Explicó que, luego de la presentación del recurso, la Sala Regional ordenó que primero se agotara la instancia local y otorgó al Tribunal un plazo de 10 días para resolver.
Marcial Campuzano
11/12/2025
Chilpancingo, Gro.
El Tribunal Electoral del Estado (TEE) ordenó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) entregar de manera inmediata a los partidos políticos las prerrogativas ordinarias correspondientes a noviembre de 2025, así como las asignadas para actividades específicas pendientes desde al menos 5 meses.
En su resolución, los magistrados también vincularon a la Secretaría de Finanzas y Administración (Sefina) del gobierno estatal para asegurar la transferencia de los recursos, y exhortaron al IEPC a implementar medidas para evitar futuros retrasos.
Tras la determinación del Tribunal, el representante del PRI ante el IEPC, Manuel Saavedra Chávez, recordó que su partido interpuso un recurso per saltum ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), debido a la falta de pago de prerrogativas ordinarias de noviembre y de recursos específicos adeudados desde diciembre de 2024 y los meses de agosto a noviembre de 2025.
Explicó que, luego de la presentación del recurso, la Sala Regional ordenó que primero se agotara la instancia local y otorgó al Tribunal un plazo de 10 días para resolver.
En ese lapso el IEPC cubrió a los partidos las prerrogativas específicas de diciembre de 2024 y agosto de 2025, pero quedaron pendientes las correspondientes a septiembre, octubre y noviembre, así como las prerrogativas ordinarias de noviembre.
Resolvió que estos montos deben entregarse de inmediato, sin embargo, Saavedra Chávez advirtió que el IEPC podría no depositar las prerrogativas de diciembre, por lo que el PRI evalúa iniciar otra acción legal. “Debido a que no nos han pagado las de noviembre, veo muy complicado que nos depositen las de diciembre”, señaló.
Representantes de varios partidos advirtieron que la retención de recursos compromete el cumplimiento de obligaciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo que podría generar multas. Además, afecta directamente el pago de salarios del personal y coloca en desventaja a las fuerzas políticas que dependen de, financiamiento público para operar.
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