Señaló que, en caso de existir denuncias, corresponderá a la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena investigar quién financia y opera las plataformas que difunden contenidos para atacar o desinformar a figuras públicas.
Marcial Campuzano
26/03/2026
Chilpancingo, Gro.
El dirigente estatal de Morena en Guerrero, Jacinto González Varona, informó que será la Comisión Nacional de Elecciones, en coordinación con el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), la instancia que determinará si se mantiene o se cancela la alianza electoral con el Partido del Trabajo (PT), luego de que legisladores federales de ese partido votaran en contra de algunos puntos del llamado Plan B de la reforma electoral.
La inconformidad surgió específicamente por la votación del PT en contra de la propuesta para que la revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se realice en el proceso electoral de 2027. González Varona señaló que, tras lo ocurrido en el Senado, sostendrá comunicación con la dirigencia nacional para recibir la directriz sobre el futuro de la coalición en Guerrero.
Subrayó que la decisión no corresponde a la dirigencia estatal, sino a los órganos nacionales del partido, que deberán analizar si la votación del PT constituye un distanciamiento definitivo o si existen condiciones para mantener la alianza electoral en la entidad.
El dirigente morenista explicó que el acuerdo del Consejo Nacional establece que, rumbo a 2027, podrán registrarse todos los aspirantes interesados en coordinar los trabajos organizativos, y que en estados como Guerrero se realizarán sondeos para seleccionar a los 3 hombres y 3 mujeres mejor posicionados, quienes pasarán a una siguiente etapa de definición.
Afirmó que no se negará el registro a ningún interesado y precisó que no se tratará de una encuesta formal, sino de un sondeo para filtrar perfiles. Posteriormente, quien resulte mejor posicionado será designado coordinador o coordinadora.
En otro tema, González Varona se pronunció a favor de que desaparezca el fondo o bolsa de gestión social asignado a los 46 diputados locales, al considerar que estos recursos deben transparentarse y, eventualmente, eliminarse con la nueva reforma electoral para destinarse a obras de infraestructura básica en Guerrero.
Indicó que, aunque se ha señalado el costo que representa cada diputado local, no debe confundirse el salario con el gasto total del Congreso, ya que éste incluye la estructura administrativa, trabajadores y servicios, no obstante, insistió en que deben transparentarse las prerrogativas individuales, de bancada y de la institución legislativa.
Sobre las declaraciones de una diputada del PT que aseguró que perciben hasta 300 mil pesos mensuales, sostuvo que más allá de la dieta, el problema radica en la bolsa de gestión social contemplada en la Constitución estatal, la cual obliga al legislador a recorrer su distrito y atender demandas ciudadanas.
En conferencia de prensa, también se refirió a la “guerra de descalificaciones” en redes sociales contra actores políticos como Beatriz Mojica, Félix Salgado Macedonio y el rector Javier Saldaña Almazán, y lamentó que no prosperara la propuesta de regular plataformas digitales dentro de la reforma electoral.
Señaló que, en caso de existir denuncias, corresponderá a la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena investigar quién financia y opera las plataformas que difunden contenidos para atacar o desinformar a figuras públicas.
Respecto a la propuesta del diputado Pablo Amílcar Sandoval para reducir de 46 a 32 el número de diputados locales en Guerrero, indicó que todos están en libertad de presentar iniciativas, aunque recomendó revisar previamente el contenido de la reforma electoral recientemente aprobada para sustentar cualquier modificación legal.
González Varona reiteró que en toda coalición se firma una plataforma electoral que debe respetarse, por lo que pidió a los partidos aliados conducirse con ética y cumplir los acuerdos establecidos. En el caso del Partido Verde, señaló que aunque inicialmente no respaldó una de las reformas enviadas por la Presidencia, posteriormente apoyó el Plan B, lo que consideró una rectificación por lo que “está perdonado”.
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