Con cifras recientes, una bancada que hoy tiene 67 de 128 senadores (52 por ciento) podría alcanzar 61 de 96, equivalente a 64 por ciento, acercándose o incluso logrando mayoría calificada para reformas constitucionales, explicó.
Marcial Campuzano
26/02/2026
Chilpancingo, Gro.
El analista político Sergio Montes Carrillo, advirtió que la iniciativa de reforma electoral elaborada por el gobierno federal generará condiciones de ingobernabilidad y conflictos poselectorales, al proponer la desaparición del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) porque no habrá certeza inmediata de resultados de las elecciones, y resaltó que la iniciativa representa un gran retroceso en el avance democrático del país.
En entrevista, el también exrepresentante de Morena ante el órgano electoral estatal afirmó que la iniciativa, hasta ahora presentada únicamente en diapositivas, representa “un retroceso democrático” al modificar reglas fundamentales sin que se conozca aún el texto formal, sus artículos transitorios ni el calendario de aplicación.
Uno de los cambios más relevantes es la eliminación de las 200 curules de representación proporcional en la Cámara de Diputados, lo que dejaría el órgano integrado exclusivamente por 300 legisladores electos por mayoría relativa en distritos.
Montes Carrillo explicó que el modelo mixto actual compuesto por 300 diputaciones federales de mayoría y 200 plurinominales, permite equilibrar la representación territorial con la proporción real de votos obtenidos por cada partido a nivel nacional, evitando sobrerrepresentaciones.
Advirtió que, sin ese mecanismo, podría darse el caso de partidos que alcancen el 3 por ciento o más de la votación nacional y, aun así, no obtengan ningún escaño si no ganan distritos, reduciendo la pluralidad parlamentaria.
En el caso del Senado de la República, la propuesta plantea disminuir de 128 a 96 integrantes. Actualmente, cada una de las 32 entidades elige 3 senadores y se suman 32 de lista nacional; con la nueva fórmula, la fuerza que gane la primera mayoría en más estados concentraría una proporción mayor del total.
Con cifras recientes, una bancada que hoy tiene 67 de 128 senadores (52 por ciento) podría alcanzar 61 de 96, equivalente a 64 por ciento, acercándose o incluso logrando mayoría calificada para reformas constitucionales, explicó.
Respecto al financiamiento público, el recorte propuesto del 25 por ciento aplicaría de manera proporcional. Sin embargo, el analista puntualizó que el partido con mayor votación recibe más de 2 mil millones de pesos anuales, mientras que los de menor representación rondan los 600 millones, por lo que la reducción no eliminaría la brecha estructural de recursos.
Otro punto crítico es la eliminación del PREP, sistema que difunde resultados preliminares la noche de la elección. Hace una década su costo promedio era de 35 millones de pesos por entidad, pero actualmente los organismos electorales cuentan con infraestructura propia.
Sin resultados preliminares públicos el mismo día de la jornada, los datos oficiales comenzarían a conocerse hasta el miércoles siguiente, cuando inician los cómputos distritales, ampliando el periodo de incertidumbre.
Montes Carrillo sostuvo que ese vacío podría detonar movilizaciones y conflictos en elecciones cerradas, al no existir un referente técnico inmediato que brinde certeza a partidos y ciudadanía.
También cuestionó la propuesta de prohibir el uso de efectivo en campañas, al señalar que la inequidad no depende del método de pago sino de la fiscalización efectiva y la sanción a la promoción anticipada o al uso de recursos públicos.
Agregó que la iniciativa no incluye temas como segunda vuelta electoral, voto obligatorio, voto electrónico, debates obligatorios ni sanciones más severas por uso electoral de programas sociales, aspectos que podrían fortalecer la competencia democrática.
El analista advirtió que discutir cambios estructurales en vísperas del inicio del proceso electoral y sin un consenso amplio podría debilitar la confianza en el sistema arbitral encabezado por el Instituto Nacional Electoral, trasladando los conflictos del ámbito jurisdiccional a la movilización social.
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