EN OPINIÓN
Revocación de mandato sin demanda ciudadana. Entre la legitimidad política y la tentación electoral.
Lic. Moisés Torres Salmerón.
La revocación de mandato, concebida como un MECANISMO DE CONTROL CIUDADANO FRENTE A LA PÉRDIDA DE CONFIANZA EN EL EJERCICIO DEL PODER, parte de una premisa básica: su activación debe responder a una exigencia social real. Es decir, su razón de ser no se encuentra en la voluntad del gobernante, sino en la necesidad de la ciudadanía de evaluar y, en su caso, remover anticipadamente a quien ha dejado de contar con su respaldo.
En el contexto actual, resulta inevitable plantear una interrogante central: ¿qué justifica impulsar el plan B en torno a la revocación de mandato cuando no existe, al menos de manera visible, una demanda ciudadana para su activación?
La presidenta Claudia Sheinbaum sostiene niveles de aprobación elevados según diversas encuestas, incluidas aquellas difundidas desde el propio ámbito gubernamental. Este dato no es menor: en términos políticos, no se advierte una crisis de legitimidad ni una pérdida de respaldo social que motive la activación de un mecanismo extraordinario como la revocación de mandato.
Bajo esta lógica, la insistencia en reformar las reglas de participación del Ejecutivo en dicho proceso parece desfasada respecto de la realidad política. Si no existe una solicitud ciudadana ni un contexto de cuestionamiento generalizado al mandato presidencial, la discusión deja de girar en torno a la rendición de cuentas y comienza a desplazarse hacia el terreno de la estrategia política.
La naturaleza jurídica de la revocación de mandato es clara: no se trata de un instrumento de ratificación ni de un ejercicio de legitimación periódica del poder. Su diseño constitucional responde a una lógica correctiva, no promocional. Convertirla, directa o indirectamente, en un espacio donde la titular del Ejecutivo pueda intervenir públicamente —aunque no se utilicen tiempos oficiales o propaganda gubernamental— introduce un elemento de ventaja estructural difícil de ignorar.
En este punto, cobra especial relevancia el principio de imparcialidad previsto en el artículo 134 constitucional. La investidura presidencial, por sí misma, genera una exposición mediática y una capacidad de influencia que trasciende cualquier restricción formal sobre el uso de recursos públicos. La sola posibilidad de que el Ejecutivo participe activamente en la narrativa de un proceso de revocación puede alterar las condiciones de equidad en el debate público.
Más aún, el calendario político obliga a observar este tema con particular cautela. La eventual coincidencia de estos ejercicios con el ciclo electoral intermedio de 2027 abre la puerta a una lectura inevitable: la revocación de mandato podría convertirse en una plataforma de posicionamiento político que, en los hechos, beneficie al partido en el poder. En este caso a Morena.
No se trata de atribuir intenciones de manera categórica, sino de reconocer que el diseño institucional debe prever escenarios de posible instrumentalización. La ausencia de una demanda ciudadana para la revocación, sumada a altos niveles de aprobación presidencial, debilita el argumento de necesidad y fortalece la percepción de una oportunidad política.
En este contexto, las autoridades electorales enfrentan el desafío de preservar la integridad del modelo. Su función no solo consiste en aplicar la ley, sino en garantizar que los mecanismos de participación no sean desnaturalizados.
La democracia no se debilita por la existencia de instrumentos como la revocación de mandato, sino por su uso indebido. Cuando un mecanismo diseñado para el control ciudadano se activa o se reforma sin una demanda social que lo sustente, corre el riesgo de perder legitimidad y convertirse en una herramienta al servicio de intereses coyunturales.
En suma, el debate actual no debería centrarse únicamente en los alcances de la participación del Ejecutivo, sino en la pertinencia misma de impulsar estos cambios en ausencia de una exigencia ciudadana.
La fortaleza de las instituciones democráticas depende, en gran medida, de que sus mecanismos conserven su sentido original: servir a la ciudadanía, no a la estrategia política.
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