EN OPINIÓN
D Entre el “pueblo” y las reglas. La disputa por el poder en Morena.
Lic. Moisés Torres Salmerón
En los sistemas democráticos contemporáneos, la apelación al “pueblo” suele ser un recurso político poderoso, pero también ambiguo. Su fuerza radica en la legitimidad que evoca; su debilidad, en la indeterminación de su significado. El caso reciente al interior de Morena, en torno a la posible candidatura a la gubernatura de Guerrero, ilustra con claridad esta tensión.
Por un lado, un Congreso Nacional del partido —integrado por delegados electos por la militancia— ha decidido modificar sus estatutos para anticipar la prohibición del nepotismo al año 2027, incluso antes del plazo previsto en la Constitución. Esta decisión no es menor: representa el ejercicio de la autonomía partidaria y, al mismo tiempo, la materialización de una voluntad colectiva institucionalizada. Es decir, no se trata de una imposición cupular, sino de una determinación adoptada por representantes legítimos del propio partido.
Por otro lado, la reacción de un actor político con capital territorial y simbólico, como Félix Salgado Macedonio, introduce una lógica distinta: la del poder fáctico. La movilización de simpatías, la presión mediática y el intento de incidir en las decisiones internas del partido sugieren una estrategia orientada no tanto a cuestionar la legalidad de la norma, sino a forzar su flexibilización mediante el peso político propio.
Aquí emerge una pregunta de fondo: ¿qué “pueblo” tiene mayor peso? ¿El que, a través de procedimientos formales, elige a sus representantes internos y define reglas? ¿O el que, en términos de popularidad o respaldo social, impulsa a un liderazgo específico?
La respuesta, desde una perspectiva jurídica, es clara: en un Estado constitucional, la voluntad popular solo adquiere eficacia cuando se canaliza mediante instituciones. El “pueblo” que elige delegados y participa en la vida orgánica del partido se traduce en decisiones normativas; el “pueblo” que apoya a una figura política, aunque relevante, carece de efectos jurídicos directos si no se expresa a través de los mecanismos establecidos.
Sin embargo, en la práctica política, esta distinción suele desdibujarse. Los liderazgos carismáticos tienden a presentarse como encarnaciones directas de la voluntad popular, desafiando las mediaciones institucionales. Cuando esto ocurre, el riesgo es evidente: la sustitución de reglas por voluntades, de procedimientos por presiones, y de institucionalidad por personalismo.
Morena, como partido que ha hecho de la narrativa popular su eje identitario, enfrenta aquí una prueba crucial. Si sostiene sus decisiones estatutarias frente a la presión interna, fortalecerá su carácter institucional y su coherencia discursiva en torno a la ética pública. Si, por el contrario, cede ante la lógica del “músculo político”, enviará un mensaje contradictorio: que las reglas son negociables cuando se enfrenta suficiente poder.
En última instancia, la disyuntiva no es menor. No se trata solo de una candidatura, sino de definir si el partido se rige por normas o por liderazgos; si el “pueblo” es una categoría jurídica e institucional, o una herramienta retórica susceptible de ser invocada según convenga.
Porque en democracia, el verdadero desafío no es invocar al pueblo, sino someterse a las reglas que lo representan.
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