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Quienes deban comprobación de recursos públicos no deben ser candidatos: Ernesto Payán

Era una ley a favor del pueblo, no de la clase política, sostuvo, al señalar que actualmente predominan discursos sin acciones reales para combatir la corrupción.

Marcial Campuzano

22/03/2026

Chilpancingo, Gro.

El ex diputado local Ernesto Fidel Payán Cortinas lanzó un llamado directo a reactivar la denominada “Ley Payán”, al advertir que en Guerrero se ha normalizado que exfuncionarios con observaciones en el manejo de recursos públicos continúen accediendo a cargos de elección popular sin rendir cuentas.

En entrevista, el ex legislador fue tajante: lo que ocurre actualmente, “es un premio a la impunidad”, al permitir que actores políticos señalados por irregularidades administrativas transiten de un cargo a otro sin consecuencias legales.

Criticó el desempeño de los órganos de fiscalización, al señalar que las auditorías no están cumpliendo su función de sancionar, sino que se limitan a emitir observaciones sin efectos reales.

Aseguró que esta falta de acción ha permitido que exalcaldes y exfuncionarios particularmente en municipios como Acapulco, acumulen señalamientos y, aun así, permanezcan activos en la política o incluso ocupen nuevos cargos dentro del gobierno.

Ante este escenario, recordó que durante su paso por la 58 Legislatura impulsó una reforma que establecía un candado claro: impedir que cualquier servidor público con cuentas públicas sin solventar pudiera registrarse como candidato a un cargo de elección popular.

Dicha iniciativa, explicó, aplicaba tanto para quienes ocuparon cargos por elección como por designación, obligándolos a comprobar el manejo transparente de los recursos antes de aspirar a una nueva responsabilidad pública.

El ex diputado defendió que la “Ley Payán” fue una medida concreta para frenar la corrupción y evitar el llamado “chapulineo político” de perfiles con antecedentes irregulares, al vincular directamente la fiscalización con los derechos político-electorales.

Subrayó que, aunque la propuesta tuvo vigencia, fue eliminada del marco legal, lo que a su juicio dejó sin una herramienta efectiva a la ciudadanía para exigir cuentas a sus representantes.

Era una ley a favor del pueblo, no de la clase política, sostuvo, al señalar que actualmente predominan discursos sin acciones reales para combatir la corrupción.

Llamó a retomar y actualizar esta iniciativa para cerrar el paso a la impunidad, al considerar que sin filtros reales para acceder a cargos públicos, se seguirá repitiendo el mismo ciclo de irregularidades en la administración gubernamental.

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