“Estamos analizando opciones legales, como establecer calendarios de pago o retener participaciones federales, siempre que sea permitido por la ley”, detalló.
Marcial Campuzano
07/10/205
Chilpancingo, Gro.
La fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso local, denunció que el gobierno federal redujo significativamente los recursos destinados a infraestructura social, lo que impactará directamente en los municipios de Guerrero, de los cuales el 80 por ciento se encuentran “prácticamente quebrados con adeudos históricos”.
El coordinador de los diputados priistas y dirigente estatal del PRI, Alejandro Bravo Abarca, señaló que esta disminución en los fondos federales debilita aún más a los gobiernos municipales, que ya enfrentan una grave crisis financiera y limitaciones para atender las necesidades más urgentes de la población.
“Nos preocupa mucho la situación que estamos viendo en los presupuestos. Lamentablemente hay una gran disminución del principal fondo que abastece los recursos de infraestructura para los municipios, y eso los debilita aún más”, expresó el legislador.
Bravo Abarca sostuvo que estas decisiones implican un retroceso en el proceso de descentralización del país, pues concentran nuevamente los recursos en la Federación y restan autonomía a los ayuntamientos, que son los que enfrentan de manera directa los problemas sociales y económicos.
“El proceso de descentralización ha sido de varias décadas, pero hoy vemos cómo se concentran otra vez los recursos en los escritorios de la Ciudad de México, cuando deberían decidirse desde los municipios”, criticó.
En materia de seguridad, el dirigente priista condenó el asesinato reciente del presbítero católico en Guerrero, Bertoldo Pantaleón Estrada, y expresó la solidaridad de su partido con la Iglesia. Calificó el hecho como un crimen que “mancha de sangre al estado” y exigió resultados efectivos en la lucha contra la violencia.
Bravo Abarca reiteró que el PRI ha solicitado de manera constante una revisión profunda de la estrategia nacional de seguridad, a fin de mejorar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y ofrecer resultados reales a la ciudadanía.
“Seguiremos insistiendo en que haya cambios en la estrategia de seguridad. Dicen que los números mejoran, pero diariamente se registran en el país más de 50 homicidios; eso sigue siendo una cantidad alarmante”, advirtió.
Cuestionado sobre la posibilidad de establecer diálogos con grupos delictivos, como ha sugerido la Iglesia, el coordinador priista opinó que toda acción que contribuya a la paz es positiva, siempre y cuando no vulnere la ley. “Lo que abone para la seguridad, mientras no se viole la ley, es bueno para el pueblo”, señaló.
En cuanto a los problemas financieros del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG), Bravo Abarca reconoció que la situación es crítica y que el Congreso local analiza diversas alternativas para garantizar los pagos a jubilados y pensionados.
Informó que el tema fue discutido en la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) y que se trabaja en una propuesta legislativa para proteger los derechos de los jubilados, incluso considerando mecanismos para recuperar los adeudos históricos que mantienen los municipios con el organismo.
“Estamos analizando opciones legales, como establecer calendarios de pago o retener participaciones federales, siempre que sea permitido por la ley”, detalló.
El objetivo es encontrar una salida responsable y sostenible, pues los jubilados y pensionados representan un sector especialmente vulnerable que merece certidumbre en sus ingresos.
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