EN OPINIÓN
La contienda desigual: cargos públicos, promoción anticipada y la fractura de la equidad democrática.
Lic. Moisés Torres Salmerón.
Uno de los principios esenciales de todo proceso democrático auténtico es la equidad en la contienda. Sin ella, la competencia política se convierte en una simulación en la que el resultado no depende de las ideas, la trayectoria o el respaldo ciudadano, sino del acceso privilegiado al poder, a los recursos y a la visibilidad pública. Hoy, en los procesos internos de Morena —y con miras al próximo ciclo electoral— ese principio se encuentra seriamente comprometido.
El problema no radica en la legítima aspiración de servidores públicos o representantes populares a competir por otros cargos de elección. La cuestión de fondo es el desequilibrio profundo y estructural que se genera cuando quienes detentan un cargo público comienzan, de manera abierta y anticipada, a posicionarse políticamente, mientras otros aspirantes, que no forman parte del aparato gubernamental ni cuentan con una plataforma institucional, quedan en clara desventaja.
Quien ocupa un cargo público dispone, aún sin declararlo formalmente, de ventajas objetivas: exposición mediática constante, presencia territorial financiada con recursos públicos, acceso directo a estructuras administrativas y una narrativa de “gestión” que puede transformarse fácilmente en propaganda personalizada. Frente a ello, el ciudadano, militante o cuadro partidista que no es servidor público compite prácticamente a ciegas, sin reflectores, sin recursos y, muchas veces, sin posibilidad real de posicionarse en igualdad de condiciones.
Este escenario no es sólo éticamente cuestionable; es jurídicamente problemático. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales prohíbe los actos anticipados de precampaña y campaña precisamente para evitar que alguien obtenga una ventaja indebida antes de que inicien formalmente los procesos internos. Asimismo, el artículo 41 constitucional consagra la equidad como eje rector de la competencia política. Cuando estas reglas se relativizan o se toleran selectivamente, se vacía de contenido el propio sistema electoral.
En el ámbito partidista, los Estatutos de Morena establecen que los procesos de selección deben regirse por los principios de democracia interna, igualdad de oportunidades y unidad. Sin embargo, dichos principios se vuelven meramente declarativos cuando no existen mecanismos reales de contención frente a la promoción anticipada de quienes, desde un cargo público, recorren el territorio, colocan su imagen, encabezan actos multitudinarios y se presentan como aspirantes naturales a futuras candidaturas.
La exigencia de que los servidores públicos renuncien a sus cargos en determinado momento, aunque correcta, resulta insuficiente si durante meses o años previos se permitió la acumulación de ventajas políticas indebidas. La equidad no se restablece con una renuncia tardía, cuando el posicionamiento ya está hecho y la cancha ya fue inclinada. La desigualdad se gestó mucho antes, en la tolerancia silenciosa a los “adelantados”.
El mayor agravio lo resienten quienes no son funcionarios ni representantes populares, pero cuentan con méritos, trayectoria partidista y respaldo social. A ellos se les exige respetar los tiempos, actuar con prudencia y disciplina, mientras observan cómo otros construyen su candidatura desde el poder sin consecuencias. Esta disparidad no solo desalienta la participación interna, sino que debilita la legitimidad de los procesos de selección y profundiza la desconfianza ciudadana.
Si Morena aspira a sostener un discurso de transformación democrática, está obligada a poner orden desde ahora, no después. Eso implica que sus órganos internos actúen con firmeza, que se inhiba la promoción personalizada desde cargos públicos y que se garantice, en los hechos y no solo en el discurso, que todos los aspirantes compitan en condiciones razonablemente equivalentes.
De lo contrario, la contienda por venir no será una competencia de proyectos, sino una carrera desigual donde gana quien tuvo antes el poder. Y eso, más que un problema interno de partido, constituye una fractura al principio democrático que dice defenderse.
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