EN OPINIÓN
El 80 % de familias que reciben programas sociales no es éxito, es la evidencia de una política económica fracasada
Lic. Moisés Torres Salmerón.
La presidenta Claudia Dheinbaum señaló que cerca del 80 % de las familias en México recibe algún programa social. Esto lo dijo como un logro histórico, como prueba de un gobierno cercano al pueblo y comprometido con el bienestar. Sin embargo, una lectura seria y responsable de ese dato conduce a una conclusión muy distinta: no estamos ante un éxito económico, sino frente a la evidencia de un modelo que ha sido incapaz de generar prosperidad sostenida.
En cualquier economía funcional, los programas sociales cumplen un papel “complementario y temporal”. Su finalidad es atender situaciones de vulnerabilidad específica —vejez, discapacidad, desempleo transitorio— mientras el aparato productivo genera empleos dignos, ingresos suficientes y movilidad social. Cuando ocho de cada diez familias dependen, total o parcialmente, de transferencias gubernamentales, el problema no es la política social, sino la economía que la hace indispensable.
Un país que presume la masificación de apoyos sociales está, en realidad, reconociendo que su mercado laboral no ofrece salarios suficientes, que la informalidad sigue siendo dominante y que el crecimiento económico no se traduce en bienestar generalizado. La dependencia extendida de programas públicos revela que millones de familias no logran cubrir sus necesidades básicas únicamente con su trabajo, lo cual contradice cualquier narrativa de éxito económico.
Además, medir el desempeño gubernamental por el número de beneficiarios es incorrecto. El verdadero indicador de éxito debería ser cuántas personas dejan de necesitar apoyos sociales gracias a mejores oportunidades económicas. Cuando la base de beneficiarios se expande en lugar de reducirse, lo que se observa es un estancamiento estructural, no un avance.
A este fracaso económico se suma un problema político de fondo. El único ámbito donde esta política asistencialista ha mostrado eficacia es en la captura de votos. Al convertir los programas sociales en transferencias generalizadas, permanentes y políticamente identificables, el Estado deja de concebirlos como derechos sociales y los transforma en instrumentos de lealtad electoral. No se construye ciudadanía económica; se administra dependencia política.
El riesgo es profundo. Cuando el ingreso de millones de familias dependen directamente de la continuidad de un proyecto político, se distorsiona la libertad del voto y se debilita la democracia. Los programas sociales dejan de ser una red de protección para convertirse en una herramienta de control, donde el miedo a perder el apoyo sustituye al debate informado sobre resultados, crecimiento y políticas públicas eficaces.
Esto no implica negar la importancia de los programas sociales ni descalificar a quienes los reciben. La crítica no va dirigida a las familias, sino al modelo económico y político que las coloca en esa situación. Un gobierno verdaderamente transformador no se conforma con administrar la pobreza ni con capitalizarla electoralmente: trabaja para reducirla estructuralmente mediante empleo, inversión, productividad y Estado de derecho.
Presumir que el 80 % de las familias reciben apoyos sociales no debería ser motivo de celebración.
Debería ser una señal de alarma. Es el síntoma de una economía que no está funcionando como debería y de un proyecto que ha sustituido el desarrollo por el asistencialismo.
El éxito no es que casi todos reciban un programa social; el éxito sería que casi nadie lo necesitara.
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