De confirmarse estos señalamientos, no sólo existiría una posible irregularidad administrativa o patrimonial, sino también un intento de intimidación contra una activista reconocida por su trabajo en favor de víctimas de violencia.
23/04/2026
Toluca Edomex
Una nueva controversia envuelve a la administración municipal de Abelina López Rodríguez, luego de que la activista y cofundadora de la Fundación Reinserta, Saskia Niño de Rivera, denunciara públicamente la presunta desaparición de un cargamento de ayuda humanitaria valuado en más de 2 millones de pesos, destinado a niñas víctimas de abuso sexual, trata de personas y otras formas de violencia extrema.
De acuerdo con lo expuesto por la activista a través de redes sociales, el apoyo consistía en un camión cargado con insumos esenciales para equipar la llamada “Villa de las Niñas”, espacio creado para brindar resguardo, atención integral y condiciones dignas a menores en situación vulnerable. Entre los artículos enviados se encontraban colchones, estufas, aires acondicionados, sábanas, almohadas y diversos bienes necesarios para mejorar la estancia y recuperación de las menores beneficiarias.
Sin embargo, según la denuncia, la mayor parte de estos artículos nunca llegó a su destino.
En su mensaje, Saskia Niño de Rivera aseguró que tanto la alcaldesa de Acapulco como la presidenta del sistema DIF municipal habrían retenido el cargamento, sin que hasta el momento exista una explicación clara sobre el paradero de los bienes.
La activista señaló que, al solicitar información sobre la entrega del apoyo, autoridades municipales respondieron que pensaron que se trataba de “una donación más” y por ello fue recibida. No obstante, los insumos no habrían sido entregados a las niñas para quienes fueron gestionados, lo que abrió una ola de cuestionamientos sobre el destino real de la ayuda.
El caso ha generado indignación pública debido a que no se trata únicamente de recursos materiales, sino de apoyo dirigido a niñas sobrevivientes de delitos graves, muchas de ellas víctimas de abuso sexual, explotación, trata y abandono. Organizaciones civiles y usuarios en redes sociales señalaron que cualquier desvío de esta naturaleza representaría un acto especialmente grave, al involucrar recursos destinados a uno de los sectores más vulnerables de la población.
Además, la acusación revive cuestionamientos sobre el manejo de donaciones recibidas por el municipio de Acapulco tras diversas emergencias y crisis que ha enfrentado el puerto en los últimos años, donde ciudadanos han exigido transparencia total sobre apoyos, insumos y recursos extraordinarios.
Otro punto delicado de la denuncia es el presunto hostigamiento posterior a la publicación de los hechos. Según lo señalado por Saskia Niño de Rivera, el secretario particular de la alcaldesa habría intentado presionarla para retirar el comunicado difundido en redes sociales, sin ofrecer respuesta sobre la desaparición del cargamento ni una solución concreta al presunto robo millonario.
De confirmarse estos señalamientos, no sólo existiría una posible irregularidad administrativa o patrimonial, sino también un intento de intimidación contra una activista reconocida por su trabajo en favor de víctimas de violencia.
La gestión de Abelina López Rodríguez no ha estado exenta de críticas. Durante su administración se han acumulado reclamos ciudadanos relacionados con opacidad en el manejo de recursos públicos, deficiencias en servicios municipales, cuestionamientos en materia de seguridad pública y exigencias de mayor claridad en el uso de fondos destinados a reconstrucción, obra pública y programas sociales.
Ahora, con esta nueva denuncia, el escrutinio público se intensifica, particularmente por involucrar bienes destinados a niñas víctimas de violencia extrema.
Tras la difusión del caso, ciudadanos y distintos sectores sociales han exigido la intervención de autoridades estatales y federales, así como auditorías independientes que permitan esclarecer el destino de los bienes donados.
También se ha solicitado que el sistema DIF y el Ayuntamiento de Acapulco presenten documentación pública sobre la recepción, inventario, traslado y entrega de los artículos reportados.
La exigencia social es contundente: si hubo robo, desvío o uso indebido de donaciones, los responsables deben rendir cuentas ante la ley.
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