desastres generan impactos profundos: pérdida de vivienda, interrupción de actividades productivas, afectaciones al transporte y colapso de servicios básicos. La vulnerabilidad se multiplica en poblaciones que ya viven en condiciones de pobreza y marginación.
Casos estatales
Chiapas: expuesto de manera simultánea a terremotos, huracanes, sequías e inundaciones, fenómenos que el cambio climático ha intensificado. El déficit presupuestal y de equipamiento limita la prevención y la capacidad de respuesta.
Guerrero: presenta una falta crónica de financiamiento para adquirir vehículos, herramientas y sistemas de monitoreo. Los centros de resguardo de equipo son insuficientes y la carencia de personal especializado reduce la cobertura en emergencias.
Michoacán: su principal problema radica en la deficiente coordinación interinstitucional, tanto entre niveles de gobierno como con dependencias vinculadas. La falta de recursos materiales y financieros refuerza esta vulnerabilidad.
Oaxaca: requiere inversión sostenida en recursos humanos, capacitación y fortalecimiento de infraestructura preventiva. La dispersión de comunidades y la orografía compleja agravan las dificultades para implementar un sistema de gestión integral de riesgos.
La experiencia de los últimos 40 años muestra que la protección civil no puede limitarse a la respuesta inmediata. La región necesita un modelo de gestión de riesgos con enfoque en desarrollo sostenible, que contemple:
* Planeación urbana participativa.
* Viviendas seguras y servicios básicos de calidad.
* Transporte confiable y resiliente.
* Capacitación permanente de autoridades y comunidades.
* Coordinación efectiva entre instituciones y niveles de gobierno.
Solo con estas medidas será posible reducir la vulnerabilidad estructural, económica y social que convierte los fenómenos naturales en tragedias humanas.
Creer que siempre habrá alguien para salvarnos, es la mayor amenaza, diría la abuela.
Fuentes:
Programas de Protección Civil de las entidades de la región
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