Aseguró que Guerrero aún tiene margen para corregir el rumbo y fortalecer organismos operadores eficientes, transparentes y con participación ciudadana real, para evitar que decisiones estratégicas sobre el agua dependan de intereses políticos o empresariales.
Marcial Campuzano
23/11/2025
Chilpancingo, Gro.
El investigador universitario Alfredo Méndez lanzó un llamado urgente al señalar que el 70 por ciento del agua concesionada en México está controlada por menos del 20 por ciento de los concesionarios, principalmente grandes industrias que acaparan el recurso mientras miles de comunidades enfrentan escasez severa.
Durante el foro estatal sobre la nueva Ley General de Aguas, Alfredo Méndez advirtió que además del acaparamiento existe una profunda crisis en la recaudación, ya que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) obtiene menos del 20 por ciento de los pagos que deberían cubrir los concesionarios, un incumplimiento sistemático que, dijo, debe castigarse con la cancelación inmediata de permisos.
Explicó que este planteamiento se convirtió en una demanda unánime de organizaciones civiles y académicas que participaron en el foro convocado por la Cámara de Diputados Federal, el Congreso local, la Coordinadora Agua para Todos y otras instancias sociales. “En zonas con déficit hídrico no se puede permitir que quienes no pagan sigan lucrando mientras las colonias populares no tienen agua”, enfatizó.
El investigador destacó que el encuentro reunió a representantes de 16 organizaciones civiles, 7 instituciones educativas, 3 dependencias de gobierno y 3 diputados locales, quienes expusieron problemáticas diversas pero coincidieron en la urgencia de reformar el marco legal del agua desde la justicia social y ambiental.
Recordó que han pasado 13 años desde que se incorporó el derecho humano al agua en la Constitución sin que exista una ley reglamentaria. Por ello, celebró que el Congreso de la Unión retome el tema, pero insistió en que la reforma debe terminar con la sobreconcesión, la contaminación impune y el uso preferencial para sectores de alta rentabilidad económica.
Alfredo Méndez afirmó que los legisladores presentes se sensibilizaron ante los planteamientos, y asumieron el compromiso de llevar estas demandas al Congreso federal. Al día siguiente, en una reunión nacional en la Ciudad de México, los resolutivos de foros realizados en 17 estados fueron entregados directamente a diputados federales, principalmente de la Comisión de Agua Potable.
Dijo que, aunque cada región presentó particularidades, hubo un consenso firme: evitar la privatización de los servicios de agua, garantizar primero el abasto a los ciudadanos y revisar el desempeño de empresas que operan bajo contratos de largo plazo con tarifas elevadas y medidas coercitivas, como ocurre en Querétaro y Puebla con la transnacional Veolia.
También señaló la crisis en los organismos operadores municipales, como la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (Capach) en Guerrero, donde las deudas millonarias, la baja recaudación y los servicios deficientes han deteriorado la confianza ciudadana, generando un ciclo donde la falta de pago y la falta de suministro se retroalimentan.
Subrayó que esta situación ha sido utilizada históricamente para justificar privatizaciones disfrazadas de “eficiencia”, como ocurrió con los ferrocarriles, la telefonía y la energía, bajo la narrativa de que los entes públicos no funcionan, cuando en realidad la falta de profesionalización y la corrupción han sido parte del problema.
Aseguró que Guerrero aún tiene margen para corregir el rumbo y fortalecer organismos operadores eficientes, transparentes y con participación ciudadana real, para evitar que decisiones estratégicas sobre el agua dependan de intereses políticos o empresariales.
Recordó que esta semana iniciarán audiencias públicas en la Cámara de Diputados y que la presidenta ya instruyó un proceso amplio de consulta. “Los diputados federales por Guerrero deben estar a la altura; tienen mayoría calificada y no hay excusas. Es momento de honrar sus compromisos y defender el derecho humano al agua”, concluyó.
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