EN OPINIÓN
Plan B electoral: austeridad sí, pero no a costa del federalismo.
Lic. Moisés Torres Salmerón.
La discusión sobre el llamado “Plan B” de reforma electoral ha sido presentada, en gran medida, como un esfuerzo legítimo de austeridad y racionalización del gasto público.
Sin embargo, detrás de esta narrativa subyace un debate más profundo y delicado: el respeto al federalismo y a la autonomía de los gobiernos locales.
Reducir el número de regidurías en los ayuntamientos y limitar a una sola sindicatura por municipio puede parecer, en principio, una medida eficiente.
No obstante, implica intervenir directamente en la forma en que los municipios —la célula básica del Estado mexicano— se organizan y representan políticamente.
Conforme al diseño de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta facultad corresponde a las legislaturas locales, no al poder federal.
Alterarla sin una reforma constitucional no solo sería jurídicamente cuestionable, sino políticamente regresivo.
Más aún, la propuesta de imponer un tope presupuestal a los Congresos locales, equivalente al 0.70% del gasto estatal, abre una ruta peligrosa hacia la centralización.
El control del presupuesto legislativo es un elemento esencial de la división de poderes en las entidades federativas. Sujetarlo a una regla uniforme dictada desde el centro debilita la capacidad de los estados para definir sus propias prioridades Institucionales.
No se trata de negar la necesidad de austeridad. El gasto público debe ser responsable, transparente y eficiente.
Pero la austeridad no puede convertirse en un argumento para erosionar principios constitucionales fundamentales.
El federalismo no es un obstáculo administrativo; es una garantía política que permite la pluralidad, el equilibrio y la representación en un país profundamente diverso.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el Congreso de la Unión puede establecer bases generales, pero no sustituir a las entidades en decisiones que forman parte de su esfera competencial. Ese límite no es técnico, es estructura.
Si el objetivo es transformar de fondo el diseño institucional de municipios y congresos locales, la vía es clara: el procedimiento de reforma constitucional, que exige consenso amplio y la participación de los propios estados. Cualquier atajo legislativo no solo sería impugnable, sino contrario al pacto federal.
Hoy más que nunca conviene recordar que la eficacia del Estado no depende únicamente de cuánto gasta, sino de cómo respeta sus propias reglas. La austeridad puede ser una virtud; la centralización, en cambio, suele ser un riesgo.
El reto no es menor: lograr un equilibrio entre eficiencia y autonomía. Pero ese equilibrio solo puede construirse dentro del marco constitucional, nunca al margen de él.
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