EN OPINIÓN
Reforma electoral. ¿La voz del pueblo o la estrategia de un partido?
Lic. Moisés Torres Salmerón.
“La Reforma Electoral es una exigencia legítima e histórica del pueblo de México en busca de una democracia verdadera”. Con estas palabras, Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, sintetiza la postura oficial sobre uno de los temas más polarizantes en la actualidad política mexicana. Pero detrás de esta afirmación se esconden preguntas incómodas que merecen una reflexión profunda: ¿A qué pueblo se refiere? ¿Qué porcentaje de la población respalda esta exigencia? ¿Acaso la democracia mexicana actual es una ficción? Y, sobre todo, ¿esta reforma, impulsada por Morena, garantizará una democracia verdadera o simplemente busca consolidar el poder de un partido que se autoproclama única voz del pueblo?
Cuando se habla de “el pueblo” en política, es fácil caer en una abstracción conveniente. En México, el pueblo no es un monolito; es un mosaico de más de 126 millones de personas con intereses, religiones, ideologías y necesidades diversas. Si la reforma electoral fuera realmente una exigencia popular histórica, esperaríamos ver un respaldo masivo. Sin embargo, los datos disponibles pintan un panorama más complejo. El conocimiento ciudadano sobre los detalles de la reforma es limitado, y el apoyo se divide: mientras que algunos simpatizantes de Morena respaldan la iniciativa, otros sectores, incluidos opositores e incluso algunos críticos dentro del propio partido, ven con recelo una reforma que, advierten, podría debilitar al Instituto Nacional Electoral (INE), una institución clave en la transición democrática mexicana.
El “pueblo” que exige la reforma es, en gran medida, el que se identifica con el proyecto de la Cuarta Transformación. Pero ese sector, aunque mayoritario en las urnas en 2018, no representa a la totalidad de la ciudadanía. Las elecciones intermedias de 2021 mostraron un país dividido: Morena y sus aliados mantuvieron una base sólida, pero la oposición recuperó terreno. Así, hablar de “el pueblo” como un ente unánime que clama por esta reforma es, cuando menos, una simplificación que omite las voces disidentes.
La afirmación de que México no vive una democracia verdadera es un juicio severo que merece matices. Es cierto que nuestra democracia tiene profundas deficiencias: corrupción, desigualdad, violencia política, compra de votos, y una representación que a menudo falla a los ciudadanos. Pero también es verdad que hemos construido instituciones electorales que, aunque perfectibles, han garantizado alternancia en el poder y elecciones competidas durante más de dos décadas. El INE, con todas sus áreas de mejora, es reconocido internacionalmente por su organización técnica y su autonomía.
Decir que no hay democracia verdadera implica desconocer los avances logrados y, de paso, justificar una reforma que, según sus críticos, podría poner en riesgo esos mismos avances. La democracia no es un estado binario de “verdadera” o “falsa”, sino un proceso en construcción. El desafío es perfeccionarla, no destruir sus cimientos.
Morena asegura que su reforma electoral democratizará al INE y reducirá los costos de la política. Sin embargo, organismos autónomos, expertos y sectores de la oposición advierten que el proyecto centraliza el poder en el Ejecutivo, elimina mecanismos de control y debilita la independencia del órgano electoral. Si la democracia se nutre de pesos y contrapesos, una reforma que concentra facultades en el gobierno difícilmente puede calificarse como democratizadora.
Uno de los supuestos implícitos en el discurso oficial es que Morena encarna al “pueblo bueno” mientras que las otras fuerzas políticas representan a una minoría privilegiada o al “conservadurismo”. Esta visión maniquea no solo descalifica a millones de mexicanos que votan por otras opciones, sino que también desconoce que en democracia la legitimidad se construye reconociendo la pluralidad.
La oposición no es un bloque homogéneo ni necesariamente defensor del statu quo; también hay voces críticas dentro de la izquierda y la sociedad civil que alertan sobre los riesgos de esta reforma. Ignorarlas en nombre del “pueblo” es antidemocrático.
La reforma electoral no es solo un cambio legal; es un reflejo de cómo entendemos la democracia. Más allá de las consignas, la ciudadanía necesita información clara, debate abierto y la certeza de que cualquier transformación fortalecerá, no debilitará, la participación y la representación. El pueblo merece ser escuchado en toda su diversidad, no invocado como un comodín para respaldar proyectos partidistas. La verdadera exigencia histórica no es una reforma escrita desde el poder, sino un sistema que garantice que todas las voces, sin importar su peso electoral, tengan un lugar en la construcción del país.
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