EN OPINIÓN
El Fantasma de la Censura: Calumnia, Poder y el Asedio a la Prensa en México
Lic. Moisés Torres Salmerón
La noticia de que la Fiscalía de Campeche investiga a medios y periodistas por un presunto delito de calumnia en contra de la gobernadora Layda Sansores no es un hecho aislado. Es la punta de lanza de una estrategia alarmante que se repite en varios estados de la República, donde las críticas al poder se intentan silenciar tras el ropaje de la legalidad. Este caso, y otros similares, plantean una pregunta crucial: ¿Se está utilizando el derecho penal para cuartar la libertad de expresión en México?
La respuesta, tristemente, parece ser afirmativa. Y para entender la gravedad de esta situación, es necesario desentrañar el sustento legal que, lejos de justificar estas acciones, las revela como un abuso de poder.
La calumnia se define como la imputación de un delito a sabiendas de su falsedad. Si bien técnicamente sigue existiendo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el sistema interamericano de derechos humanos han sido claros: la protección a la libertad de expresión, consagrada en el Artículo 7º de la Constitución Mexicana y en el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debe prevalecer sobre el uso del derecho penal para sancionar expresiones relacionadas con asuntos de interés público.
La SCJN ha establecido que, en una democracia, los servidores públicos, especialmente aquellos de alto rango como una gobernadora, deben estar sujetos a un escrutinio más intenso por parte de la prensa y la ciudadanía. Al aceptar un cargo público, se exponen voluntariamente a una crítica más robusta y constante. Utilizar el delito de calumnia para procesar a un periodista por criticar a un gobernador es, en la práctica, invertir este principio constitucional y democrático.
Cuando una fiscalía estatal, a instancias de la gobernadora en turno, inicia una investigación por calumnia contra periodistas, comete una serie de vicios jurídicos y democráticos:
1. Criminalización de la Crítica: Se equipara una opinión, una crítica o una investigación periodística —por más dura que sea— con un delito. Esto genera un efecto amedrentador donde otros medios y periodistas podrían autocensurarse por miedo a represalias legales.
2. Uso Indebido del Ministerio Público: La fiscalía, que debe ser un órgano imparcial para perseguir delitos que afectan a la sociedad, se convierte en el brazo legal de un particular (la gobernadora) para dirimir una disputa de carácter privado. Esto desnaturaliza su función y la politiza, erosionando la confianza ciudadana en la institución.
3. Violación al Debido Proceso y al Principio de Neutralidad: Una investigación iniciada por la persona en el máximo cargo de poder ejecutivo en el estado carece de toda apariencia de imparcialidad. La gobernadora es, simultáneamente, la parte afectada y la jefa política de quien la investiga (la fiscalía), lo que crea una situación de manifiesta desigualdad y coerción.
Si una autoridad considera que su honor ha sido mancillado, el camino no es el penal. La Constitución y la jurisprudencia señalan que la vía idónea para estas disputas es la esfera civil, a través de una demanda por daño moral.
En un juicio civil, la autoridad demandante tendría que probar no solo la falsedad de la información, sino también la existencia de un daño real a su reputación y la relación de causalidad. Es un proceso entre iguales, donde el periodista o medio acusado tiene derecho a una defensa plena y a presentar sus pruebas. Es el foro adecuado para debatir la verdad o falsedad de las afirmaciones, no una celda o un proceso penal que amenace con la privación de la libertad.
El mensaje que envían las autoridades de Campeche, y que hemos visto replicado en otros estados, es profundamente autoritario. Es un recordatorio de que los gobernantes intolerantes a la crítica prefieren el ruido de las celdas al bullicio de la prensa libre.
Utilizar la fiscalía para investigar a periodistas por calumnia no es un acto de defensa del honor, sino un ejercicio de poder para castigar la disidencia. Se pretende usar la ley como un martillo para aplastar a quienes ejercen el contrapeso fundamental del periodismo.
La salud de una democracia se mide por la vigorosidad de su prensa y por la tolerancia de sus gobernantes a ser criticados. Hoy, en varios estados de México, esa salud está en riesgo. Exigir a las fiscalías que se apeguen a los estándares constitucionales e interamericanos y que dejen de criminalizar el periodismo no es solo una defensa de los comunicadores, es una defensa de la democracia misma. El delito de calumnia, en el contexto del debate público, es un fantasma del pasado que debe ser finalmente exorcizado de nuestra legislación.
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